Redacción Animal Político · 1 de octubre de 2023
Desde la declarada “guerra contra las pandillas”, el gobierno de Nayib Bukele ha implementado una serie de políticas de seguridad que van desde el aumento de la pena por crimen organizado a todas las agrupaciones, hasta realizar un proceso penal a grupos de personas involucradas en la comisión de delitos por crimen organizado, que conjuntamente han mermado los derechos humanos de la población penitenciaria en El Salvador. Esta situación se ha intensificado a partir del régimen de excepción decretado el 27 de marzo de 2022, el cual se ha prolongado hasta la actualidad.
Estas políticas de seguridad han afectado a distintos grupos precarizados por la criminalización en su contra, a través de las detenciones arbitrarias por razones estereotipadas y prejuiciosas, como la apariencia física, el color de piel, e incluso los tatuajes que detentan.
Los prejuicios derivados de este régimen de excepción tienen efectos notorios en la garantía de los derechos humanos de las personas detenidas por razones discriminatorias o arbitrarias. Como ejemplo de ello, el 23 de marzo de 2023, el diario El País recogió dos testimonios de personas salvadoreñas que fueron privadas de libertad, acusadas de crimen organizado y liberadas por falta de pruebas.
En las entrevistas, las personas liberadas pudieron externar las problemáticas en el interior de los centros penitenciarios. El hacinamiento, la desnutrición, la falta de asistencia médica y las prohibiciones para recibir asistencia legal son un ejemplo de la restricción desproporcionada de los derechos básicos a la población salvadoreña recluida. Uno de los testimonios refirió haber presenciado cómo una mujer en prisión, quien “todo lo que comía, lo vomitaba”, terminó muriendo en prisión por deshidratación.
Estos testimonios dan cuenta de otras prácticas de torturas y malos tratos por parte de los policías, como amenazas de muerte, golpes con macanas y culatas de fusiles, patadas y choques eléctricos, siendo testigos de algunas muertes por causa de estas agresiones. En una ocasión, la violencia fue dirigida a una persona que se quejaba de hambre y dolor en una de las celdas, por lo que un día le pegaron tanto que lo mataron a golpes y lo sacaron a rastras “como a un animal”.
El gobierno salvadoreño oficialmente ha justificado la permanencia del régimen de excepción con la disminución de los homicidios, cifras que han ido en reducción a partir de 2016 y sobre las cuales los medios han informado que se han estado maquillando. Además recientemente, el 19 de septiembre, el presidente Nayib Bukele emitió un mensaje a las Naciones Unidas donde expresa que el régimen de excepción y las políticas aplicadas contra el “crimen organizado” han sido “acertadas”, aseverando la continuidad y “legitimidad” de sus políticas. Sin embargo, se le ha dado una índole discriminatoria hacia los grupos denominados “Maras” y personas con rasgos identitarios similares, como se muestra en algunas noticias del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Esto ha producido un aumento de la población salvadoreña que se encuentra privada de libertad en relación con su demografía. Como se muestra en los datos del World Prison Brief, en el año 2000 había un estimado de 132 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes. En contraste, a mayo de 2022, se registró un incremento del 822.72 %, es decir, por cada 100,000 habitantes, hubo 1,086 personas recluidas, lo que le da a El Salvador la tasa más grande de encarcelamiento a nivel mundial.
Además, en los distintos medios de comunicación se ha hecho alusión a la promoción de los actos de tortura a las “pandillas” juzgadas por delitos de crimen organizado. Como se muestra en fotografías publicadas en las redes de la Secretaría de Prensa de la presidencia salvadoreña, donde se observan los actos de tortura y malos tratos de acuerdo a los principios establecidos en el Protocolo de Estambul.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada por El Salvador en 1969 y con entrada en vigor en 1978, regula en su artículo 8 las garantías judiciales, mismas que han sido interpretadas por la propia Corte Interamericana, junto con otros derechos, como básicos no-autorizados para ser suspendidos en los regímenes de excepción y Estados de emergencia, tal y como los enumera la propia convención en su artículo 27.2 y reafirmados en la opinión consultiva OC-9/87.
Sin embargo, la propia legislación salvadoreña dificulta el derecho de acceso a la justicia a través del paradigma del derecho penal del autor, ya que los elementos probatorios para determinar la ejecución de delito por crimen organizado establecido en el artículo 1° de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal son interpretativos del poder judicial, con lo cual se ha brindado un vacío legal permitiendo la coyuntura actual de persecución de personas en razón de su identidad.
Las políticas mencionadas anteriormente y que impactan en cientos de personas en situación de reclusión, derivado de la “guerra contra las pandillas”, son violatorias de derechos humanos y pueden escalar hasta llegar a ser un problema regional. No resulta extraño que, de un análisis sumario, las políticas estatales fomenten el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por el Estado salvadoreño, y que por sí mismas se configuren como una alerta en la procuración del Estado de Derecho Interamericano. Estas políticas de régimen de excepción se comienzan a consolidar como una tendencia en los demás Estados de América Latina. Algunos mandatarios y políticos justifican y replican las acciones tomadas por Bukele como un modelo “estratégico” de disminución de homicidios.
Uno de los ejemplos de reproducción de la “estrategia Bukele” se observa en Honduras con la presidenta Xiomara Castro, quien ha presentado una política agresiva en contra del crimen organizado similar a la salvadoreña. El 20 de febrero de 2023, se inició un Estado de excepción. A partir de entonces, el gobierno hondureño ha continuado una estrategia de seguridad similar a la salvadoreña: la dotación de mayor poder a las instituciones de seguridad, la creación del “Plan Nacional Solución Contra el Crimen” y del “Plan de Intervención del Sistema Penitenciario”, hasta la aplicación de medidas represivas en los centros penitenciarios específicamente para personas privadas de libertad por crimen organizado.
Es por ello que las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño representan violaciones a los derechos humanos en la región y es importante que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tome acciones para exhortar al Estado salvadoreño a revalorar sus políticas de seguridad y el régimen de excepción implementado, además de invitar a los Estados americanos a buscar medidas alternas para enfrentar los contextos de crimen organizado siguiendo los principios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
* Diana Itzel Flores León es egresada de Relaciones Internacionales por la UNAM y colaboradora en el área de investigación de @AsíLegalMx.