Delincuencia organizada: todos saben, nadie sabe

Lo leí y lo escuché por vez primera a finales de los ochenta, cuando empezaba mis estudios sobre la delincuencia organizada. Policías, militares, ministerios públicos y peritos fueron mis primeras fuentes: todo mundo sabe quién está en esas actividades, coincidían. Tres décadas después, a la primera oportunidad, me lo comparten con idénticas palabras como también lo hacen ahora las víctimas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, líderes vecinales, personas que hacen investigación académica y periodística especializada, operadores en terreno de prevención del delito, personal de juzgados cívicos, alcaldes y alcaldesas, titulares de secretarías de seguridad pública y de las fiscalías, legisladoras y legisladores. Y siendo uno de los temas sobre los que consulto vaya a donde vaya en el país, nunca falta el taxista, la mesera, la recepcionista del hotel, el vendedor de periódicos, la expendedora de gasolina que lo repite: “aquí todo mundo sabe quién anda en esas”.

Así que todo mundo sabe y nadie sabe. O sea, en la calle está más o menos clara la cosa; pero en las instituciones del Estado “no”, no al menos si vemos la promesa política y jurídica de desarticular la delincuencia organizada. La frase además viene acompañada, la inmensa mayoría de las veces, de la más absoluta incredulidad respecto a una posible contención; en el territorio manda la organización que logra imponerse, el gobierno lo sabe, a veces los acuerdos están claros, a veces no, a veces compiten, a veces se matan y a veces no; pero así ha sido siempre y así será, me dicen consistentemente ya por tres décadas.

Claro, lo conveniente siempre es cruzar las fuentes. En visitas a más de ocho fiscalías estatales hace un par de años, en todas me repitieron que la FGR -antes PGR- no hacía nada para perseguir el crimen organizado, o que no tenían relación de coordinación confiable con ella en el tema. Y desde el ángulo federal, es igual consistente el testimonio de la mayor desconfianza hacia la procuración de justicia local (las excepciones aparecen en relatos asociados a grupos de trabajo temporales).

El discurso oficial público tiene su propio cauce. La narrativa es la de siempre: vamos tras los malos, somos más los buenos y algún día acabaremos con la delincuencia organizada. A cielo abierto, en estricto sentido, jamás hay detalles del cómo y el refugio -útil desde el lado del Estado y popular desde el de la sociedad- es meter todo en esa caja negra llamada seguridad nacional (apenas hace unos días discutí en esta columna la opacidad de la Guardia Nacional y de inmediato alguien en Twitter reclamaba que lo que estamos pidiendo saber -todo basado en la ley y en una interpretación no restrictiva del principio de máxima publicidad- no nos lo dirían en ninguna parte del mundo. Lo importante del reclamo, más que su falsedad, es la auto inhabilitación social del derecho a saber).

Así que, por motivos de seguridad nacional -instrumentalizada como una cláusula de habilitación de poderes (Barcelona Llop, 1997)-, los detalles no están a discusión pública -diga lo que diga la ley-. Y como los detalles no están a discusión, pues no hay manera de saber qué es lo que realmente pasa adentro de esa caja negra.

Podemos mirarlo así: en la calle se sabe, en las instituciones “no” -a juzgar por los resultados- y en el discurso: mejor que nadie sepa.

La maquinaria para que mejor nadie sepa es avasalladora; es política, es mediática y es social. No hay movimientos políticos ni sociales potentes, auténticamente comprometidos con desmontar la delincuencia organizada; los medios de comunicación que indagan a profundidad son limitados y las investigaciones periodísticas que en ocasiones hacen los de gran cobertura son esporádicas, al parecer, mucho más por intereses políticos, que por una agenda de investigación independiente soportada en estándares profesionales y éticos.

Otra narrativa oficial, no pública, viene de operadores institucionales que relatan con detalle qué hacen para desarticular a la delincuencia organizada. Cuento con centenas de testimonios de operadores del Estado que platican su historia desde una visión generalmente maniquea, superficial y simplista -que jamás ponen a discusión-, donde hay buenos y malos; son relatos que siempre entran en terrenos de enorme complejidad porque las torturas, las masacres y las desapariciones pueden ser malas o buenas, según de qué lado se les utilice -un relato de hace un par de meses refirió en positivo una campaña de exterminio de sicarios en el norte del país-.

Cuento además con relatos que incluyen operaciones, enfrentamientos, tecnología, armamento y saldos propios de una guerra (por cierto, cada vez más mandos policiales me repiten que la intervención militar en el combate a la delincuencia organizada no es lo mejor, pero que no hay de otra ya que esa es la parte de la guerra que a ellos les toca).

Y algo que siempre me ha impresionado mucho es que, desde esos relatos, el hecho de que la sociedad sepa o no lo que realmente pasa es incluso irrelevante, porque, a juicio de las y los operadores, de todas maneras, jamás se va entender a cielo abierto de qué está hecha la guerra. Relatos representativos de culturas institucionales que, en la práctica, desprecian profundamente la transparencia y el acceso a la información porque, bajo un paradigma donde los fines sí justifican los medios, el derecho a saber es significado como un obstáculo de la manera de hacer “correctamente” las cosas. Es el terreno de las auténticas e inconfesables -al exterior- prácticas asimiladas como indispensables para cumplir la tarea.

No sobra enfatizar que tal disponibilidad del principio de legalidad implica que, a quienes primero da la espalda todo este arreglo de macro simulación es precisamente al segmento de operadores institucionales que, en efecto, arriesga absolutamente todo tratando de conseguir los fines, pero también respetando los medios, para hacer valer el Estado de derecho -tampoco paran estos relatos de las historias de vidas destruidas por las propias instituciones, en contra de quienes lo intentan-.

Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando con la delincuencia organizada en México? Miren este párrafo de Falko Ernst: “esas zonas, allí donde se manifiesta de manera abierta el poder ilegal armado, no son enclaves autónomos. Su existencia -y persistencia- se negocia, día a día, con diversos entes del estado. El autor se viene asomando a profundidad a territorios en disputa donde poderes formales e informales están imbricados en torno a mercados ilegales diversos.

Disputa que ha llevado a México a los más altos lugares del mundo en el crecimiento de homicidios violentos.

Nada nuevo en todo este rollo, se podría decir. Vale. Puede ser, si nos queremos quedar con el todos saben, nadie sabe, mejor que nadie sepa. Nada nuevo, si está el país cómodo en el equilibrio actual que impide fracturas mayores, sea cual sea el poder y las violencias asociadas a la delincuencia organizada. Nada nuevo, si el negocio de la guerra domina sobre la construcción de paz; nada nuevo, si mucha gente sigue en la zona de confort produciendo leyes y más leyes, independientemente de verificar para qué sirven (miren este elocuente ejemplo: en el 2018 entró en vigor la ley general en materia de desapariciones y, al 30 de abril de 2020, “La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas no ha publicado los lineamientos de operación, la metodología y la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; al día de hoy, no hay cifras confiables sobre esta crisis humanitaria”.

El más reciente testimonio que repite la certeza de que todo mundo sabe quién participa en la delincuencia organizada me lo dio un mando policial operativo hace unos días. Apenas unas horas antes de escribir esto, lo refirió un exsecretario de seguridad pública municipal en un seminario.

Así vamos, delincuencia organizada: todos saben, nadie sabe.

@ErnestoLPV