blogeditor · 31 de marzo de 2014
Por: Ricardo Bucio Mújica (@ricardobucio)
Hace 30 años trabajo en relación con personas que viven vulnerabilidad, exclusión, discriminación, afectación al ejercicio de sus derechos y libertades. Personas con discapacidad, privadas de su libertad, obreras, indígenas, adultas mayores, jóvenes, de la diversidad sexual. He tenido la enorme fortuna de poder acercarme a muchas realidades, de aprender de la otredad.
En este proceso he escuchado, percibido y a veces enfrentado posiciones de todo tipo, de cómo la sociedad mira a estas personas y grupos (teniendo la claridad de que “la sociedad” es muy heterogenea y diversa en sus posiciones). Hay visiones y expresiones de compasión, de minusvaloración, de negación, de rechazo, de miedo, de burla amable, de paternalismo, de solidaridad, de apertura a la otredad, de profunda empatía, de intolerancia, de violencia y hasta de mimetización con el otro.
[contextly_sidebar id=”8f7334e4ca31d41cae67be2aa76ab720″]Pero cuando se trata de trabajadoras del hogar, cuando se habla de mejorar su situación y reconocer y garantizar sus derechos, contra ningún grupo de población me he topado con reacciones mayoritariamente negativas, salvo en este caso. No sólo no parece agradable esta “causa”, sino parece un tanto absurdo impulsar que sean sujeto de derechos plenos, laborales y sociales, en igualdad de circunstancias que los demás trabajos y oficios.
He de confesar que yo tardé en comprender lo que significa el enorme cúmulo de distinciones desventajosas que viven hoy día quienes hacen trabajo doméstico. Creía, como muchas personas, que condiciones mínimas y buen trato -incluso cuasi familiar- era señal de que todo estaba en su lugar. Hasta que conocí al Colectivo Atabal y luego a CACEH… y el velo de ignorancia cómplice comenzó a caer.
Los últimos ocho años he dialogado, informado, escuchado y debatido este tema con personas de muchos sectores sociales diferentes. Del ámbito deportivo, académico, político, artístico, religioso, económico, cultural, de medios de comunicación, de organizaciones civiles, o social en general. El tema recoge algunas simpatías, muchas reservas, pero en general provoca una reacción negativa que en ocasiones es virulenta, con altos grados de desprecio, de racismo y clasismo.
Muchos motivos he conocido sobre el porqué no reconocerles derechos laborales y seguridad social. Son de distinto tipo pero algunos podrían clasificarse de esta manera:
–Afectivos: “son como de la familia, la queremos tanto que con nosotros nada le falta. Está muy bien”.
–Económicos: “no conviene a empleadores ni a las trabajadoras pagar impuestos. Tendríamos que despedirlas si hubiera seguro social”.
–Culturales: “así ha funcionado siempre, y pues hay que reconocer que no somos iguales”.
–De autoprotección: “sentirán que pueden demandarnos, estaríamos siempre amenazados”.
–Estructurales: “las condiciones institucionales para reconocer derechos y formalizar este empleo no están dadas”.
–Asistenciales: “aquí están mejor que en su pueblo… van al médico, comen carne, y ven la tele”.
–Políticos: “ya existen muchos problemas urgentes… no hay por qué mover lo que no da problemas”.
–De estigma social: “no hacen nada, ese trabajo no tiene valor… son ladronas, malagradecidas, y se van cuando más las necesitas”.
La palabra nos expresa, dice de nosotros:
– “Ahora las chachas quieren derechos”, decía la cabeza de una nota en un diario nacional al día siguiente de una conferencia de prensa que hicimos hace varios años.
– “Pero qué reclaman, si hasta comen carne”, comentaba una lectora de la Revista Nexos por un número de la misma dedicado a este tema.
– “No hay que impulsar esa reforma de ley… lo importante es que entró la iniciativa. Pero ni les conviene tener seguro social”, me decía una legisladora de su propia iniciativa.
– “¿Quiere que las corramos, o cree que somos ricos? ¿Que le pasa?”, me dijeron con enojo reporteros en una entrevista sobre el tema.
– “Es que los cuartos de servicio no necesitan agua caliente señor, son para las sirvientas”, me explicaba un arquitecto mostrando el inmueble a vender.
Y así, una tras otra, tras otra, tras otra.
Es indispensable el cambio legal que reconozca derechos laborales y seguridad social a las trabajadoras del hogar. A toda la sociedad conviene reconocer una actividad que forma parte de una cadena productiva elemental para la operación de una sociedad.
También es imperativo cambiar nuestra mirada segregante, desigualatoria, colonialista, y antidemocrática, diría. A toda nuestra sociedad conviene privilegiar un sistema social y económico basado en derechos humanos, y no defender subsistemas de privilegios de ciertos grupos sobre otros, aunque lo hagamos con buenas intenciones.
Pero ello requiere talante democrático, e inteligencia y valentía para reconstruir nuestra cultura económica, social y colectiva, apostando a la igualdad como el eje de nuestra organización. Y racionalidad suficiente para saber que el desarrollo no crece alimentándolo por siglos de justificaciones equívocas y discriminatorias.
* Ricardo Bucio Mújica es Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (@Conapred)