Pueblos indígenas: derecho a la información y desastres naturales

El día jueves 20 de octubre de 2022, ARTICLE 19 en colaboración con el Centro de lengua y Cultura Zoque presentó el Informe “Transparencia Intermitente”. La importancia del Derecho a la Información en contextos de desastre: El caso del Huracán ETA en Chiapas, que tiene como objetivo visibilizar cómo se ejerció el derecho a la información al prevenir, atender o mitigar el impacto del Huracán ETA en las comunidades zoques del norte de Chiapas, que actualmente se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno.

En este trabajo se denuncia que la población zoque afectada sufrió el desplazamiento, y con ello, la pérdida de su territorio, propiedades, viviendas y trabajo, al tener que dirigirse a las cercanías de la cabecera municipal de Rayón, Chiapas, en donde las autoridades habilitaron un albergue y, según la opinión de los afectados, sufrieron condiciones de abandono por aproximadamente nueve meses.

El Centro de Lengua y Cultura Zoque documentó que entre las afectaciones que vivió el pueblo zoque del norte de Chiapas se encuentran: 95 puntos colapsados, la muerte de tres personas de las comunidades zoques, la pérdida total de viviendas en varias comunidades, tres deslizamientos de laderas de gran magnitud y el desplazamiento y la reubicación de 26 familias.

Del análisis de las 108 solicitudes de acceso a la información a instancias de los tres niveles de gobierno que se presentaron, las entrevistas a personas zoques afectadas y la revisión de artículos periodísticos para la realización de este Informe, se pone en evidencia que el enfoque del Estado en este caso fue reactivo, es decir, se llevó a cabo después de que ocurrió el desastre. A dos años del evento, se dirigió la atención a la emergencia, dejando de lado las acciones previas destinadas a la prevención, mitigación y gestión integral del riesgo de los desastres (GIRD), y para ello, el derecho a la información es útil y necesario para estos fines; sin embargo, no es contemplado ni abordado de manera adecuada por las dependencias oficiales de gobierno.

Aunado a lo anterior, la desaparición del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), sin alternativas, reglas, ni información clara y oportuna, reduce y afecta negativamente el nivel de coordinación institucional del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), por lo menos de forma inmediata o en el corto plazo. En un país con alto riesgo de desastres, se finalizó un instrumento de política financiera sin ofrecer una alternativa para sustituirlo de manera eficiente.

Asimismo, que la respuesta institucional y gubernamental del Estado mexicano ante el desastre provocado por el Huracán ETA tuvo un nivel de coordinación mínimo dada la complejidad de operación y de atención de los desastres. Esta falta de coordinación institucional creó vacíos de información y obstaculizó el ejercicio del derecho a la información.

De acuerdo con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgos de Desastres, para la toma de decisiones que permitan la reducción de riesgos de desastres se requieren el intercambio abierto y la divulgación de datos desglosados, así como un acceso fácil a la información sobre los riesgos, la cual debe estar actualizada, ser comprensible, tener una base científica y complementarse con los conocimientos tradicionales.

En México, a nivel federal se han recopilado estos datos por medio del Atlas Nacional de Riesgos, que es un sistema integral de información sobre agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis tanto temporal como espacial sobre la relación entre peligros, vulnerabilidad y grado de exposición de los agentes afectables.

De esta manera, existe una obligación de protección, la cual implica que el Estado realice acciones enfocadas en asegurar el ejercicio de los derechos humanos de la población. Es por ello que la gestión del riesgo de desastres está orientada a la protección de las personas, sus bienes, su salud, sus medios de vida y bienes de producción, así como los activos culturales y ambientales, al tiempo que se respetan todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, y se promueve su aplicación.

Por tanto, para que un fenómeno ambiental desemboque en desastre no es algo “natural”, sino que depende de acciones u omisiones humanas. El Estado juega un rol importante, ya que es el encargado de prevenir muchos de los riesgos asociados a estos eventos, así como de garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas, en especial de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desigualdad en el acceso a ellos.

* Mayra López Pineda es coordinadora del proyecto de acceso a la información y transparencia proactiva para ARTICLE 19 oficina para México y Centroamérica.