Redacción Animal Político · 26 de enero de 2024
En el 2024, México se encuentra ante un cambio trascendental en su historia electoral y penitenciaria. Más de 90,000 personas privadas de libertad en el sistema penitenciario mexicano tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto por primera vez. Este hito monumental no es una concesión, sino una conquista, arraigada en una sentencia de la Sala Regional que reconoció la importancia de otorgar este derecho a aquellos en prisión preventiva. A través del programa piloto implementado durante elecciones intermedias, la Federación y estados como Estado de México e Hidalgo allanaron el camino hacia la materialización de este derecho fundamental.
Esta sentencia de la sala regional resonará en la justicia mexicana, ya que aborda la cuestión del sufragio de las personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario mexicano y establece un precedente importante sobre la consideración de sus derechos humanos.
La Sala Regional rreconoció la existencia de derechos inherentes a las personas en prisión preventiva, apuntando hacia la necesidad de implementar programa piloto. Estos programas, llevados a cabo en algunos estados, demostraron la viabilidad y la importancia de garantizar este derecho. En este sentido, la Federación, Estado de México e Hidalgo se destacan como pioneros al haber realizado implementaciones exitosas, sentando precedentes para un cambio significativo en la participación electoral de quienes están privados de su libertad.
La concesión del derecho al voto a personas en prisión preventiva no es simplemente una victoria legal, sino que representa un paso crucial hacia la consolidación del modelo de reinserción social en el sistema penitenciario mexicano. Ya que reconoce a estas personas como sujetas de derechos, recalcando la importancia de tratarlas con dignidad y respeto, incluso en el contexto de su encarcelamiento.
Este derecho al voto se convierte, así, en una herramienta poderosa para fomentar la reinserción social. La participación en el proceso electoral es un acto de empoderamiento individual y también establece un puente crucial entre el individuo y la sociedad. Al permitir que las personas en prisión ejerzan su derecho al voto, se les ofrece la oportunidad de conectarse con el mundo exterior, reafirmando así su pertenencia a la sociedad y su capacidad para contribuir positivamente.
2024 se presenta como un periodo de retos importantes para las autoridades electorales y penitenciarias. La implementación efectiva de este derecho recién adquirido requerirá esfuerzos coordinados y un enfoque integral. Por ello, es importante establecer medidas que aseguren la participación activa y significativa de las personas privadas de libertad en prisión preventiva en este proceso electoral, garantizando que su voz sea escuchada y respetada.
Además, es esencial abordar las posibles resistencias y desafíos logísticos que puedan surgir en la aplicación de este derecho. La capacitación adecuada de personal penitenciario y la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de este cambio son pasos esenciales para superar las barreras que podrían surgir en este camino hacia la inclusión.
La participación en el proceso electoral no solo representa un ejercicio de derechos cívicos, es además una afirmación de la humanidad y la capacidad de cambio de quienes están en conflicto con la ley penal. La experiencia de los sistemas penitenciarios de los estados como Hidalgo y Estado de México, así como la Federación, nos muestra que este derecho puede ser implementado de manera efectiva y contribuir significativamente a la reinserción social.
El año 2024 se presenta como un año de transformación en términos de derechos electorales, en la manera en que la sociedad y las autoridades penitenciarias perciben y tratan a las personas en prisión preventiva y en pasos hacia la reinserción social. Por ello, se hace un llamado a la acción para construir un sistema más humano, empático y efectivo, reconociendo que la verdadera reinserción va más allá de privación de la libertad, la reinserción va hacia una integración plena de las personas en la sociedad.
* José Luis Gutiérrez Román (@JLuisASILEGAL) es Doctorante del Programa de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y director general de ASILEGAL.