Derechos humanos y sentido común (2)

Por: Pamela Romero (@pamelarogue) y Alberto Lujambio (@lujambioalberto)

Cuando pensamos en el sistema de justicia penal nos imaginamos cosas extremas: deportistas que mataron a su esposas, políticos que les dieron aspirinas a los enfermos de cáncer o psiquiatras que se comieron a sus pacientes.

Pues no. La mayoría de los delitos son cometidos por gente normal que hace una estupidez.

Pensemos en Roberto que se metió al bolsillo el iPhone 7 de su compañera de cubículo, Martha, porque tenía una deuda con los de Elektra y amenazaron con quitarle su casa.

Según el Código Penal de la Ciudad de México, el delito de robo entre compañeros de trabajo por una cifra mayor a veinte mil pesos se castiga con una pena de entre ocho y veinte años de prisión. Además, El Roby —así le dicen sus amigos— no alcanza fianza.

El nuevo sistema de justicia penal tiene como uno de sus objetivos principales que casos como este no terminen en un juicio.

¿Por qué? Nadie quiere que el gobierno pague —con nuestro dinero— un proceso carísimo por un problema que no afecta más que a los involucrados. Para ponerlo en perspectiva: en 2006, el costo promedio de un juicio del fuero común era de 12 mil pesos. Muchos de ellos llegan a una segunda instancia con costos aproximados de 24 mil pesos. Once años después seguimos dando palos de ciego.

Además, mantener al Roby encerrado en una prisión para delincuentes “peligrosos” cuesta una fortuna a nuestro violento sistema penitenciario: cerca de doscientos pesos diarios por interno. Como es delito grave, el Roby sigue su proceso en reclusión y pasa dos años en la cárcel antes de ser declarado culpable.

Lo mejor para Martha, El Roby y todos nosotros es que el asunto se resuelva usando el sentido común: en vez de entambar al “delincuente” dejemos que consiga otro trabajo para que pueda pagarle a la dueña del iPhone (y a Elektra) lo que le debe.

Respetar la presunción de inocencia y garantizar los derechos humanos puede ser un buen negocio. Si usamos bien los recursos podemos prevenir el delito en vez de castigar la pobreza.

* Texto escrito en colaboración con Pamela Romero, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctora en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.