Derechos humanos en México, las dos caras de la moneda

Procurar la agenda de los derechos humanos en este 2020, en el contexto de la pandemia por covid-19, ha sido una tarea titánica, compleja y plagada de matices. Y si bien es posible hablar de algunos avances, también hubo situaciones inéditas que enfrentar y gravísimos retrocesos que tristemente echaron por tierra conquistas obtenidas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) tras largos años de trabajo intenso.

En una cara de la moneda, entre los avances, destaca el reconocimiento que hizo el Estado mexicano de la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, así como la publicación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y el acuerdo por el que crea el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

Estas acciones permiten vislumbrar, por fin, una ruta a seguir para atender el grave problema de las personas desaparecidas y no localizadas en México, cuya escalofriante cifra, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, asciende ‒al momento de cerrar este texto‒ a más de 79 mil 704 personas.

Otro avance positivo fue la aprobación hecha por el Senado del Acuerdo de Escazú, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de diciembre de 2020. Con esa ratificación el acuerdo entró en vigor. Su aplicación es fundamental para impulsar el derecho a un medio ambiente sano, además de que reconoce la importancia del trabajo de las personas defensoras del medio ambiente y obliga a los Estados a garantizar su protección.

En contradicción con lo anterior, el Senado aprobó en octubre la eliminación de 109 fideicomisos, entre ellos justamente el del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Bajo estas condiciones no queda clara la ruta para entregar con celeridad los recursos para garantizar la seguridad de las personas defensoras que se encuentren en situación de riesgo.

Además de esta consideración, respecto de los avances mencionados cabe hacer también una acotación. Las OSC realizamos, por décadas, un intenso trabajo para que los temas referidos, que son del interés de la sociedad mexicana, formaran parte de la agenda gubernamental y llegaran a buen puerto. Hablamos entonces de logros compartidos.

Sin embargo, nuestra labor ha sido desacreditada desde el inicio del actual gobierno que, además, nos ha descalificado y estigmatizado de manera sistemática al señalarnos de neoliberales, corruptas y hasta de “pseudoecologistas”.

Las OSCs hemos hecho, por décadas, aportaciones importantes a los derechos humanos y al desarrollo de México. En lugar de desacreditar nuestra labor el presidente bien podría fomentar un diálogo amplio y constructivo con quienes las representamos.

La otra cara de la moneda

En el anverso de la moneda tenemos un año 2020 plagado de sinsabores y de muchos momentos de tensión. En el marco de la pandemia y en el contexto del desigual desarrollo social en México, desde Amnistía Internacional advertimos de la posibilidad de una exacerbación de violaciones de derechos humanos que ya se cometían antes de la propagación del covid-19.

Por ello, enfatizamos las prioridades en derechos humanos que debían considerar los Estados al atender la pandemia, así como en la necesidad de contar con políticas con enfoque de género y dijimos que el espacio privado no siempre es seguro para las mujeres, dado que el confinamiento implica la cercanía con sus agresores.

Destacamos la necesidad de combatir el covid-19 con información basada en evidencias y en la prevención, y en no usar la represión o el uso de la fuerza para hacer cumplir las medidas de salud pública, pues esto conlleva a graves violaciones de derechos humanos.

Un ejemplo de esto último lo tuvimos precisamente en Jalisco, donde a principios de mayo de 2020 policías detuvieron al joven Giovanni López porque, de acuerdo con una versión inicial, no portaba cubreboca, aunque la autoridad atribuyó la detención a una falta de tipo administrativo. La gravedad de la detención radica en que ésta se efectuó haciendo un uso excesivo de la fuerza, lo que provocó la muerte del joven mientras estaba bajo custodia de elementos de seguridad pública municipal. La investigación realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco concluyó que se trató de una ejecución extrajudicial.

Las manifestaciones organizadas por personas ciudadanas para protestar por lo ocurrido también fueron fuertemente reprimidas. El caso de Giovanni López puso nuevamente sobre la mesa los añejos problemas que aquejan a las fuerzas de seguridad en México, entre ellos, la falta de capacitación de las policías, carencia de protocolos para el uso de la fuerza y la falta de aplicación del Registro Nacional de Detenciones.

Personal médico en riesgo

El respeto a los derechos del personal sanitario que está en la primera línea de atención a las personas enfermas por covid-19, es otro de los grandes temas que merece especial atención en la agenda de los derechos humanos.

Al respecto, en el periodo mayo-septiembre, en Amnistía Internacional publicamos los informes El costo de curar. Los derechos de personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el Covid-19 y más allá; Expuesto, acallado y atacado. Deficiencias en la protección del personal sanitario y que realiza labores esenciales durante la pandemia de Covid-19, y un informe adicional que actualiza a este último.

Este cúmulo de documentos revela la deplorable situación que han enfrentado las personas trabajadoras de la salud al cumplir con su trabajo. Sin quitar el dedo del renglón hemos instado al gobierno mexicano a publicar los acuerdos que tiene con laboratorios que producen la vacuna contra covid-19.

Desde Amnistía Internacional consideramos que la transparencia es fundamental para que la vacuna pueda ser producida a bajo costo en México y el resto de la región. Además de que toda persona tiene el derecho a recibir una vacuna que sea asequible, accesible, segura y de calidad.

Recorte a presupuestos para atender la violencia contra las mujeres

La decisión del gobierno de recortar los presupuestos destinados a los programas que atienden la violencia contra las mujeres, así como la salud materna, sexual y reproductiva, fue otro de los grandes temas que abordamos desde la OSCs.

Los recortes fueron anunciados en el marco de una imparable ola de violencia contra las mujeres. El intenso trabajo de incidencia realizado por Amnistía Internacional con Equis Justicia para las Mujeres, la Red CAMIs y la Red Nacional de Refugios, logró hacer visible la intención del Estado por reducir los recursos públicos para la atención a las violencias.

Las limitaciones presupuestales son un obstáculo importante para el diseño e implementación de políticas públicas que permitan a las mujeres acceder a una vida libre de violencia. Sin embargo, en este tema hay muchas deudas más, entre ellas la falta de cumplimiento del gobierno mexicano a las recomendaciones hechas por el Comité de Seguimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

También sigue pendiente la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y del Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, previsto este último en los artículos 41 y 42, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Uso excesivo de la fuerza en manifestaciones de mujeres

Además, en un hecho sin precedente, este año las fuerzas policiacas arremetieron contra las mujeres que salieron a las calles para demandar acceso a la justicia en casos de violaciones a derechos humanos y el derecho a una vida libre de violencia.

Lejos de cualquier protocolo sobre el uso de la fuerza, diversas corporaciones policiacas incurrieron en un uso excesivo de la fuerza, practicaron detenciones arbitrarias, amenazaron a las mujeres con desaparecerlas y ejercieron violencia sexual contra ellas. Las manifestaciones donde se registraron diversos tipos de agresiones contra mujeres fueron las realizadas en León, Culiacán, Ciudad Juárez, Ecatepec, Atizapan, Cancún y la CDMX.

Muchos otros temas quedan en el tintero, entre ellos la imparable ola de feminicidios; la violación de los derechos humanos de las personas migrantes provenientes de Centroamérica y la participación del ejército en labores de seguridad pública, esto último en abierta contradicción con los compromisos internacionales firmados por México.

Impulsar la agenda de los Derechos Humanos no ha sido fácil en el contexto de la pandemia y menos teniendo como telón de fondo las declaraciones del presidente López Obrador, quien sostiene que en su gobierno “no se violan los derechos humanos”. En su discurso echamos de menos el reconocimiento que hizo durante los primeros meses de su gestión, cuando reconoció la crisis de derechos humanos en México. Reconocer es el primer paso para solucionar.

Hacerlo permitiría trazar líneas de trabajo para transitar hacia los cambios profundos que permitan superar la grave crisis de derechos humanos que aqueja a México, desde hace por lo menos 30 años. Negar un problema es la mejor manera de no solucionarlo.

* Tania Reneaum Panszi (@TaniaReneaum) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México @AIMexico.