La Defensoría Pública se suma a las filas de la impunidad en el combate a la tortura

Tal parece que hemos olvidado que la práctica de la tortura en México es generalizada, como lo dijo el entonces Relator de las Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez, tras su visita a México en el 2014. Casi una década después, a pesar de que existen avances en la materia, estamos lejos de eliminar esta práctica y garantizar justicia a quienes la han sobrevivido. De esta lucha se aparta ahora el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que todavía podría asumir la posición que le corresponde. Por lo pronto, la falta de resultados indica que la política actual es la de sumarse a las filas de los agentes de impunidad que permiten que en México la gente sea torturada, sin consecuencias de ningún tipo.

En junio de 2019 se creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos (STCT) dentro de la Dirección General del IFDP, como un esfuerzo institucional para contribuir a saldar la deuda que tienen las instituciones mexicanas con las personas sobrevivientes de tortura. La primera tarea fue identificar la magnitud del problema para establecer una estrategia de acciones estructurales. Se solicitó a las personas defensoras públicas informasen sobre los casos que contaron con representación pública que pudiesen involucrar actos de tortura o malos tratos desde el 2011. La respuesta fue abrumadora: tan solo en los primeros meses desde su creación, la STCT identificó más de 7 mil posibles casos de tortura, de los cuales solo se tenía registro de 44 denuncias presentadas por dicha institución.

En consecuencia, entre septiembre de 2019 y mayo de 2022 se presentaron más de 5 mil denuncias por la posible comisión de actos de tortura o malos tratos en contra de agentes federales y estatales. Estas denuncias fueron el inicio de una estrategia de litigio que hoy en día sigue rindiendo frutos, a pesar de la falta de continuidad y la ausencia de nuevas acciones por parte de la dirección actual.

A la par que se denunciaban actos de tortura cometidos, se presentaron cientos de demandas de amparo reclamando la inactividad de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales en las investigaciones de este delito. Derivado de estas demandas se han iniciado juicios penales, por ejemplo, en contra de agentes de la SEMAR, por violaciones cometidas hace más de una década.

Gracias a esta estrategia de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la STCT tiene interés legítimo para acudir al amparo e impulsar las investigaciones por el delito de tortura, en beneficio de las personas que cuentan con defensa pública federal. Este reconocimiento fue resultado de dos años y medio de litigio estratégico, con más de una centena de juicios tramitados en circuitos judiciales de todo el país. Es una herramienta que abre la puerta a las instituciones públicas encargadas de garantizar el acceso a la justicia de las personas sobrevivientes a través de acciones legales, evitándoles obstáculos materiales y legales característicos en este tipo de casos. Lamentablemente, desde enero de 2023, la STCT únicamente ha presentado tres demandas de amparo para impulsar investigaciones, desperdiciando esta valiosa herramienta legal que, en consecuencia, deja a cientos de sobrevivientes de tortura en absoluta indefensión como víctimas del delito.

Dentro de esta estrategia legal se sometió a juicio también el incumplimiento de la FGR de implementar correctamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fruto de la lucha de las personas sobrevivientes de tortura, sus familias y organizaciones que les acompañanan. En particular, derivado de los juicios interpuestos por la STCT, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la falta de operatividad y creación del Registro Nacional del Delito de Tortura constituye también una omisión en el deber de investigar diligentemente el delito de tortura. Un mes después, la FGR publicaría por fin los Lineamientos de Operación del Registro Nacional del Delito de Tortura. La operatividad y correcto funcionamiento de este registro está en duda; su creación -aunque tardía-, fue resultado de la estrategia iniciada por la STCT en el 2019.

Ahora, la autoridad responsable de investigar la tortura y los malos tratos a nivel federal es la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura (FEIDT), dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos a cargo de Sara Irene Herrerías Guerra.

Según los informes anuales de la FGR, entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 se consignaron o “judicializaron” 53 investigaciones (6 en 2020, 15 en 2021 y 32 en 2022). Es un número ínfimo en comparación con la cantidad de investigaciones en las que la fiscalía ha determinado no ejercer acción penal, archivar, abstenerse de investigar, declararse incompetente, o acumular más de una investigación (2,243 entre el 2020 y 2022). La diferencia entre el número de asuntos consignados en 2022 respecto del 2020, aunque insuficiente, es proporcional al incremento en las acciones legales que realizó la STCT entre el 2019 y 2022.

El 2023 inició para la FEIDT con 3,742 investigaciones pendientes de determinar. Es decir, desde el 2020, que inició con 4,982 investigaciones pendientes, hasta finales del 2022, la fiscalía se ha “deshecho” de casi la mitad de ellas sin haber llevado ante la justicia a las personas que pudiesen ser responsables. Las razones que llevaron a la fiscalía a “deshacerse” de estas investigaciones las debe dar dicha institución.

Las estrategias de la STCT también implicaron el aumento del acceso a los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las personas sobrevivientes de tortura. Según la información rendida por el Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2019 tuvo conocimiento de 673 casos, mientras que en el 2022 fueron 1,723, casi el triple.

Desgraciadamente, desde la llegada de Taissia Cruz Parcero como Directora General del IFDP, designada por la Ministra Norma Piña, se adoptó una política institucional de complicidad en la impunidad que rodea los casos de tortura. De acuerdo con la respuesta a la solicitud de transparencia 330030423001999, durante su primera semana a cargo de la institución, se reunió con la Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.

Desde entonces, la política institucional ha sido, por un lado, la de no denunciar todos los casos en los que se presume se pudiesen haber cometido actos de tortura o malos tratos, como lo ordenan el Derecho Internacional y la normativa mexicana, y por otro, la de no ejecutar algún tipo de estrategia legal para impulsar las investigaciones penales. La omisión de las personas funcionarias de denunciar los posibles actos de tortura de los que tienen conocimiento en el ejercicio de sus funciones es un delito en México. A esta preocupación se suma la falta absoluta de estrategias de litigio e incidencia, en general, para el combate a la tortura desde el IFDP.

Según información disponible en el Portal Nacional de Transparencia  entre el 1º de abril y 4 de agosto de 2023 la STCT presentó 7 denuncias y las personas defensoras públicas presentaron 87. Durante años, la práctica de la defensa pública federal fue la de conformarse con “dar vista” al Ministerio Público de las posibles violaciones a los derechos humanos. Por lo general, esto se cumple como mera formalidad de las personas defensoras y las personas juzgadoras, olvidándose del asunto y dejando al arbitrio de la buena voluntad del Ministerio Público el acceso a la justicia para las personas sobrevivientes de tortura. La STCT debe cerciorarse de que las denuncias de la defensa se presenten ante la autoridad competente, es decir, la FEIDT en el caso de agentes federales y las fiscalías especiales locales en el caso de agentes estatales. No hacerlo así propicia la reclasificación de los hechos a delitos con penas menos severas y un trato legal distinto, y con ello la impunidad.

La correcta identificación, documentación y atención de casos de tortura desde la defensa penal requiere de herramientas institucionales que faciliten la labor de las personas defensoras. Desde la llegada de la Directora designada por la ministra Norma Piña, según información recogida de la titular de la STCT, no ha realizado acciones de mejora, manuales o protocolos para la atención de asuntos que involucren tortura o malos tratos. La ausencia de estas acciones impacta negativamente en el número de casos identificados y denunciados por el personal del IFDP.

Por otro lado, el papel de la STCT y las personas defensoras en el monitoreo de las condiciones carcelarias en las que viven las personas representadas y la defensa legal de sus derechos frente a la represión del sistema penitenciario, es crucial. Hasta agosto del 2023, la titular de la STCT habría realizado únicamente dos visitas a las cárceles mexicanas. La propia respuesta dada por el IFDP indica que la STCT ya no realiza acciones de monitoreo ni documentación de la tortura y malos tratos a nivel nacional. Si no existen acciones legales a favor de las personas privadas de libertad tras las visitas realizadas por funcionarias públicas a los penales mexicanos, se convierten en una mera promesa y falsa esperanza para aquellas personas que viven aisladas y abandonadas por la sociedad.

Relacionado con la ausencia de las instituciones en los penales, y particularmente en el femenil, el 9 de noviembre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó mediante Nota Informativa que 8 mujeres murieron en el CEFERESO 16 “presuntamente” por suicidio. Este centro penitenciario, el único federal para mujeres privadas de libertad, es una bomba de tiempo que cada cierto tiempo cobra las vidas de las internas. Desde febrero de 2023 Taissia Cruz tiene conocimiento de las deporables condiciones de internamiento y las afectaciones a la salud en las que viven las mujeres en el CEFERESO 16 y que fueron documentadas en más de mil entrevistas sistematizadas por la STCT. Parece que la atención a las mujeres privadas de libertad no son una prioridad en esta administración, donde tanto la Presidenta de la SCJN como la Directora del IFDP fueron reconocidas como las primeras mujeres en llegar al cargo.

Esta postura es sumamente conveniente para la Fiscal Sara Irene Herrerías, a quien por precedente judicial se le debe investigar (administrativamente) en todos los casos en los que se demostró que fue omisa en supervisar que el fiscal a cargo de las investigaciones por tortura realice correctamente su trabajo. En principio, estas investigaciones se deberían realizar en las docenas de juicios que ganó la STCT en contra de las autoridades investigadoras adscritas a la FGR.

La Directora del IFDP recibe un sueldo neto de $ 153,482 más prestaciones, más de $ 30,000 mil pesos mensuales de lo que recibía el Director anterior, que es el presupuesto designado para dicho puesto. La persona titular de la STCT recibe $97,617, más prestaciones. En el peligroso y nada productivo embate entre los poderes Ejecutivo y Judicial, donde los altos sueldos se utilizan como pretexto para atentar contra la independencia judicial, bien les vendría a las funcionarias “desquitar el sueldo” y entregar resultados. Particularmente cuando la ministra Norma Piña justifica el aumento del presupuesto en la necesidad de fortalecer la defensa pública (institución que, por cierto, no figuró en su Plan de Trabajo como Presidenta de la SCJN).

El próximo 15 de noviembre la SCJN resolverá el Amparo en Revisión 539/2023, relacionado con la obligación de los estados de crear fiscalías especializadas para la investigación del delito de tortura. También en los próximos meses resolverá un caso relacionado con la obligatoriedad de las medidas provisionales dictadas por el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, y el Amparo Directo presentado por Juana Hilda González Lomelí, implicada en el fabricado “Caso Wallace”. La llegada de estos casos a la SCJN fue resultado de estrategias de litigio iniciadas hace tres o cuatro años, y que recién están rindiendo resultados.

Hoy no existe una política institucional ni estrategia desde la defensa pública federal para contribuir al combate a la tortura y los malos tratos en México. Los precedentes judiciales se buscan a través de estrategias legales planificadas con anticipación, con base en el análisis de la realidad en la que vivimos. No existe en México ninguna institución u organización que esté en mejor posición que el Instituto Federal de la Defensoría Pública para hacer frente, por los medios legales, a esta práctica inhumana que, junto con la desaparición de personas, ha marcado la reputación del estado mexicano a nivel internacional.

* Salvador Leyva Morelos Zaragoza (@eseleyva1) es abogado defensor de derechos humanos.