Antes de la ventanilla: el derecho al refugio en México

Cada 20 de junio, el Día Mundial de las Personas Refugiadas suele llevarnos a hablar de solicitudes, resoluciones, reconocimientos y cifras oficiales. Desde la Redodem hemos insistido en que esos datos no pueden leerse separados de las condiciones institucionales que permiten o impiden ejercer el derecho a solicitar y recibir refugio en México. Una forma de mirarlo es la desigualdad presupuestal y operativa entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar): aunque para 2026 se prevé que la COMAR duplique su presupuesto, el INM seguiría recibiendo casi 18 veces más recursos, con cerca de 1,961 millones de pesos. 

Esta diferencia no es solo administrativa; muestra que el Estado mexicano cuenta con más capacidades para administrar, verificar, detener y contener la movilidad que para garantizar protección internacional, acceso efectivo a derechos y condiciones reales de acogida.

A ello se suma una realidad que las personas viven en el cuerpo y en la vida cotidiana: los tiempos de espera. En algunos casos, el periodo entre acercarse a la Comar, lograr un primer registro, obtener una constancia y acceder a una entrevista puede extenderse durante meses, incluso más de un año. Ese tiempo no es una pausa administrativa: es un periodo de exposición, incertidumbre y desgaste.

En México, muchas personas quedan fuera del sistema de refugio antes de poder nombrarse como solicitantes: por falta de información, por tiempos de espera, por detenciones, por traslados o por no lograr llegar a una oficina dentro del plazo establecido.

 Por eso, para la Redodem el derecho al refugio empieza mucho antes de la ventanilla. No se inicia únicamente cuando una persona logra llenar un formulario, recibir una constancia o acudir a una entrevista. Empieza cuando puede acercarse a una institución sin miedo; cuando recibe información clara sobre sus derechos; cuando no es detenida por no tener documentos; cuando no es separada de su familia; cuando encuentra un lugar seguro para dormir; cuando puede acceder a salud, alimentación, orientación jurídica y acompañamiento mientras decide qué hacer con su vida.

En 2025 documentamos 9,628 ingresos a albergues y organizaciones de la Red. La cifra muestra una disminución de 82 % respecto de 2023 y de 74 % frente a 2024, años en los que enfrentaron una sobresaturación de sus capacidades de atención. Más que leer esta disminución como una reducción del tránsito migratorio o el éxito de las políticas de contención migratoria en la región, habría que preguntarse qué ocurre cuando disminuyen también los puntos de contacto entre las personas en movilidad y los espacios donde pueden recibir información, orientación y cuidado.

No basta con que el derecho exista si las personas no reciben información clara

Para las personas forzadas a migrar, un albergue no es solo un lugar para dormir o alimentarse; puede ser el primer espacio donde alguien les explica que tienen derecho a solicitar refugio, que no deberían ser devueltas al lugar del que huyeron, que pueden buscar acompañamiento jurídico o que existen rutas para acceder a atención médica, protección familiar o apoyo psicosocial. 

Cuando las personas dejan de llegar a estos espacios, no necesariamente dejan de necesitar protección: también pueden estar quedando más lejos de las redes que les permiten nombrar sus derechos y hacerlos efectivos. Por eso, la disminución de registros no debe leerse solo como un dato de movilidad, sino como un posible indicador de acceso limitado a protección.

En 2025, las personas registradas por la Redodem provenían de 63 países. Honduras y Venezuela se mantuvieron como principales países de origen, pero México apareció como la tercera nacionalidad más registrada. Este dato nos obliga a complejizar la reflexión. México no solo es territorio de tránsito, espera o destino para personas que huyen de otros países; también es un país que produce desplazamiento, retorno forzado, desprotección interna y movilidad de personas mexicanas que terminan buscando apoyo en los mismos espacios que acompañan a población migrante internacional.

Hay, además, una dimensión previa que suele quedar fuera del debate público: el acceso a la información. De acuerdo con los registros de la Redodem en 2025, al menos 2,747 personas respondieron afirmativamente que sabían que en México tienen derecho a solicitar refugio, cerca del 29 % frente al universo total de ingresos registrados por la Red. 

Este dato permite colocar una pregunta central: ¿qué ocurre con quienes no saben que pueden solicitar protección, no conocen los plazos, no identifican a qué institución acudir o no reciben información comprensible en el momento en que más la necesitan?

No basta con que el derecho exista en la ley si las personas no reciben información clara, accesible y oportuna para ejercerlo. El derecho al refugio se vuelve frágil cuando depende de que una persona, en medio del miedo, la precariedad, el cansancio o la violencia, logre conocer por sí sola el procedimiento, ubicar una oficina, llegar dentro del plazo establecido, sostenerse económicamente durante la espera y evitar ser detenida antes de obtener una constancia.

La protección internacional no empieza cuando se abre un expediente

Esta brecha se agrava en un contexto regional marcado por el cierre de vías de acceso al asilo en Estados Unidos, la cancelación de CBP One y la permanencia de miles de personas varadas en México. Muchas de ellas habían apostado sus recursos, tiempo y expectativas a una cita en la frontera; otras vendieron sus pertenencias, se endeudaron o atravesaron varios países para llegar a un punto donde las reglas cambiaron de un día para otro. 

Frente a ese escenario, la restricción administrativa mexicana que establece un plazo de 30 días desde el ingreso al país para solicitar refugio puede convertirse en una forma adicional de exclusión. Si una persona no sabe que tiene ese derecho, no logra llegar a una oficina, teme ser detenida, viaja con niñas y niños o permanece atrapada en rutas de contención, el plazo deja de ser un requisito de ordenamiento institucional y se vuelve una barrera para acceder a protección.

Antes de que una persona pueda llenar un formulario, acudir a una entrevista o ser nombrada jurídicamente como solicitante de refugio, ya existe una historia previa de expulsión, tránsito, espera e incertidumbre. En México, esa parte de la historia sigue quedando demasiado lejos de la política pública. La protección internacional no empieza cuando se abre un expediente; comienza cuando una persona en riesgo puede acercarse a una institución sin miedo y encontrar condiciones mínimas para sostener su vida mientras el Estado decide si la reconoce o no.

En este Día Mundial de las Personas Refugiadas, la pregunta no debería ser únicamente cuántas solicitudes recibe México, cuántas resuelve la Comar o cuántas personas obtienen una respuesta favorable. La pregunta también debe ser cuántas personas quedan fuera del sistema antes de poder nombrarse como solicitantes. Cuántas no recibieron información. Cuántas fueron detenidas antes de iniciar un trámite. Cuántas fueron trasladadas lejos de la oficina a la que intentaban llegar. Cuántas dejaron pasar el plazo porque estaban sobreviviendo.

El refugio no empieza con una entrevista ni con una resolución. Empieza con información, acceso efectivo, no detención y condiciones mínimas para pedir protección sin miedo. Mientras esa protección siga llegando solo después del expediente, muchas personas seguirán quedando fuera del derecho antes incluso de poder solicitarlo. ♦

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La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) es una red de 19 organizaciones defensoras de personas en contexto de migración forzada y con necesidades de protección internacional. Desde el acompañamiento directo, la documentación y la investigación, genera información para visibilizar y denunciar las condiciones que enfrentan las personas en movilidad e impulsar estrategias de defensa de sus derechos humanos. Redes: @Redodemmx