Derecho a la educación, Diego y la “manzana podrida”

En fechas recientes varios casos de violencia escolar llamaron poderosamente la atención de la opinión pública. En todos ellos destaca la superficialidad con la que se aborda el tema y cómo está llevando a que todas y todos nos consideremos expertos en bullying; los discursos son bastante similares y genera rápidamente consenso en una imagen mental: “la manzana podrida”. Esta representación social negativa sustenta un campo argumentativo y prácticas sociales que discriminan y violentan los derechos humanos bajo el argumento de garantizar la seguridad escolar que es amenazada por ‘pequeños monstruos’, ‘fieras embravecidas’o ‘niños sin control’. Esta forma de abordar el tema es engañoso porque reduce la violencia en las escuelas a conflictos entre alumnos e invisibiliza el poder y dominio que ejercen los maestros y las autoridades a través de la violencia institucional. El acoso escolar es una conducta resultado de la violencia en la comunidad educativa, donde todas la partes tienen responsabilidad: autoridades, maestros, familias, niñas y niños.

El Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas (ONU, 2006, p116) diferencia las formas de violencia en la escuela, en aquellas ejercidas por educadores y otros funcionarios “(con o sin la aprobación tácita o explícita de los ministerios de educación) que incluyen el castigo físico y otras formas crueles y degradantes de castigo o trato, la violencia sexual y la violencia basada en el género y el acoso”. Las formas de violencia protagonizadas por niños y niñas incluyen las usadas por los adultos, pero agrega que “la tecnología proporciona un nuevo medio para el acoso o intimidación mediante el uso de internet y el teléfono celular y ha dado origen a nuevos términos como ‘ciber-matón’ (ciber-bully) y ‘ciber-acoso’(cyber-bullying)”. Los casos de violencia escolar están muy presentes en las redes sociales, en parte por la indignación que provocan las imágenes y videos virales, donde se pueden presenciar hechos lamentables. En algunos otros casos, la distribución es regional o en ciertos segmentos sociales porque son los propios testigos de estos hechos quiénes los suben a las redes sociales como forma de diversión o extensión del hostigamiento escolar.

[contextly_sidebar id=”DgefsHy5t2Ci66SbE8Wy7bQha7hC89Jx”]El caso del niño Diego saltó a los medios de comunicación a partir de una protesta pública en la colonia Del Valle, cuando decenas de padres y madres de familia -estimulados por la directora del plantel- impidieron el acceso a un pequeño de 10 años, que acusaron de “violento”e “incontrolable”. La situación salió de control de la autoridad escolar, por lo que el niño y su madre fueron objeto de agresiones verbales y amenazas contra su integridad. Fue necesaria la intervención de la policía y granaderos para resguardar su salida del lugar. Lamentablemente este caso será olvidado en los próximos días, dejando espacio para un nuevo escándalo que le sustituya en las conversaciones y notas periodísticas.

Para quienes defendemos los derechos humanos el caso de Diego es paradigmático porque muestra el patrón de actuación de las autoridades implicadas: omisión en su responsabilidad de prevenir y atender las expresiones de violencia en la comunidad educativa, prácticas sociales discriminatorias basadas en la idea de “la manzana podrida” que puede ‘contaminar’a otros niños y niñas; criminalización de los niños o niñas abusadores y sus familias, expulsión del sistema educativo e impunidad de las y los funcionarios que violan derechos de la infancia. Ejemplo de estas prácticas aberrantes está en el llamado “operativo mochila”, que transforma a los maestros en policías (en algunos municipios es la propia policía con perros entrenados) quienes violan el derecho a la privacidad de niñas y niños, y donde los adultos quedan exentos de las revisiones como expresión clara del trato desigual dentro de las escuelas.

Es necesario tener presente que son las autoridades las responsables de garantizar el derecho a la educación sin discriminación. Pese a que las normativas educativas establecen que está prohibida la expulsión de niñas y niños del sistema educativo, el caso del niño Diego vuelve a recordarnos que son letra muerta. Fue expulsado de varias escuelas antes de llegar a la colonia Del Valle, donde fue recibido con una protesta encabezada por la propia directora del plantel.

En el Marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación básica del Distrito Federal se establece un catálogo de extravíos y dobles discursos. Usando el lenguaje de derechos de la infancia pretenden explicar un catálogo de ‘medidas disciplinarias’ sustentadas en ‘la doctrina de situación irregular’ (contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño ONU, 1989) por ejemplo, en su página 8 establece que “no podrá sancionarse con la negación del servicio educativo o la expulsión de la alumna o alumno”. Sin embargo, para las secundarias se consideran en la hoja 34 la suspensión de 5 a 10 días “dentro de las instalaciones del plantel con actividades dirigidas y supervisadas”o el “traslado del plantel sugerido por el Consejo Consultivo Escolar (..) previo acuerdo con los padres o tutor del menor”. Para el grado escolar de Diego, con 10 años de edad, no existe la posibilidad de “traslado de plantel” y según refieren los quejosos era la cuarta escuela de donde fue expulsado. Otros elementos a considerar en esta normativa es la discriminación hacia los alumnos frente a los maestros que están exentos de ‘medidas disciplinarias’ y son medidos con otro rasero. Parecieran no entender que los eufemismos no les eximen de la violación a los derechos humanos. Una normativa administrativa no está por encima de la garantía del derecho a la educación establecida en la Constitución Política Mexicana.

Hay que preguntarnos ¿a quién conviene colocar en el centro la idea de bullying? ¿Cuántos casos como el de Diego están sucediendo ahora en la invisibilidad? ¿Será un nuevo ejemplo de impunidad la directora del plantel educativo que organiza protestas contra sus alumnos? Quizás ya tenemos la respuesta: “la escuela mexicana no acepta manzanas podridas”. ¿Qué piensa Usted?

* Juan Martín Pérez García (@juanmartinmx) es Director Ejecutivo de la Red por los derechos de la infancia en México #REDIM