Derechos vinculados a la naturaleza en el examen de derechos humanos a México
Redacción Animal Político · 19 de febrero de 2024
México fue evaluado por cuarta ocasión por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un mecanismo cuatrianual conocido como el EPU o Examen Periódico Universal. Este examen representa una oportunidad para visibilizar desafíos estructurales y generar compromisos políticos hacia la garantía de los derechos humanos.
El EPU evalúa el cumplimiento de obligaciones internacionales en la materia y consta de distintas etapas como la presentación de informes de gobierno y sociedad civil, la formulación de recomendaciones por los Estados, así como la adopción y el seguimiento de las mismas. Cada examen se enfoca en la revisión del cumplimiento de lo recomendado en evaluaciones previas, que en el caso de México fueron en 2008, 2013 y 2018.
Durante esta examinación, el Colectivo EPU Mx, conformado por alrededor de 300 organizaciones, presentó 18 informes temáticos que brindan un panorama de la situación de derechos humanos en contexto de violencia estructural sistemática e impunidad. El 24 de enero, el Estado Mexicano se presentó al examen, recibiendo un total de 323 recomendaciones (59 más que el examen previo) y tendrá hasta el 18 de junio de 2024 para comunicar al Consejo de Derechos Humanos aquellas que acepta.
En el ámbito socioambiental, es sabido que el país presenta preocupantes condiciones de contaminación, pérdida de biodiversidad y vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, además de estar entre los países con mayor estrés hídrico y conflictos ambientales en la región, los derechos al agua, saneamiento y medio ambiente sano. Los informes presentados por organizaciones de la sociedad civil señalaron, además, la captura corporativa, el desplazamiento interno forzado por motivos ambientales, la desigualdad en la garantía de derechos, la pérdida de gobernanza ambiental y los riesgos vinculados a la defensa del territorio.
Ante estas realidades, en su informe escrito rendido en octubre de 2023, México reportó el aumento de cobertura general de servicios, la existencia del Programa Nacional Hídrico y del Programa Sectorial de Medio Ambiente 2020-2024, así como la creación de un protocolo para el derecho a la consulta, sin aportar datos de implementación o de mejora en la condición de acceso a los derechos. En su comparecencia oral, añadió el reconocimiento constitucional de los derechos a la salud, alimentación agua, saneamiento y la firma del Acuerdo de Escazú.
Pocas delegaciones hicieron alusión a la importancia de la protección ambiental durante sus intervenciones. Timor-Leste, Islas Marshall y Bangladesh, que fue la única que recomendó prevenir la degradación de la naturaleza. Togo fue el único país que recomendó algo relativo al derecho humano al agua. Portugal, Nigeria y Madagascar recomendaron la ratificación del protocolo facultativo PIDESC para permitir la denuncia directa de víctimas de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales ante organismos internacionales.
Pese a la poca mención directa de los derechos vinculados a la naturaleza, 18 países hicieron recomendaciones relacionadas con la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y 9 países aludieron a la protección del derecho a la consulta indígena previa al desarrollo de proyectos extractivos. Aunque solamente Pakistán especificó el perfil de personas defensoras del territorio, la defensa de derechos vinculados al ambiente es considerada entre las de mayor riesgo y 24% de los territorios que albergan el 80% de la biodiversidad a nivel global pertenecen a pueblos originarios.
Esto refleja que aunque parezca marginal la base ambiental de los derechos humanos está presente en las problemáticas que preocupan a la comunidad internacional. Sin embargo, su cumplimiento se vio abordado desde una perspectiva de protección a las personas defensoras en riesgo y los conflictos socioambientales frente a las afectaciones ya generadas, y no así desde la acción preventiva, que implicaría, principalmente la garantía de derechos al medio ambiente sano, agua y saneamiento y otros conexos como la salud.