Sin derechos reproductivos no hay política exterior feminista

En septiembre de 2020, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, México anunció la adopción de una Política Exterior Feminista (PEF). Con esta política, el país se comprometió a priorizar los derechos de las mujeres y de las poblaciones vulnerables en su agenda, convirtiéndose en el primer país de América Latina en implementar una iniciativa de este tipo.

La semana pasada, México fue sede de la III Conferencia Ministerial de Políticas Exteriores Feministas, un evento que contó con la participación de más de 40 delegaciones de todo el mundo, incluyendo representantes de la academia, el sector privado y la sociedad civil. El objetivo del encuentro fue intercambiar experiencias sobre buenas prácticas de la PEF y dialogar sobre los temas propuestos en el nuevo Pacto del Futuro de Naciones Unidas.

De manera paralela, la sociedad civil, agrupada en la Red Mexicana de Política Exterior Feminista, organizó un evento en el que se abordaron temas como la persistente criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de salud en México y en la región. Uno de los cuestionamientos centrales fue si la Política Exterior Feminista podría ser una herramienta útil en la lucha por la justicia reproductiva a nivel interno.

En términos prácticos, una consistente y congruente PEF podría generar un efecto búmeran, es decir, un pronunciamiento emitido al exterior regresaría con fuerza al interior y abriría paso a la transformación de las políticas. Pues, de no ser así ¿qué sentido tendría abogar por la igualdad de género en el exterior si no se puede garantizar el derecho a decidir dentro del país?

Durante el evento, activistas de toda Latinoamérica discutieron el papel del movimiento de la marea verde en la defensa de los derechos reproductivos y el desafío que suponen las posturas que intentan retroceder en los avances logrados en mecanismos regionales de derechos humanos, como el Consenso de Montevideo. También se reflexionó sobre el hecho de que, a pesar de los grandes avances en México, Colombia y Argentina, América Latina sigue siendo una de las regiones más restrictivas en cuanto a leyes punitivas sobre el aborto. Nueve países (El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Aruba, Curazao, Jamaica y Surinam) aún prohíben totalmente el aborto.

A nivel mundial la situación es aún más preocupante. Datos del Centro de Derechos Reproductivos indican que solo el 34 % de las mujeres en edad reproductiva viven en países donde se permite el aborto bajo algún esquema o plazo, mientras que el 6 % de ellas viven en países donde se prohíbe absolutamente. Cabe resaltar que muchos de los países que permiten el aborto continúan estableciendo límites a las semanas gestacionales para su acceso.

Entonces, ¿cómo puede una PEF contribuir al avance de los derechos reproductivos? En el caso mexicano, donde solo 13 de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto y su acceso sigue siendo ampliamente restringido y limitado, la PEF puede servir como una hoja de ruta para eliminar las barreras sociales y jurídicas que impiden el acceso a los servicios de aborto, tomando en cuenta el vasto cuerpo jurídico de compromisos internacionales y precedentes nacionales en materia de derechos reproductivos.

Sin embargo, la carga de estigmas que rodea la salud sexual y reproductiva, especialmente el aborto, ha dificultado un diálogo congruente entre los actores encargados de formular políticas públicas que garanticen el derecho a decidir. Por lo tanto, México enfrenta el reto de proteger y defender los estándares internacionales alcanzados para asegurar que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan decidir sobre sus destinos reproductivos.

Reconocemos que hay una tradición importante en la diplomacia mexicana en la defensa de los derechos humanos que abona a su PEF, ejemplo de ello es la labor que la delegación mexicana realizó en la quinta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe celebrada en Cartagena los días 3 y 4 de julio, en donde reafirmó el compromiso de México con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Consenso de Montevideo y la protección de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas.

La gran tarea para lograr coherencia entre la política exterior y la interna es avanzar hacia la armonización de la legislación a nivel nacional, abandonar el derecho penal para regular el aborto y garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva bajo los más altos estándares internacionales.

Una Política Exterior Feminista congruente debe comenzar en casa. Es indispensable que México y todos los Estados que adopten este tipo de políticas asuman sus obligaciones para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos sexuales y reproductivos en sus propios territorios.

No se puede hablar de una Política Exterior Feminista en contextos donde se ignora la autonomía corporal y reproductiva, se criminaliza el aborto y no se reconoce como un servicio de salud.

Si la política exterior busca denominarse feminista, debe incluir acciones concretas para garantizar la igualdad de género en todo el mundo. Esta igualdad solo puede lograrse si la salud y los derechos sexuales y reproductivos están garantizados para todas las personas y en todas partes.

* Fernanda Castro Tarinda (@Fer_Cass) es Oficial de Incidencia Social en GIRE.