Democracia cotidiana, ausente

 

 

 

El fin de semana pasado, vecinos de la zona en donde se está construyendo la Supervía Poniente. y que buscaban salvar la tradicional Glorieta de las Quinceañeras: espacio emblemático de la zona arbolada que será sacrificada sin más por concesión ampliada de Supervía, fueron golpeados, arrastrados y reprimidos por fuerzas del orden del GDF.

La abdicación del gobierno local (prevalente en otros municipios y estados de la República) en sus funciones básicas, y la entrega a empresas privadas bucaneras como OHL, COPRI y RIOBOÓ son la regla en la búsqueda por parte del actual Jefe de Gobierno de un lugar que le permita competir en 2018 como el candidato ‘natural’ de las izquierdas.

Los testimonios del operativo granaderil  son más que elocuentes. Se buscó despejar la zona donde sólo quedarán cementerios de Árboles emblemáticos. Una suma que abarca ya la friolera de cientos de miles de Árboles en toda la ciudad, y bosques enteros de biomasa o follaje perdido sin remedio.

De poco sirvió la exhibición mediática y en redes, del brutal desalojo. La autoridad se sostiene en su dicho, y ha enviado como controlador de daños al Director de Obras Fernando Aboitiz para defender (con notarios fantasma) la ‘legalidad’ de su desempeño clandestino.

El curso de estos lamentables acontecimientos me obligó a recordar, por enésima ocasión, por qué Ebrard puede disponer de todos los instrumentos a su alcance, en ausencia de procesos colectivos de defensa que él mismo se encargó de descarrilar cuando presentamos el proyecto ante ALDF en Cuarta Legislatura 2009. La historia es conocida: Debemos contarla para que no se nos olvide.

Hace tres años ya se perfilaba la estrategia empresarial y de gobierno que acabaría por hacer naufragar un proyecto de Acciones Colectivas amplias e incluyentes, que la sociedad civil organizada planteó por primera vez en la Academia a partir de 2006. La Cámara de origen del proyecto de enmienda constitucional y reformas procesales era el Senado. Hubo varias reuniones y Mesas de Trabajo con sectores gubernamentales, Consejos empresariales y grupos de presión que revelaban a las claras el deseo de limitar los alcances de estas herramientas jurídicas a su mínima expresión. Hubiera sido políticamente suicida abortar todo el proyecto: por eso la labor de demolición debía dejar apenas la fachada discursiva, y la corrección política que representaba contar con Acciones de mentiras.

Un grupo de activistas, ONG, académicos, abogados especializados como y ciudadanos comprometidos con el proyecto desde sus inicios a nivel federal en el año 2007, pensó que éste quizá correría mejor suerte en el DF. Después de todo, representaba la oportunidad de desmarcarse del obstruccionismo prevalente a nivel federal.

Del colectivo que se sumó para tratar de impulsar este tema, y que incluía a especialistas mexicanos y extranjeros, hubo algunos abogados con experiencia recientes en la ALDF que pensaron que en el Distrito Federal se encontraría una atmósfera mucho más receptiva.

Se trabajó arduamente con algunas fracciones parlamentarias que por distintos motivos mostraron disposición a trabajar conjuntamente. Fue un proceso tortuoso y laberíntico, pero al final la Comisión de Procuración de Justicia aprobó la posible adopción de Acciones Colectivas al nivel de otros países que han hecho de este mecanismo de defensa ciudadana, una palanca de cambios estructurales profundos en distintos ámbitos. A diferencia de su versión federal, se contemplaban incluso daños punitivos, para meter en cintura a proveedores públicos y privados abusivos.

Todo estaba listo para someter a consideración el dictamen en el pleno, pero topamos con una barrera infranqueable: el propio gobierno de Ebrard. Jorge Gaxiola, principal cabildero de los bancos de México: uno de los que redactaron la Ley Secundaria llena de candados a nivel federal, también dobleteó como ‘asesor’ (sic) de la Consejería Jurídica del GDF. Extraña paradoja: que una administración que apoyó importantes reformas en materia de derechos de elección y reproductivos y matrimonio de personas del mismo sexo, haya sido tan obstruccionista y recalcitrante como los legisladores de las dos Cámaras que secuestraron la propuesta ciudadana, y que serán figuras de primer nivel en el sexenio de la Restauración PRIísta: Jesús Murillo, Ildefonso Guajardo, etc.

Algunos diputados locales en la quinta legislatura buscaron aportar su grano de arena, y subir una iniciativa similar a la que naufragó en agosto de 2009 y que pronto fue congelada por los mismos protagonistas del primer ensayo: la Consejería Jurídica, y una mayoría de perredistas que optaron por quedar bien con Ebrard, y ahora por extensión con el nuevo conductor de los destinos de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX), y su camarilla.

México llega tarde y mal a la democracia cotidiana. Por eso el retorno de los vicios autoritarios con boato televisivo, ha sido tan terso y hasta predecible

Democracy on the Cheap, dirían algunos comentaristas anglosajones. No por sus abultados costos, sino más bien por los paupérrimos resultados para una ciudadanía que ante actos arbitrarios de Gobiernos y Empresas-Estado sin escrúpulos, vive en la indefensión arquetípica.

De esta tajante negativa, a pesar de que ya se había dictaminado el proyecto y se encontraba listo para que se debatiera en el pleno de la Asamblea previo a su votación, se derivan las consecuencias que estamos padeciendo en la ciudad los que buscamos defendemos el medio ambiente ante la guerra sin cuartel que el GDF ha declarado en contra de las Áreas Verdes, o el sentido común, o esquemas modernos de movilidad urbana. Todos, estorbos a la carrera de Marcelo Ebrard por su ansiada precandidatura.

No existen aún equilibrios sociales que eviten hoy día la construcción de esperpentos viales e inmobiliarios, o que los Derechos Humanos de grupos vulnerables se vean, con hechos, fortalecidos. Será una ruta trabajosa, que algún día (a pesar de la oposición de grandes empresas, partidos, sindicatos, y cúpulas indispuestos a perder privilegios y canonjías) tendrá que culminar a favor del Bien Común y el Interés Público.