Derechos humanos frente al poder empresarial: México sigue debiendo las reglas
Opinión y Análisis · 27 de octubre de 2026
Por Chloé Stevenson e Ivette González*
Además de marcar los diez años de la visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, en 2026 se cumplen 15 años de un texto de referencia a nivel global : los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Si bien este no creó nuevas obligaciones para las empresas, como muchas personas que sufrieron abusos a sus derechos lo pedían, sí contribuyó a poner los Estados frente a sus responsabilidades. Ya no es posible para el gobierno mexicano, o cualquier otro, negar la necesidad de actuar para prevenir los abusos y las violaciones a derechos que cometen las empresas del Estado, privadas y mixtas, atenderlas, y reparar cuando el daño ya esté hecho.
Gracias a la labor incansable de personas defensoras, comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil, se empezó a hablar de políticas públicas que pudieran trasladar estos principios al contexto nacional. Así se desarrolló un Plan Nacional de Acción en el 2015. Lamentablemente terminó siendo una simulación: las demandas de la sociedad civil y de las comunidades afectadas fueron ignoradas, y su participación, reducida a su mínima expresión.
Personas afectadas por actividades empresariales, y las organizaciones que las apoyan nunca quitaron el dedo del renglón. Después de dos intentos en administraciones anteriores se reactivó en 2026 la idea de una Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas. Entre junio y septiembre de este año se abrieron espacios híbridos y multipartícipes de consulta para construir dicha Política. A la fecha sigue sin publicarse, y no existen garantías de que las legítimas demandas de las personas y comunidades afectadas por la actividad empresarial se hayan tomado en cuenta en la versión final del texto.
En este contexto, el evento organizado este 8 de octubre permitió hacer un balance de los avances y brechas que persisten en México en materia de empresas y derechos humanos. Quienes más tienen el pulso de la situación son las personas y comunidades que se organizan para defender su territorio y sus derechos humanos y enfrentar la impunidad corporativa por los daños actuales y potenciales. Así, personas oriundas de Jalisco, Sonora, Oaxaca y el Estado de México –todos lugares que visitó el Grupo de Trabajo de la ONU en su momento– llegaron a compartir sus análisis y exigencias. Igualmente, organizaciones de la sociedad civil, personas representantes de las distintas dependencias del Estado Federal, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, empresas, entre otras, se sumaron al diálogo. Coincidieron en que las brechas son más que los avances, y plantearon propuestas para dar un giro a la situación.
Proteger a las personas de actividades que destruyen, violentan y contaminan
Entre los pocos progresos que identificaron las participantes está el simple hecho de que existan ese tipo de espacios. Es decir, 10 o 15 años atrás no se escuchaba hablar de violaciones a derechos cometidas por empresas, de la necesidad de introducir reglas claras en la materia, de parar la impunidad total en la cual operan actores privados y empresas del Estado. Va de la mano con un cambio de perspectiva entre ciertas personas servidoras públicas, y particularmente en la Secretaría de Economía. Por mucho tiempo el único criterio para el actuar gubernamental fue el crecimiento económico, el “desarrollo”. Por lo tanto es significativo que se esté abriendo cada vez más la puerta a quienes, desde todos los sectores, piensan que sin respeto a las personas y los bienes naturales comunes, no existe desarrollo. En este sentido, a pesar de sus limitaciones, el proceso de elaboración de una Política Nacional constituye una oportunidad.
Sin embargo, son muchas las brechas, como bien lo destacó Norma Palacios, trabajadora del hogar representante del SINACTRAHO y de la Unión de Movimientos por la Regulación Empresarial para la Defensa de los Derechos Humanos (UMREDDH). Vino a recordar que lo normal debería ser proteger a todas las personas de actividades que destruyen, violentan y contaminan. Por ello, la UMREDDH planteó la necesidad de hacer obligatoria la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente. Es decir, obligar a las empresas matrices, filiales, contratistas y cadenas de suministro a evaluar y gestionar sus riesgos e impactos sobre las personas y la naturaleza, y reparar los daños que generan. De no ser el caso, tiene que haber mecanismos de sanción efectivos.
Otro punto fundamental tiene que ver con la falta de consulta y consentimiento de las personas afectadas por proyectos de las empresas antes de su implementación. Ya en el 2016, el Grupo de Trabajo dedicaba buena parte de su informe de visita a evidenciar la inexistencia de consultas dignas de ese nombre. Al contrario, las empresas, incluyendo las de participación pública, en muchas ocasiones actúan como si los territorios no fueran de nadie, insistió la directora de Código-DH (Oaxaca), Sara Méndez. El riesgo para las personas que denuncian esta situación es real. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos documentó que México es el tercer país de América latina y el Caribe dónde personas defensoras del territorio corren más peligro.
Cuando los daños a las personas y al medio ambiente ya están hechos, impera la impunidad casi completa, de acuerdo con testimonios de Martín Valenzuela (Sonora) y Alan Carmona (Jalisco). Ambos comentaron de los desastres provocados por contaminaciones de la industria en sus respectivos territorios; y de cómo se vieron afectados los derechos de miles de personas a la salud, al agua limpia, a un entorno saludable, entre otros. Las empresas ni se hacen responsables, ni reparan; tampoco toman medidas para evitar la repetición.
La necesaria concientización de los actores empresariales
Pero la repetición es evitable. Es uno de los mensajes potentes que colocaron las personas que están en primera línea frente al abuso corporativo. Con más coordinación entre diferentes partes del Estado méxicano y sobre todo con un marco jurídico fortalecido. Una regulación de la conducta empresarial haría posible avanzar colectivamente hacia un nuevo paradigma. Esto requiere de mayor voluntad política, así como de recursos humanos y económicos en todos los niveles.
Finalmente, generar este tipo de conversaciones permite atender una de las preocupaciones externadas por el Grupo de Trabajo de la ONU al finalizar su visita: la necesaria concientización de los actores empresariales. Gracias a los esfuerzos de colectivas y organizaciones, esta es mayor; pero aún falta mucho. Por ejemplo, la ausencia de empresas que cuentan con participación pública refleja esta falta de conciencia, cuando el impacto de actores como la PEMEX sobre los derechos humanos y el medio ambiente es enorme.
En estos diez años, y sobre todo en los últimos cinco, hemos visto empresas en México que han desarrollado políticas de derechos humanos, que han intentado realizar algunos procesos de debida diligencia, y que están adaptándose a las exigencias que países del norte global en donde están sus matrices han regulado, particularmente en la Unión Europea. Aunque las narrativas dominantes son aquellas que privilegian un desarrollo económico por encima de los derechos humanos y las libertades fundamentales, hay cada vez un mayor entendimiento de la necesidad de transformar la forma de hacer negocios, y que proteger el planeta, el ambiente , el agua y la vida no es incompatible con una actividad empresarial competitiva.
Hay otros actores importantes a favor de la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos y ambientales. Existen solicitudes de inversionistas para que los gobiernos regulen la realización de debida diligencia en derechos humanos y hay recomendaciones de organismos internacionales para hacerlo como desde la OCDE. Pero solo va a ser efectiva con la participación efectiva de los grupos y comunidades que defienden los derechos de todas las personas desde las trabajadoras, hasta del territorio.
México, en sus relaciones comerciales con las grandes potencias mundiales, su liderazgo en espacios multilaterales en la protección de los derechos humanos, incluyendo a un medio ambiente sano, tiene la oportunidad de mostrar que es posible y necesario que las empresas respeten los derechos humanos, y reiteramos que debe ser con la participación efectiva de los grupos y comunidades afectadas y potencialmente afectadas por estas.♦
*Chloé Stevenson es specialista de Vinculación Estratégica e Incidencia, e Ivette González es directora de Vinculación Estratégica e Incidencia en Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).