Democracia y derechos erosionados

El INE ha elaborado y hecho público un documento técnico (ver aquí) en el que se analiza el impacto de la propuesta legislativa (Plan “B”) de Morena y partidos aliados para cambiar por completo las actuales reglas electorales, la organización de los comicios y la capacidad del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para ello.

Tras una multitudinaria marcha ciudadana en contra de reformar algo que funciona (el INE y los OPLE organizaron, ni más ni menos, los procesos electorales en los que Morena y el actual presidente del país obtuvieron su triunfo en 2018 y en diversas gubernaturas estatales de esa fecha a hoy), el gobierno federal, a través de su representación partidaria en el Congreso de la Unión, ha elaborado y presentado una propuesta para reformar la Ley General de Comunicación Social, la Ley de Responsabilidades Públicas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En conjunto, las reformas propuestas por Morena en el Congreso de la Unión (y que están a punto de ser aprobadas por la Cámara de Diputados) violan preceptos constitucionales, tratados internacionales sobre derechos humanos, lesionan derechos políticos de las personas, ponen en riesgo los datos personales que los ciudadanos entregan al INE para contar con una credencial de elector (fotografía, huellas dactilares, domicilio, firma), garantizan que los procesos electorales sean un desastre plagados de impugnaciones y falta de certeza, violan el pacto federal, debilitan a las instituciones que hasta hoy han organizado exitosa e imparcialmente 330 procesos electorales y hacen más suaves las sanciones para los partidos que incumplan la ley electoral.

La democracia mexicana está en riesgo como nunca antes. Ninguna fuerza política, sea de izquierda o de derecha, puede atentar contra las reglas e instituciones democráticas. El INE y los OPLE son instituciones que esencialmente garantizan derechos políticos de las ciudadanas y ciudadanos: votar y ser votada/o. El principio democrático es increíblemente sencillo, pero endiabladamente complicado de realizar: que cada persona mexicana mayor de 18 años pueda tener una credencial de elector que le acredite como votante; que el día de la elección pueda elegir entre opciones que compitan en un marco de equidad; que haya una casilla cerca de su domicilio; que en esa casilla haya ciudadanas y ciudadanos que cuenten los votos de manera imparcial; que cada casilla reciba la papelería necesaria y correspondiente a los votantes inscritos en dicha casilla; que el conteo sea sencillo para reducir el riesgo de impugnaciones; que los resultados de cada casilla se coloquen a la vista de todos al finalizar el conteo; que sólo voten las y los ciudadanas y ciudadanos que hayan sido empadronados y que ese padrón electoral esté perfectamente actualizado para que los partidos políticos puedan inspeccionarlo y verificar que no hubo gente dejada fuera de él por simpatías partidarias de cualquier tipo; que los datos personales que las personas entregan al INE para elaborar el padrón estén perfectamente protegidos para evitar robos de identidad; que las autoridades electorales cuenten con personal suficiente, capacitado, profesional e imparcial para capacitar a los millares de ciudadanas y ciudadanos que participan en cada contienda electoral como funcionarios de casilla; que existan funcionarios que atiendan a las ciudadanas y ciudadanos que desean obtener una credencial de elector o registrar un cambio de domicilio; que existan funcionarios que realicen recorridos territoriales por cada rincón del país para decidir en dónde debe instalarse una casilla para que todo mundo pueda votar…

Lo dicho: el principio democrático que garantiza el voto y ser votada/o es muy sencillo, pero impresionantemente complejo de llevar a la práctica. ¿Quiénes hacen posible esta tarea titánica? Servidores públicos del INE que llevan años trabajando en ello y que forman parte de un servicio civil que entre otras cosas garantiza que cuenten con los conocimientos e imparcialidad para ello. La reforma de Morena pretende desaparecer al 84 % de estos servidores públicos. ¿El argumento? La austeridad…

No se necesita tener más de un dedo de frente para entender las consecuencias de esta lógica que todo lo traduce a sus costos monetarios (¿suena neoliberal?). Imagine usted que la/lo van a operar del corazón, pero el gobierno decide que el derecho a la salud sale muy caro, de manera que al entrar a la sala de operaciones el material quirúrgico no está esterilizado. En lugar de un cirujano, asistentes, anestecista y enfermeras, sólo está el cirujano que debe realizar las tareas de todos. Los materiales del equipo que van a ponerle para que su corazón funcione no son los óptimos. Los focos de la sala de operaciones están fundidos. Y la lista de pacientes para entrar al quirófano se realiza con criterios distintos a la urgencia, gravedad y orden de la solicitud. Imagine que las muestras de sangre que le toman las pueden vender a particulares para que tengan su DNA porque no hay controles suficientes. El cirujano opera sin tapabocas y usted no está plenamente sedada/o porque no hay recursos para comprar suficiente anestesia… la austeridad lesiona derechos.

La Constitución es clarísima en su artículo 1º, cuyo contenido irradia a toda la institucionalidad con la que cuenta el Estado mexicano y la dota de un mandato absolutamente diáfano. Dice el artículo 1º: “… Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

El mandato constitucional es diáfano: tratándose de derechos humanos (como votar y ser votado, proteger datos personales o garantizar el derecho de asociación), el Estado mexicano debe: a) dar la protección más amplia (y no la más barata); b) tomar en cuenta que la afectación de un derecho afecta a los demás derechos, y c) que las autoridades deben siempre hacer más (y no menos) para garantizar derechos humanos. Una institucionalidad mejor (presupuesto, servidores públicos capaces, normas y procedimientos, sistemas de controversias, tecnología, etc.), garantiza mejor los derechos de las personas.

En el caso Castañeda Gutman vs. México, de 2008 (ver aquí), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya advertía la estrecha relación entre la institucionalidad que regula los procesos electorales y la garantía de los derechos civiles y políticos involucrados (derecho a votar y ser votado, libertad de expresión, de asociación, etc.): “En el ámbito de los derechos políticos la obligación de garantizar resulta especialmente relevante y se concreta, entre otros, en el establecimiento de los aspectos organizativos o  institucionales de los procesos electorales, a través de la expedición de  normas y la adopción de medidas de diverso carácter para implementar los derechos y oportunidades reconocidos en el artículo 23 de la Convención. Sin  esa acción del Estado los derechos a votar y a ser votado, simplemente, no  podrían ser ejercidos. Los derechos políticos y también otros previstos en la Convención como el derecho a la protección judicial, son derechos que “no pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que los consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulación normativa e, incluso, sin un complejo aparato institucional, económico y humano que les dé la eficacia que reclaman, como derechos de la  propia Convención (…), si no hay códigos o leyes electorales, registros de  electores, partidos políticos, medios de propaganda y movilización, centros de  votación, juntas electorales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, éste sencillamente no se puede ejercer, por su misma naturaleza”.

La misma idea animó a la Corte Interamericana en el caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela, de 2018 (ver aquí): “A diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la Convención que se reconocen a toda persona, el artículo 23 de la misma no sólo establece que sus titulares gozan de derechos, sino que agrega el término “oportunidades”, lo cual implica la obligación del Estado de garantizar con medidas positivas y de generar las condiciones y mecanismos óptimos para que toda persona formalmente titular de esos derechos tenga la oportunidad real para ejercerlos, de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. En este sentido, es necesaria la existencia de institucionalidad y mecanismos de carácter procedimental que permitan y aseguren el efectivo ejercicio del derecho, previniendo o contrarrestando situaciones o prácticas legales o de facto que impliquen formas de estigmatización, discriminación o represalias para quien lo ejerce”.

La reforma electoral que Morena y sus aliados están por aprobar daña sus derechos, lectora, lector. Y por ello, viola la Constitución y el conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos que México ha firmado. Los procesos electorales que se realicen con esas nuevas reglas no darán certeza a nadie; habrá quien vote dos veces y quien no pueda hacerlo porque el padrón electoral no estará actualizado; habrá representantes de partido en las casillas que nadie reconozca por la premura de su nombramiento por los partidos; tendremos una peor fiscalización sobre los partidos políticos y no será posible anular candidaturas a quienes no informen sobre sus gastos de campaña o los excedan; usted tendrá que ir mucho más lejos para encontrar su casilla pues no alcanzará para instalar las que hasta hoy se instalan; sus datos personales estarán a la venta en cualquier parte; los funcionarios de casilla estarán mal capacitados y posiblemente tendrán sesgo político pues no podrán ser sometidos al proceso actual de insaculación; tendremos un árbitro electoral debilitado y sin capacidades y partidos políticos fortalecidos para afectar negativamente la equidad de la contienda; será muchísimo más difícil y tardado obtener una credencial para votar pues colapsará la actividad de los módulos que hoy maneja el INE a la perfección.

Defender las reglas electorales actuales, que entre otras cosas hicieron posible la llegada al poder de Morena a la presidencia y a 20 gubernaturas -lo que hace evidente que dichas reglas funcionan al garantizar que el voto popular se traduzca en autoridades electas y haya alternancia-, significa defender la institucionalidad que tenemos. Defender al INE significa defender sus funciones y esas funciones son garantizar el derecho de todos a votar y ser votadas/os en un marco de equidad, certeza e imparcialidad. La soberanía popular, la democracia y los derechos políticos de todos están en riesgo.

* Sergio López Menéndez es consultor independiente.