Redacción Animal Político · 19 de agosto de 2024
Aunque parezca una repetición obvia cada que sucede un proceso electoral, el orden local de gobierno en México sigue siendo la gran asignatura pendiente. La paradoja de este faltante, en materia de innovación, fortalecimiento institucional y recursos presupuestales, es que fue en el espacio municipal donde sucedieron los primeros estertores de cambio político, en las postrimerías del siglo XX: la transición empezó en los gobiernos locales. Resulta contradictorio que, una vez adquirió fuerza la dinámica de la transición, ese nivel de gobierno dejó de ser —paulatinamente— el entorno ideal para la apertura democrática, la innovación pública y el acercamiento de los representantes del Estado a las personas. No se diga ya para la garantía de los derechos, si se observa tan sólo el rol que han tenido en la crisis de violencia que vive el país desde hace más de una década.
Desde 2018, al menos, los gobiernos de los tres órdenes se encuentran frente a un cúmulo de desafíos institucionales que han derivado de la última gran oleada de reformas que dieron molde al régimen federal mexicano y asignaron responsabilidades sobre temas muy diversos (rendición de cuentas, transparencia, archivos, combate a la corrupción, entre otros).
Desde las reformas municipales de 1983 y 1999, las condiciones normativas para el funcionamiento de las administraciones públicas locales se habían mantenido en cierta forma estables, propiciando la especialización e innovación en algunos ámbitos. Conviene mencionar, por ejemplo, la lógica de las alianzas para la colaboración intermunicipal en zonas conurbadas. A partir de las reformas que establecieron la regulación de transparencia y acceso a la información, la adaptación de los marcos normativos estatales fue imponiendo nuevas obligaciones y rutinas a los gobiernos municipales en el país. A partir de las respuestas de los gobiernos locales a esas obligaciones se desarrollaron estrategias interesantes de política pública que, sin embargo, no se consolidaron como sedimentos de una lógica continuada.
A las prácticas innovadoras que se fueron destacando en algunos gobiernos municipales, se sumaron otro tipo de acciones para respaldar los esfuerzos locales y, al tiempo, ofrecer parámetros de mejora. Desde el ámbito de la sociedad civil organizada, se encaminaron proyectos como las evaluaciones municipales sobre transparencia y acceso a la información realizadas por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA).
Luego de la aparición de los temas de transparencia y acceso a la información en el marco legal del país, el proceso de modificaciones que culminó en la legislación general de 2015, con la homogeneización de las reglas de ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 6º Constitucional, estableció parámetros a los que han tenido que adaptarse los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, el establecimiento de un piso mínimo de obligaciones de transparencia cerró el espacio a la innovación y, de forma paradójica, el escenario municipal en el que habían proliferado ejemplos de apertura de la información pública dejó de ser generador de esas experiencias, pues se entendió que el solo cumplimiento de las obligaciones ya colocaba a los gobiernos municipales en una situación óptima, lo cual no sólo es falso, sino que ha provocado que se desarrollen estrategias de simulación que pocas veces se identifican y menos se sancionan.
Por una parte, los municipios han sido punta de lanza en el desarrollo de alternativas de política pública que han sacado ventaja —a favor de las personas— de la transparencia y el derecho a saber. Y, por otro lado, la trayectoria de veinticinco años, desde la última gran reforma municipal, evidencia que, a pesar de esos aciertos y esas historias institucionales, los municipios mexicanos siguen engrillados en dos grandes problemas:
1) Aquellos que se destacaron en el desarrollo de políticas públicas de índole diversa y/o en políticas de apertura gubernamental y garantía del derecho de acceso a la información, fracasaron con su mantenimiento en el tiempo, es decir, en garantizar que la experiencia institucional remontara la lógica del sistema de botín y lograra afianzarse como una fortaleza de las administraciones locales.
2) Aquellos que no se destacaron en un principio, ni en materia de políticas locales ni de transparencia y acceso a la información, fallaron en la adopción de medidas similares a los que sí, aprendiendo de esas otras experiencias institucionales —a veces muy cercanas en términos geográficos, ideológicos o partidistas— o recuperando las recomendaciones generadas desde el ámbito académico y de sociedad civil organizada.
Estas condiciones han derivado en la situación presente: la experiencia institucional ha sido vasta, innovadora y disponible, abierta para replicarse en espacios administrativos diversos, pero con nulo aprovechamiento para multiplicar los casos de éxito en los tres órdenes de gobierno, particularmente el municipal.
* Jaime Hernández Colorado (@jhcolorado) es director general de Nosotrxs (@NosotrxsMX).