Derecho a la movilidad y planificación con enfoque de género: un paso hacia la justicia social

En México, uno de los avances más significativos en los últimos años en materia de movilidad ha sido la incorporación del derecho a la movilidad en la agenda pública, lo que ha permitido visibilizar este tema y abrir un amplio debate en diversos foros políticos y académicos. Este progreso ha llevado a la creación de un marco legal sólido que respalda este derecho, consolidando su importancia en el ámbito de las políticas públicas. El derecho a la movilidad fue formalmente reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2020, con el objetivo de garantizar una movilidad segura, accesible, eficiente y equitativa para toda la población. Este reconocimiento se convirtió en la base de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, promulgada en 2022.

A nivel estatal, la Ciudad de México ha sido pionera en la adopción de este derecho, primero a través de la Ley de Movilidad del Distrito Federal (2014) y posteriormente en su Constitución local (2017), destacando la necesidad de priorizar a los sectores de la población que enfrentan mayores barreras para ejercer este derecho, como las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores y los niños y las niñas. Estos grupos, que en su mayoría dependen de los desplazamientos a pie, se ven afectados por una serie de obstáculos cotidianos que limitan su acceso seguro y equitativo a los espacios urbanos. Entre las principales dificultades que encuentran están las banquetas demasiado estrechas o, en muchos casos, la ausencia total de ellas. Las aceras y otros espacios peatonales suelen estar en mal estado, con baches, hoyos, coladeras abiertas y obstáculos como postes o señalizaciones mal ubicadas, así como coches estacionados sobre ellas. La falta de iluminación adecuada en muchas calles agrava la situación, creando entornos inseguros, especialmente por la noche. Asimismo, los cruces peatonales carecen, en muchos casos, de un diseño adecuado y no proporcionan tiempo suficiente para cruzar de manera segura, lo que aumenta la vulnerabilidad de quienes se desplazan a pie.

El caso de las mujeres es especialmente relevante, ya que son quienes realizan la mayor cantidad de desplazamientos a pie. En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), las mujeres caminan considerablemente más que los hombres, debido a los roles tradicionales de género que las responsabilizan de tareas relacionadas con el cuidado y las labores domésticas. Son mayoritariamente ellas quienes se encargan de llevar y recoger a los niños de la escuela, hacer las compras o acompañar a familiares con discapacidad y adultos mayores a los centros de salud, entre otras tareas. Esta realidad genera patrones de movilidad diferenciados: mientras que los hombres tienden a realizar viajes más largos, principalmente al trabajo, las mujeres efectúan recorridos más cortos y frecuentes a lo largo del día, la mayoría de ellos a pie.

Según los datos de la Encuesta de Origen y Destino de 2017 (INEGI, 2018), un 54.9 % de los viajes realizados por hombres en la ZMVM son por motivos laborales, mientras que solo el 30 % de los viajes de las mujeres tienen este propósito. En contraste, un 36.7 % de los viajes realizados por mujeres se asocian con actividades de cuidado, como llevar o recoger a alguien o hacer compras, frente a solo el 11.8 % de los viajes de los hombres. Estas estadísticas evidencian que la movilidad de las mujeres está mucho más ligada a las responsabilidades domésticas y de cuidado, lo que subraya la importancia de una infraestructura urbana de calidad que responda a estas necesidades.

Porcentaje de viajes realizados en la ZMVM, por propósito y género

 

Entre las mujeres, aquellas de bajos ingresos dependen aún más de los desplazamientos a pie. Según la misma encuesta, el 54.4 % de los viajes realizados por mujeres en la ZMVM pertenecientes al estrato sociodemográfico bajo se efectúan caminando, en comparación con solo el 29.4 % de los viajes realizados por los hombres del mismo estrato. Esta diferencia se acentúa al comparar a estas mujeres con las de estratos socioeconómicos más altos, de las cuales solo el 21.1 % recurren a caminar en sus desplazamientos diarios (ver la tabla). Estos datos destacan que las mujeres de bajos ingresos, al depender en mayor medida de la movilidad a pie, son especialmente vulnerables a la falta de infraestructura peatonal adecuada.

Porcentaje de viajes realizados en la Zona Metropolitana del Valle de México, por modo de transporte, estrato sociodemográfico y género

 

Los datos revelados por la estadística son cruciales, ya que hasta hace poco existía un desconocimiento generalizado sobre la movilidad cotidiana de las mujeres y de otros grupos cuya principal forma de desplazamiento es caminar. Esto se debe a que, históricamente, las encuestas de origen y destino no contabilizaban los viajes a pie, lo que implicaba que, en términos de políticas urbanas y de transporte, estos desplazamientos eran prácticamente invisibles. Como resultado, una parte fundamental de la movilidad cotidiana de las mujeres ha permanecido oculta y subestimada, lo que ha restringido la adecuada consideración de sus necesidades en la planificación urbana.

Como señalan las coautoras del libro coordinado por Paula Soto, Una mirada de género a las prácticas de movilidad cotidiana en la Ciudad de México, el espacio urbano ha sido históricamente diseñado en función de necesidades productivas y económicas, favoreciendo la velocidad y la eficiencia del transporte motorizado para facilitar los viajes pendulares al trabajo. Esta visión ha excluido la “ciudad de los cuidados”, centrada en las actividades relacionadas con la reproducción de la vida cotidiana, tareas que recaen mayoritariamente en las mujeres. La falta de atención a las necesidades específicas de este grupo poblacional no solo evidencia una estructura urbana excluyente, sino que también perpetúa la inequidad, afectando de manera desproporcionada a las mujeres de bajos recursos. Estas mujeres enfrentan a diario las consecuencias de una infraestructura deficiente y de una planificación urbana que carece de un enfoque de género, lo que obstaculiza su movilidad y su acceso pleno a la ciudad.

Asignar mayores recursos a la construcción de banquetas seguras y accesibles, cruces peatonales adecuados y una mejor iluminación no solo busca cumplir con el derecho a la movilidad establecido en la constitución mexicana, sino que también contribuye a reducir las desigualdades sociales, espaciales y de género. Más allá de mejorar el entorno físico, esta inversión visibiliza y legitima las necesidades de las mujeres en el espacio público, un paso clave hacia la construcción de ciudades más inclusivas. Apostar por la movilidad peatonal es apostar por una mayor justicia social, asegurando que todas las personas, sin importar su género o condición social, puedan acceder y disfrutar plenamente de los beneficios que la ciudad ofrece. La incorporación del derecho a la movilidad en la legislación mexicana es el resultado un esfuerzo colectivo que incluye a activistas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y funcionarios, quienes han luchado para que la movilidad se considere un componente esencial del derecho a la ciudad. No obstante, el reto ahora es garantizar que este derecho trascienda el ámbito legal y se implemente de manera efectiva, asegurando que el conjunto de la población pueda ejercerlo plenamente.

* Ruth Pérez López es Doctora en Cambio Social por la Universidad de Lille1 (Francia, 2006) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII, Nivel 2). Actualmente, es profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, donde es coordinadora del Eje Docente de Sociología Urbana. Además, es Secretaria del consejo directivo de las asociación Bicitekas, A.C. Su investigación actual se enfoca en las prácticas de movilidad urbana cotidiana, la transición socio-ecológica y las acciones colectivas que impulsan transformaciones hacia una movilidad no motorizada y más sustentable.