Derechos humanos en México: la crisis documentada que “no existe”

México atraviesa por una situación crítica en materia de derechos humanos. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no se equivocan en sus diagnósticos, resumido así por el primer organismo multilateral: “La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.

No se equivocan los relatores especiales ni los grupos de trabajo de la ONU que han visitado nuestro país. No se equivoca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus incontables informes que documentan igualmente un conflicto extendido del Estado mexicano con ellos. No se equivocan Amnistía Internacional y Human Rights Watch cuando observan lo mismo. Tampoco lo hacen las centenas de organizaciones de la sociedad civil y los centros de educación superior mexicanos que vienen dando a conocer estudios, informes y comunicados agregando evidencias de la crisis.

[contextly_sidebar id=”rDMtSz2jQYsTgz0nCohNDyfcUM5uncFi”]Son años de documentación del problema y, si bien hay expresiones del fenómeno que se agudizan sin parar, mucha de la información y las alertas en estricto sentido no son nuevas. Lo que viene cambiando es el escrutinio sobre el tema y la visibilidad que el mismo provoca. Los derechos humanos han salido de la marginalidad y se mueven hacia un lugar central en la agenda pública. Desde el enfoque metodológico de las políticas públicas, el conflicto de las autoridades con los derechos humanos está pasando de ser un supuesto “problema” de unos cuantos para ser un “tema” de interés colectivo. En el debate público los derechos humanos ya no van y vienen, según coyunturas y escándalos; ahora son referencia obligada entre los asuntos neurálgicos de la reforma del Estado. Lo anterior implica, en sí mismo, paradójicamente, un afortunado salto cualitativo descomunal con respecto al estándar deseable de nuestra democracia, así percibido de manera creciente desde el imaginario colectivo.

La reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos representa la contribución formal más significativa en esta transición hacia la mayoría de edad de los mismos en la agenda pública. Esa reforma ha quedado en la historia como la más potente representación simbólica del antes y el después. No sé si sus promotores lo previeron, pero al votar el nuevo texto a la vez sembraron el terreno que visibilizaría de manera inédita las contradicciones entre el nuevo estándar formal y el estándar real histórico. La reforma abrió el telón para enseñar a México y al mundo el tamaño del conflicto entre las normas y las prácticas.

La nueva confirmación de la crisis de derechos humanos en México en los hallazgos de la OEA y la ONU durante sus visitas al país en septiembre y octubre del año en curso, ha merecido respuestas de autoridades mexicanas que intentan minimizar el problema. La misma autoridad que abre la puerta al escrutinio internacional luego la cierra ante los hallazgos. Es un doble discurso: te escucho pero no te creo. No hay novedades, es un patrón de conducta del gobierno federal, llevado al extremo de manera pública en la confrontación con Juan Méndez, relator especial de la ONU en materia de tortura.

Pero también es un discurso que se desdobla desde otra perspectiva. La misma autoridad que hoy no reconoce el conflicto extendido con los derechos humanos que encuentran las instancias internacionales, antes reconoció que sí lo hay.

Citando el Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo de diagnóstico del Programa Nacional de Derechos Humanos se lee lo siguiente: “…a pesar de los esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de derechos humanos”. Sigue el documento: “El problema que identifica este diagnóstico es ‘la persistencia de violaciones de derechos humanos pese a la existencia de una infraestructura institucional, de un marco normativo y de políticas públicas en la materia’. Por si fuera poco, el programa apunta: “Los mecanismos de alerta son indispensables para prevenir violaciones a los derechos humanos, sin embargo, la efectividad de los existentes no ha sido integralmente evaluada y no se cuenta con protocolos interinstitucionales para dar respuesta a las necesidades de atención urgentes, tampoco existen parámetros de derechos humanos en las políticas de prevención del delito, procuración y administración de justicia. Esto repercute de manera directa en la calidad de atención a las cuestiones que pueden generar violaciones a los derechos humanos”.

Los que creen que la ONU y la OEA y todos los que coinciden con ellas se equivocan tienen dos opciones: rectificar, aceptar la dimensión del problema y de una vez por todas construir avenidas de solución a la altura del mismo, o bien pueden decirle al Presidente que mintió en su Programa Nacional de Derechos Humanos. Deben decidir qué hacer porque no es posible que el diagnóstico de los actores externos esté mal mientras el interno oficial está bien. A menos, claro está, que para algunos la credibilidad de cada diagnóstico esté mediada por asuntos que nada tienen que ver justamente con los derechos humanos.

@ErnestoLPV