Derechos humanos, prevención y víctimas de la violencia

El crecimiento de las víctimas de la violencia, del delito y de violaciones de derechos humanos en nuestro país no es un fenómeno natural, propio de las grandes o pequeñas comunidades, ni de la coyuntura que representa la lucha contra el crimen. Por el contrario, se trata de una cuestión estructural que guarda una estrecha relación con la carencia de oportunidades, la desigualdad social y la marginación de gran parte de la población del desarrollo económico, social y cultural del país.

La política económica de un país nunca está desligada de sus implicaciones sociales. No podemos ignorar la causalidad entre las condiciones que precarizan el trabajo y reducen el poder adquisitivo de algunas personas, generando una desigualdad estructural, con la falta de desarrollo cultural y humano, así como la prevalencia de la violencia y las conductas delictivas en el país. En el caso mexicano, esta relación se documentó en un estudio conducido por investigadores del Banco Mundial en 2014, donde se concluyó que los municipios con menor grado de desigualdad tuvieron tasas más bajas de delincuencia.

Ante la evidencia que sobre el tema se ha presentado tanto a nivel nacional como internacional es fundamental diseñar estrategias que tengan a las personas como eje de la prevención del delito con enfoque de derechos humanos.

Trabajar en la construcción de una sociedad más justa, con verdaderas oportunidades para el desarrollo humano, con instituciones transparentes y confiables marcadas por un paradigma democrático, parece ser la verdadera alternativa para erradicar la violencia y disminuir la criminalidad.

[contextly_sidebar id=”jPt225PCzGQs3eyq8Gyw0ZymxJvSb9HJ”]La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no puede remitirse solamente a un carácter asistencial y reparador de daños; le corresponde también contribuir al debate sobre lo que debe ser la política de prevención del delito y la violencia a través de la participación ciudadana para robustecer la política de Estado en este sentido. Como ciudadano, siento una profunda responsabilidad moral; y como presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un compromiso ético ineludible en el sentido de plantear, en este momento crítico, algunas ideas que, tal vez, podrían ser útiles y contribuir a fortalecer la política pública en esta materia.

Si las y los jóvenes, las niñas y niños, las mujeres, las personas que se encuentran en situación de desempleo o de mayor vulnerabilidad, la población penitenciaria, las personas migrantes, entre otras, no cuentan con espacios educativos, recreativos y oportunidades para desarrollar su proyecto de vida, evidentemente corren un mayor riesgo de incurrir en actividades delictivas y otras conductas perniciosas, como las adicciones o el narcotráfico. Del mismo modo, resulta fundamental brindarles un acompañamiento constante, humano y dedicado por parte de las autoridades responsables de implementar los programas que se desarrollen.

En materia de prevención del delito y la violencia, siempre será mejor intervenir con medidas sensibilizadoras, educativas y preventivas antes de que se infrinja la ley o que una persona sea victimizada. Fortalecer el tejido social es la mejor forma para prevenir que las comunidades desemboquen en el delito y la violencia.

Para ello, es fundamental realizar un diagnóstico nacional, pero también con enfoque y precisión locales que alcancen a determinar cuáles son los problemas específicos de cada comunidad, de modo que se puedan establecer estrategias puntuales de intervención. Conocer las causas y la naturaleza de los problemas de las comunidades evita implementar programas genéricos y, en cambio, permite aplicar acciones específicas.

De igual modo, es imprescindible que estas estrategias se conciban, desarrollen e implementen con un enfoque de derechos humanos, de género, diferencial y especializado, que atienda las particularidades de los diferentes grupos de población.

A su vez, es deseable la existencia de un órgano consultivo compuesto por organizaciones de la sociedad civil versadas en distintos temas que puedan aportar sus experiencias, así como su trabajo con las personas que han atendido, además de servir de interlocutoras entre éstas y las autoridades gubernamentales. Las organizaciones, junto con los servidores públicos, deberán generar un mecanismo de seguimiento a las acciones emprendidas, así como indicadores de éxito.

Lo anterior será poco eficiente y eficaz si no existe una verdadera coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios, así como un padrón de personas beneficiarias.

Por supuesto, el combate a la impunidad es una condición sine qua non de la prevención del delito. La impunidad que se desprende de la ineficiencia institucional, sólo puede actuar como agente reproductor y potenciador de la violencia, pues al no existir una verdadera impartición de justicia se genera un incentivo para su utilización como medio de subsistencia o ejercicio del poder.

Quisiera concluir este artículo dejando esta reflexión de Judith Butler:

¿Qué rol vamos a asumir en la propagación histórica de la violencia? ¿En qué nos convertiremos al responder? ¿Vamos a extender o a impedir la violencia por medio de la respuesta que tengamos? Responder a la violencia con violencia puede parecer bien justificado, ¿pero es una solución responsable?

Hoy hago un llamamiento a que no combatamos la violencia con más violencia. En vez de esto, debemos colocar la cultura de la paz en el centro de nuestro actuar. Nos encontramos en un momento histórico, que requiere la suma de voluntades de toda la sociedad, el trabajo conjunto del gobierno y la población, y la unión de todos los mexicanos y mexicanas. La prevención del delito tiene un solo objetivo: la recuperación de la dignidad humana. Esa es la ruta. Avancemos juntos hacia ella.

 

* Jaime Rochín del Rincón (@JaimeRochin) es presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (@CEAVmex)