Redacción Animal Político · 4 de noviembre de 2024
Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Este es uno de los derechos universales más importantes de todos los tiempos. Por ello, dentro de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aparece como objetivo dos: “Hambre Cero”. No obstante, tiene vínculo con otros de los diecisiete objetivos del plan como el “1: Fin a la pobreza”, “3: Salud y bienestar”, “6: Agua limpia y saneamiento”, “10: Reducción de las desigualdades”, por mencionar algunos.
En México, la alimentación aparece en el Artículo 4° de la Constitución, que junto con el Artículo 27° forma parte del paquete de reformas actuales. Sobre estas reformas propuestas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que garantizarán los derechos de los grupos vulnerables y mayormente minorizados, a través de programas sociales. Pero ¿cuáles son estas reformas? ¿Realmente ayudarán a garantizar una alimentación digna, sostenible y justa?
El artículo 4º en su párrafo tercero refiere que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. Las reformas al respecto hacen énfasis en apoyos económicos y programas asistenciales como la pensión a adultos mayores de 65 años, apoyo a personas con discapacidad permanente y estudiantes. El artículo 27, referente a la propiedad de aguas y tierras, garantizará los apoyos del programa ahora llamado “Sembrando Vida”, además establece que “el Estado mantendrá los precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable”.
Este tipo de programas asistenciales están creados para generar “bienestar social” en los diferentes ámbitos de la vida de un ciudadano: laboral, salud, medio ambiente, económico, desarrollo cultural, rural etcétera. Hoy en día se hace énfasis en los llamados “Programas para el Bienestar”, los cuales mayormente son apoyos monetarios. Pocos son los programas enfocados a la salud alimentaria y escasas las reformas que garanticen el derecho a una alimentación saludable, sostenible y justa.
Ejemplo de estos programas son LICONSA, que en un sentido estricto es una empresa de participación estatal mayoritaria con precios subsidiados “accesibles” para la población, y el Programa de Desayunos Escolares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que (como su nombre lo indica) tiene la tarea de proporcionar desayunos a las infancias con orientación alimentaria, asegurando la calidad de los alimentos.
Los derechos alimentarios no solo deben basarse en el abastecimiento de alimentos, pues pensarlo así implica, de entrada, reducir la importancia alimentaria y dejar fuera a mucha población entre infancias, juventudes, adultos y adultos mayores. Si bien estos programas cubren a ciertos sectores mayormente vulnerados, el Estado debe poner atención a la diversidad poblacional con la que cuenta. Por un lado están quienes no cuentan con las posibilidades de adquirir los alimentos necesarios y, por otro, quienes sí tienen acceso a estos productos pero no cuentan con una cultura alimentaria saludable.
Que los temas alimenticios, de salud y bienestar figuren a nivel constitucional es un gran avance, pero garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad requiere mayores esfuerzos. Con las reformas a los artículos mencionados se abre una vía de acción en cuestiones alimentarias, pues intentan generar estabilidad económica en las familias mexicanas, situaciones justas entre los productores y estabilidad en el precio de los productos. ¿Pero los apoyos deben ser limitados a lo económico? ¿Cómo podemos hacer frente a las prácticas de mala alimentación y consumo desmedido de productos hiperprocesados?
La desinformación (y en estos tiempos digitales la sobreinformación) es uno de los principales agentes para el consumo inadecuado de los alimentos. El marketing publicitario de productos como bebidas o alimentos “chatarra” ha aumentado el uso de recursos cotidianos de la población para lograr un consumo constante y creciente. De allí que exista una falta de exigencia y reclamación por detener el consumo de productos dañinos para la salud, sin contar el grado de contaminación y explotación de bienes comunes, como el agua y la tierra.
Estas reformas y sus implicaciones deben ser tomadas con cuidado, sobre todo si buscamos garantizar derechos como la salud, la alimentación y la vida digna. Así lo sostienen integrantes del “Mercado Alternativo” y del movimiento “Sin Maíz No Hay País”, quienes hacen referencia a las consecuencias de tener en nuestra canasta básica alimentos transgénicos como el maíz, que además de mermar la salud ocasiona infertilidad en las tierras y sobreexplotación de los recursos que el campo nos brinda.
La producción de alimentos se ha complejizado si tomamos en cuenta factores como el cambio climático y las repercusiones de agroquímicos y pesticidas. Es una certeza la insuficiencia de recursos alimentarios para abastecer a las personas de productos nutritivos, originarios y de calidad. Sin embargo, la lucha por generar políticas óptimas, justas y salubres para el campo mexicano (nuestro principal proveedor de alimentos) no cesa. Aunado a esto, el Estado mexicano debería garantizar una distribución justa y no solo por la vía económica. Este proceso necesita el mismo cuidado, atención, tiempo y valor que requiere una semilla para generar frutos con cualidades indispensables para la salud humana.
* Moisés Abraham Hernández Lemus es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (@CentroVitoriaMX).