Delincuencia organizada e instituciones desorganizadas

Por Susana Camacho*

Recientemente se publicaron los resultados del Índice Global de Delincuencia Organizada 2025. Es una herramienta que evalúa y compara los niveles de criminalidad (por mercados y actores delictivos) y la fortaleza de los estados frente a las redes delincuenciales, lo que en el índice se denomina “Resiliencia”.

México aparece en tercer lugar de 193 países con mayores problemas de crimen organizado, solo detrás de Colombia y Myanmar (país que se encuentra en guerra civil desde 2021). También ocupa el segundo lugar a nivel mundial tanto en tráfico de personas como de cocaína, y la cuarta posición en tráfico de drogas sintéticas.

En cuanto a fortaleza estatal o resiliencia, nos encontramos ligeramente más abajo del promedio de países evaluados y justo por debajo de Ucrania. Para medir la resiliencia se evalúan el liderazgo y la capacidad de gobernanza de la autoridad, la transparencia y la rendición de cuentas, la cooperación internacional, las políticas internas, la aplicación de la ley, la integridad territorial, las medidas contra el lavado de dinero, la capacidad de regulación económica, el apoyo a víctimas y testigos, y la prevención del delito. De acuerdo con el índice, en México hay cierto nivel de institucionalidad, aunque se percibe un deterioro en áreas como transparencia y fortaleza del Poder Judicial. Sin embargo, los factores que definen la baja calificación de México son la corrupción y la impunidad, que persisten y erosionan las capacidades de las autoridades para hacer frente al crimen.

La mala comunicación es la norma

Más allá de conceptos amplios y estructurales que podrían revelar porqué en México seguimos sin poder investigar, procesar y sancionar a redes de criminalidad, hay un par de cuestiones básicas. No hay fines y valores comunes para lograr comunidades seguras, y a nivel operativo tampoco existen fuerzas de tarea o de trabajo conjuntas.

Como lo hemos apuntado en el estudio Radiografía de las Fiscalías, hay un flujo deficiente de la comunicación al interior de las fiscalías y con otros actores —sean instituciones o las propias víctimas—. Esto provoca que las investigaciones no avancen y muy pocos casos se judicialicen (sobre todo cuando se trata de organizaciones criminales).

Imaginemos el caso de una red criminal que opera en una región que abarca varios estados del país. El principal objetivo económico de este grupo delincuencial es la venta y tráfico de drogas sintéticas y, para llevar a cabo sus fines, corrompe autoridades, comete homicidios, compra armas, desaparece personas, extorsiona a la comunidad, roba vehículos y motocicletas, etcétera. Los diferentes delitos pueden ser investigados tanto por la Fiscalía General de la República como por distintas fiscalías estatales, y al interior de estas, cada tipo de delito podría ser asignado a distintas fiscalías especializadas. El resultado es que la investigación y las posibles estrategias de litigio se fragmentan. Tampoco se define cuál instancia o persona será responsable última de la investigación y persecución de los delitos.

Por cada delito, además, se realizan distintas diligencias de investigación, periciales o análisis de datos. En la mayoría de las fiscalías, esto se solicita mediante oficios u órdenes escritas por los fiscales o ministerios públicos y dirigidas a peritos, policías de investigación o analistas. Pocas son las fiscalías en las que están instaladas como práctica cotidiana las reuniones cara a cara de fiscales, policías, analistas y peritos en torno a un caso de una red criminal, en las que se propongan diligencias y líneas de investigación en torno a un fin común. Es mucho menos frecuente que en estas reuniones haya colaboración entre personal operativo de otras instituciones o que se acepten evidencias aportadas por las víctimas.

En la mayoría de las fiscalías sigue instalado un modelo de gestión a la vieja usanza. Ministerios públicos de mesa y adscritos a juzgados; fiscales que “integran” carpetas de investigación (comúnmente, solo agregan oficios y algunos resultados a expedientes de papel); y fiscales que van a audiencias (muchas veces sin conocer bien los casos más que en papel). El resultado: investigaciones que se fragmentan por tipos penales, entre varias fiscalías, asignadas a distintos tipos de fiscales o ministerios públicos, con pocos elementos útiles y eficientes para llevar un caso a juicio. Cada unidad u oficina dentro de las fiscalías ve por sus propios objetivos, y lo mismo sucede con otras instituciones. Es decir, la delincuencia está organizada y las autoridades, desorganizadas.

¿Y si nos organizamos y cooperamos para un fin común?

En otros países los problemas de crimen organizado se abordan desde lo que se denominan “task forces” o fuerzas de tarea. En Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de esfuerzos sirven para la investigación de fenómenos criminales de redes multijurisdiccionales que atraviesan diversos estados. En una task force participan los tres órdenes de gobierno y sus policías: local, estatal y federal. Hay responsables, objetivos comunes, métodos de trabajo, reuniones periódicas y definición de fuentes de financiamiento. Una de sus características es la flexibilidad para su integración. En las más exitosas se designan fiscales como responsables desde la investigación hasta la presentación del caso en tribunales.

Obviamente para llegar a este tipo de prácticas se requieren altas capacidades profesionales, definición clara de roles y responsabilidades, confianza entre instituciones y operadores, y establecimiento de indicadores de resultados. Sobre todo, requiere el compromiso de lograr el objetivo común trazado para la “fuerza de tarea”.

Tal vez la construcción de resultados contra el crimen organizado deba abordarse en México desde lo más básico –—asumiendo que no toda respuesta vendrá desde lo federal, aunque sin duda es fundamental su apoyo—, que es reunir equipos de trabajo profesionales, con personal especializado, que tengan canales de comunicación constantes y claros, y sean responsables de los resultados frente a las comunidades que sufren las consecuencias de los delitos.♦ 

*Susana Camacho es coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa.

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