Derechos y memoria colectiva en la agenda anticorrupción

“Mi hija Karina Yazmín desapareció en julio de 2016. El director de la Fiscalía desapareció las evidencias para poder encontrarla. Él terminó de desaparecerla. Ahorita ya son 6 años de no saber de mi hija”. Estas fueron las palabras de Marisela Rodríguez, integrante del Colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla”, en la presentación de resultados “Exigiendo nuestros derechos y construyendo memoria colectiva: Resultados del Observatorio de los Sistemas Anticorrupción 2018-2021” de Mexiro A. C.

El señalamiento de Marisela hacia la Fiscalía del Estado de Puebla no es menor debido a que servidores públicos desaparecieron la principal prueba para localizar a su hija: un video con la última persona que estuvo con Karina y quien debía ser investigado como principal sospechoso de su desaparición.

En Mexiro hemos documentado casos de desaparición de personas donde hay actos de corrupción involucrados, en una pieza de periodismo de investigación, donde hemos señalado que “el Código Penal de Puebla considera como delito de corrupción el ejercicio indebido de funciones públicas, el cual contempla, entre otras conductas, la sustracción, destrucción, ocultamiento, uso o inutilización ilícita de información o documentación bajo la custodia de un servidor público, a la que tenga acceso o de la que tenga conocimiento”.

“Él terminó de desaparecer a mi hija” es una frase que no ha dejado de resonar en el activismo de la organización. La línea es delgada: a Karina la desaparecieron particulares, pero la corrupción de la Fiscalía y la participación directa de personas servidoras públicas en la eliminación de la prueba más contundente que tenía Marisela, dio paso a una desaparición forzada.

La Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, menciona en su artículo 27 que “el  servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a  reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.

¿Cuántos casos como el de Marisela existen en México?, ¿cuántos casos pasan de desaparición de particulares a forzadas por delitos de corrupción? Es un dato que hasta la fecha no sabemos. Lo que sí hemos documentado es que personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado de Puebla han incurrido en conductas en las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas que deben ser consideradas como delitos por hechos de corrupción.

Frente a esto, Mexiro incide en los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción, con la finalidad de monitorear y evaluar su nivel de transparencia y la Calidad de Cumplimiento del Enfoque de Derechos Humanos y de la Perspectiva de Género. Una de las instancias de estos Sistemas son las llamadas Fiscalías Anticorrupción, las cuales tienen entre sus atribuciones perseguir e investigar los delitos relacionados con hechos de corrupción previstos en los Códigos Penales.

El actual gobierno mexicano ha enfatizado en su lucha contra la corrupción, pero únicamente se ha centrado en el discurso del Ejecutivo Federal que da prioridad a la imagen del gobierno sin resultados concretos en la gestión pública. De acuerdo con el Índice Global del Estado de Derecho de World Justice Project 2022, México ocupa la posición 115 de 140 países, teniendo un retroceso de dos lugares comparado con el año anterior. Resalta que en el factor Ausencia de Corrupción, México se encuentra en el lugar 138 de 140 países.

Como ejemplo de ello, recientemente fuimos invitadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) a la instalación de la “Asamblea General del Sistema Nacional Anticorrupción” que se llevará a cabo el 8 de diciembre, donde se firmará el “Compromiso con el pueblo de México para controlar y combatir la corrupción a favor de los grupos vulnerables” bajo un esquema de “federalismo anticorrupción”, donde estén representadas todas las entidades federativas del país junto con la presencia del titular del Ejecutivo Federal, el titular de la Secretaría de Gobernación, las y los Gobernadores, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados, así como los Comités Coordinadores de los Sistemas Estatales Anticorrupción.

Ante esta invitación, preguntamos a la SESNA cuál es el papel de sociedad civil en el evento y contestó que “atestiguará de manera directa la instalación e inicio de los trabajos de este colegiado federal anticorrupción y, a partir de ello, podrán dar seguimiento a sus propuestas, avances y resultados”. No proporcionaron ninguna información que detalle cómo darán seguimiento a los compromisos que firmarán.

Una vez más, como pasó con la Política Nacional Anticorrupción, la SESNA y el Sistema Nacional Anticorrupción no están cumpliendo con el enfoque de derechos humanos al no invitar a participar de manera sustantiva a las víctimas de corrupción y grupos vulnerados, y tratar con opacidad los supuestos compromisos que firmarán.

La invitación de la SESNA, la falta de transparencia en su agenda con sociedad civil, las pocas capacidades de incorporar el enfoque de Derechos Humanos, la Perspectiva de Género y nula inclusión de víctimas en la agenda anticorrupción, son solo un ejemplo de lo que encontramos con el Observatorio de los Sistemas Anticorrupción.

Al monitorear y evaluar 15 Sistemas Anticorrupción ¹ con más de 11 mil documentos, identificamos que 46% de los Sistemas Anticorrupción tiene nula transparencia, 40% apenas cumplió con la legislación de acceso a la información y apenas 14% transparenta de manera proactiva, es decir, cumpliendo con su obligación a informar pública y continuamente sobre su funcionamiento y organización. Esto es muestra del poco compromiso institucional que existe para contrarrestar la corrupción, ya que las principales instituciones de la agenda anticorrupción en el país son opacas.

En cuestión de Perspectiva de Género y Derechos Humanos, 80% de los Sistemas declaró tener información incompleta o inexistente y ningún Sistema mostró evidencia de la integración de víctimas en el diseño de sus políticas anticorrupción.

Los resultados en materia anticorrupción para hechos de violaciones a derechos humanos, como es el caso de la crisis de desapariciones forzadas y de particulares en México son nulos. Es preocupante que la perspectiva de las víctimas como Marisela no sea integrada y acompañada a nivel nacional o estatal, pues los Sistemas tienen que generar acciones, mecanismos y prioridades que abonen al acceso a la justicia y garantía de repetición en hechos de corrupción violatorios a la dignidad humana.

Marisela es una de muchas luchas que pone sobre la mesa los actos de corrupción cometidos por el Estado. Sus procesos, exigencias, necesidades y preocupaciones son las que deben ser rectores en las políticas públicas anticorrupción “para el pueblo”. Sin acompañamiento real y continuo a víctimas y grupos vulnerados no se acaba con la corrupción.

En el marco del próximo 9 de diciembre, Día Internacional Contra la Corrupción, demandamos que las instituciones anticorrupción deben velar por la verdad, la justicia, la reparación, construcción de memoria y las garantías de no repetición; de lo contrario, se seguirá afectando de manera diferenciada a los cuerpos y territorios de mujeres cis, trans y personas vulneradas.

El gobierno mexicano necesita construir e implementar políticas sustanciales, no solo discursos o simulaciones para acabar con la corrupción que actualmente sigue afectando a todo el Estado de Derecho. Como sociedad civil, nos corresponde evaluar cómo están funcionando las instituciones anticorrupción, construir memoria respecto a las afectaciones de la corrupción estructural, integrar las preocupaciones de las víctimas y consolidar exigencias de garantía de derechos.

Conoce más de los resultados del Observatorio y nuestra incidencia para la inclusión activa y decisoria de la sociedad civil en la agenda anticorrupción en www.comun.org.mx.

* Fernanda Galicia (@mafernn) es Directora General de Mexiro A.C. Se considera una mujer y persona no binarie en resistencia frente al contexto político y colonial. Gabriela López (@gabyvendetta) es Coordinadora de Proyectos de Mexiro A.C. Se especializa en estudios cualitativos de violencia feminicida contra las mujeres en contextos de Crimen Organizado y en análisis de políticas anticorrupción con enfoque de Derechos Humanos, género y feminismos. Mexiro A. C. (@yomexiro) es una organización feminista, antimilitarista, decolonial, comunitaria y anticorrupción. Luchamos contra la acumulación y centralización del Poder.

 

¹ Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Guanajuato, Oaxaca, Coahuila, Yucatán, y el Sistema Nacional Anticorrupción.