Puebla: defenderse para morir

Indigna profundamente ver las noticias de la muerte cerebral de José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo (de 13 años), causada por el impacto de un proyectil disparado por los elementos de seguridad pública de Puebla, cuando regresaba de la escuela con su madre en el contexto de la protesta social del pueblo de San Bernardino Calchihuapan en contra de una medida tomada por el gobierno de Rafael Moreno Valle. Es inaceptable que las autoridades intentaran obligar a Elia Tamayo (mamá de José) a declarar en contra de su pueblo para inculparlos de una agresión culpa de las autoridades y firmar un documento para quitarles responsabilidades. Pero da náuseas saber que los principales responsables de estos actos probablemente no serán castigados. Qué barata “democracia”.

Hay que señalar responsables, porque la impunidad mata en el mismo grado que el autoritarismo. En mi opinión, tenemos que enumerar a los siguientes:

1. El Congreso del Estado de Puebla. En semanas pasadas, aprobaron una ley denunciada por numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos, por considerar que potencialmente violaba derechos humanos, contravenía los estándares internacionales en la materia y representaba riesgos para su uso arbitrario por las autoridades de seguridad pública. La entonces llamada #LeyBala hace hoy honor a su nombre. Las y los legisladores son responsables de su aprobación, pero también de no denunciar su procedimiento viciado y la presión del gobernador Moreno Valle para su aprobación. Hoy son también responsables por no denunciar ni exigir la comparecencia y responsabilidad penal de los otros implicados.

2. Rafael Moreno Valle. El gobernador de Puebla, ese personaje que gobierna con el estómago y que puede cambiar las leyes a su arbitrio con su poder absoluto en el Congreso, es también responsable como titular del Poder Ejecutivo del estado. Pero su responsabilidad no solamente se extiende al ámbito penal. Tras conocerse la muerte de José Alberto, ha declarado de manera irresponsable que quienes tienen la culpa del incidente son los pobladores de San Bernardino, por llevar “a menores como escudos a una acción ilegal”.[1] No debemos olvidar nunca a quien juega con los derechos y la vida de la gente, mucho menos cuando tienen el poder de mover a todo un estado con estos fines. El gobernador olvida que la protesta es un derecho y que una de las obligaciones que derivan del artículo 1º constitucional es la de garantizar la seguridad de todas las personas en las protestas (aun en el caso en que sean los manifestantes quienes agreden).[2]

[contextly_sidebar id=”7A6Nb5YndXXd7cwQ8snVry5UNqQdfd4P”]En esto no hay que confundirnos. Ni José Alberto fue usado como escudo, ni las autoridades cumplieron con sus obligaciones de garantizar la integridad y vida de los pobladores. Mucho menos respetaron el derecho a la protesta ni actuaron de acuerdo a los supuestos protocolos que no han sido mostrados y que existen sólo en el discurso. En este caso se utilizó una ley inconstitucional, que se desarrolló de manera arbitraria sin protocolos adecuados ni capacitación de los elementos de seguridad pública. Esta irresponsabilidad derivó en el asesinato de un niño de 13 años y en una marea de discursos oficiales que intentan dar vuelta a esta tragedia con la complicidad de los poderes del estado y el apoyo de los medios oficialistas que favorecen a Moreno Valle.

3. Facundo Rosas Rosas y Luis Arturo Cornejo Alatorre, el Secretario de Seguridad Pública del estado y el Subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, respectivamente. El primero, a cargo del operativo; el segundo, a cargo de presionar a Elia Tamayo para firmar a favor de las autoridades y en contra de los manifestantes de San Bernardino. Los dichos de Rosas Rosas, acompañando a los del gobernador, han ido encaminados al supuesto cumplimiento de protocolos y a la ausencia de uso de balas de goma y otras armas que resultaron en las lesiones y actos represivos en este caso. Los fotos y videos de las personas con disparos al cuerpo, con una mandíbula agujerada y con lesiones que sólo pueden ser causadas con disparos al cuerpo de armas de fuego, son ignoradas en su totalidad. El discurso estatal se dirige a reportes oficiales que niegan que la Secretaría de Seguridad contara con armas de balas de goma, porque en México los informes oficiales transforman la realidad así de fácil, con las firmas que sean necesarias.

4. Nosotros, los que callamos. Debemos preguntarnos qué grado de responsabilidad tenemos en todo esto. Cuando somos testigos de una injusticia de tal calibre y guardamos silencio, cuando no exigimos por distintos medios que se haga justicia y cuando sólo nos lamentamos en silencio, la línea entre los espectadores y los cómplices se difumina. Siempre seremos libres de voltearle la cara al abuso, a la injusticia y al autoritarismo. Del mismo modo, siempre seremos responsables de ello.

Los habitantes de San Bernardino defendían lo que para ellos era parte de sus derechos y una condición necesaria para su vida diaria. La idea de democracia que nos venden incluye la tolerancia y la diversidad, como principios que obliguen y ordenen a las autoridades, pero aun así hoy se llora la muerte de un niño de un pueblo que se defendía. En ese país donde el gobierno nunca es responsable en las avalanchas de represión, es inevitable preguntarme entonces para qué está y cuál es su papel en todo esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que éste no sea sólo un número más?

Qué grande democracia y qué fuertes instituciones. Qué completo el desarrollo y el progreso que los medios de comunicación disparan a todas horas. Qué avance del país y qué solidaridad de sus integrantes. Regresa a mi cabeza la pregunta con la que muchos salimos a las calles a exigir un cambio real de un sistema que nos parece insostenible: ¿Qué democracia es ésta?

 

@VladimirChorny1

 

 

 

[1] Donde de acuerdo a notas de prensa el gobernador declaró que: “personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma” y que aplicó la Ley Bala porque “la ley que se aprobó en Puebla se aplica, y se aplica con protocolos, y estos protocolos buscan siempre salvaguardar los derechos humanos, pero también entender que los derechos de una persona terminan cuando infringe los derechos de otra”. Ver aquí.

[2] De aquí derivan el derecho de protesta y la obligación de dar todas las facilidades para poder ejercer este derecho, a cargo de las autoridades. Derecho reconocido tanto por organismos internacionales de la ONU como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También de aquí resulta el principio de discriminación de actos violentos, que obliga a las autoridades a diferenciar entre quienes actúan de forma violenta y quienes no lo hacen, obligándoles a proteger a éstos y a garantizar su seguridad y vida. Reconocido en numerosos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.