Redacción Animal Político · 18 de agosto de 2023
Los derechos humanos como concepto se han desarrollado y han evolucionado a lo largo de la historia, pero fue después de la Segunda Guerra Mundial y de los horrores del Holocausto que se estableció un marco internacional para los derechos humanos. En 1945 se fundó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en 1948 se proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), estableciendo así los derechos y libertades básicos para todas las personas, sin importar su raza, sexo, género, religión, origen étnico u orientación política.
Es importante diferenciar entre los derechos civiles y políticos, que hacen referencia a las libertades y derechos fundamentales relacionados con la participación política y la autonomía individual de las personas, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), los cuales buscan garantizar el bienestar y la igualdad económica y social de todos los individuos. Hoy en día, y a pesar del trabajo realizado, aún persisten violaciones de los derechos humanos. No obstante, existen numerosas organizaciones, defensoras y defensores que se dedican a promoverlos y protegerlos en todo el mundo, bajo la idea fundamental de que todos los seres humanos poseen derechos inherentes e inalienables, un principio universalmente aceptado en la comunidad internacional.
Los derechos humanos en México han caminado de la mano de la historia y evolución del país; en la actualidad, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 el marco jurídico principal desde donde se reconocen y protegen. Esta Constitución ha sido modificada a lo largo de los años para fortalecer la protección de las y los ciudadanos. Podemos mencionar 1) la modificación al Artículo 1° durante la reforma de 1992, para incorporar los tratados internacionales de derechos humanos en el ámbito nacional y 2) dentro del mismo artículo, en 2011 se reconoce de manera expresa la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción.
Además, México ha firmado y ratificado diversos tratados y convenciones internacionales al respecto. Tenemos dentro de los más importantes La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en 1948, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la cual establece los derechos y garantías fundamentales en las Américas.
Pero, ¿el estado mexicano ha logrado salvaguardar los derechos humanos, económicos y culturales de su población? A pesar de las reformas y los esfuerzos por mejorar y proteger estos derechos, continúan faltando aspectos que deben trabajarse de forma estructural y operativa para garantizar la vida misma. Para ello, es necesario fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos y asegurar que el Estado cumpla con su deber de salvaguardia.
Recordemos el principio de progresividad dentro de los derechos humanos, el cual establece que una vez reconocidos, no se puede dar marcha atrás. Esto significa que, entre los desafíos que presenta el contexto actual, se requiere reforzar y trabajar aspectos estructurales como la impunidad y la violencia, pues México sigue enfrentando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. La falta de investigaciones efectivas y sanciones a los responsables particulares e institucionales contribuye a la perpetuación de estos abusos.
Por otro lado, nos encontramos con el desplazamiento forzado. La violencia asociada al crimen organizado y los conflictos sociales han provocado que comunidades enteras se vean obligadas a dejar sus tierras, especialmente en áreas rurales. Estas personas desplazadas enfrentan dificultades para acceder a sus derechos básicos como el derecho a la vivienda, el trabajo y la educación. Así mismo, existen profundas desigualdades económicas y sociales en nuestro país, arraigadas principalmente a procesos de racismo. Las comunidades indígenas y afrodescendientes, mujeres, juventudes, personas LGBTQ+ e incluso personas con discapacidad, a menudo enfrentan discriminación y exclusión no sólo en el ámbito social, sino económica, cultural y políticamente.
De la misma forma, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos se enfrentan día con día a amenazas, agresiones e incluso asesinatos por cumplir su labor. La falta de protección efectiva y la impunidad en estos casos generan un ambiente de temor y autocensura en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa. Aunado a ello, tenemos un sistema de justicia deficiente, con falta de recursos, corrupción y procesos legales prolongados. Esto limita el acceso a una justicia pronta e imparcial para muchas personas y contribuye a la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.
La lista de problemas a los que nos enfrentamos desde la defensa de los derechos humanos no cesa; abuso de poder y violencia policial son episodios recurrentes en México. Ni qué decir de la trata de personas y explotación laboral, actividades preocupantes, pues las victimas de esto suelen ser grupos vulnerados como niñeces y/o migrantes. Por ello, es crucial reconocer los desafíos en materia de derechos humanos y trabajar para abordarlos de manera integral, fortaleciendo las instituciones, promoviendo una cultura de paz y garantizando el acceso a una justicia restaurativa. La lucha contra las violaciones a los derechos humanos y la promoción de una sociedad más justa y equitativa requiere de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, el gobierno y la comunidad internacional. Es importante seguir trabajando para una implementación y cumplimiento efectivo sobre estos temas en miras a lograr una sociedad más justa y equitativa.
* Georgina Jatzire Arévalo Pacheco es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (@CDHVitoria).