Defender lo ganado en aborto

Cada inicio de año suele ser un momento para hacer balances y pensar hacia dónde avanzar. Se revisa lo que se logró, lo que quedó pendiente y aquello que necesita fortalecerse. En materia de aborto este ejercicio no es solo útil, sino necesario. Los avances alcanzados en México en los últimos años han sido profundos, pero no se sostienen solos. El contexto actual obliga a reconocer lo logrado y, al mismo tiempo, pensar cómo se protege y se mantiene vigente.

Se ha logrado mucho. En 24 de las 32 entidades federativas el aborto ha sido despenalizado, al menos de manera parcial; la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sentencias que debilitaron el uso del derecho penal y reforzaron el reconocimiento del aborto como un tema de salud, y las redes de acompañamiento se han ampliado y fortalecido, permitiendo que más personas accedan a información, apoyo y atención segura. Estos cambios no son menores. Transformaron el marco legal, algunas prácticas institucionales y el debate público.

Sin embargo, no podemos asumir los logros como definitivos. Es necesario reconocer que los avances requieren trabajo constante para mantenerse vigentes. Defender el aborto hoy no es sólo una cuestión de despenalización. Implica garantizar que las personas puedan decidir sobre su cuerpo y su futuro reproductivo en condiciones reales de libertad y equidad. Esto significa que la ley no castigue, pero también que existan servicios de salud accesibles, información clara y condiciones adecuadas.

Incluso en los estados despenalizados, persisten barreras que restringen el acceso: servicios de salud insuficientes o inexistentes, objeción de conciencia aplicada sin controles efectivos, falta de insumos, información confusa y prácticas institucionales que retrasan o niegan la atención. Estas barreras tienen consecuencias concretas para quienes buscan abortar o cuando se colocan obstáculos que dejan los derechos sólo en el papel, lejos de la vida cotidiana.

Dar continuidad a lo ganado implica algo más que reconocer los avances en el ámbito de lo legal. Se trata de mirar de frente el impacto de los cambios en la experiencia concreta de quienes buscan abortar y en la labor diaria de quienes acompañan este proceso. Las brechas no sólo se expresan en marcos jurídicos desiguales, sino en trayectorias marcadas por la incertidumbre, el desgaste y la necesidad de hacer frente a barreras que no deberían existir.

Para muchas personas, acceder a un aborto sigue siendo un recorrido lleno de dudas: información incompleta, servicios lejanos o saturados, tiempos de espera que no consideran la urgencia del proceso, trato poco empático o prácticas que revictimizan. Incluso en contextos de despenalización, la experiencia puede estar atravesada por el miedo, la desconfianza o la criminalización social.

Estas brechas también se reflejan en el trabajo de las personas y colectivas que acompañan abortos. Su labor ha sido central para ampliar el acceso, compartir información confiable y brindar cuidados a quienes atraviesan estos procesos. Sin embargo, el acompañamiento ocurre muchas veces en condiciones precarias, sin reconocimiento institucional y enfrentando obstáculos legales, administrativos o digitales que dificultan su trabajo. Mantener vigentes los avances implica también reconocer esta labor, sin dejar de exigir que el Estado garantice las condiciones que hacen posible el acceso a quienes solicitan los servicios.

A este panorama se suma un elemento cada vez más preocupante: las restricciones para hablar del tema en plataformas digitales. En un contexto donde buena parte de la información, el acompañamiento y la organización circulan en esos espacios, las limitaciones al contenido relacionado con aborto representan una amenaza adicional. La eliminación de publicaciones, la reducción del alcance o la censura afectan directamente la posibilidad de informar, acompañar y visibilizar experiencias. Preservar lo ganado también implica defender la posibilidad de nombrarlo y discutirlo en el espacio público.

Frente a este contexto, la defensa del aborto exige preguntarse qué está funcionando, qué se está debilitando y qué necesita robustecerse para no perderse. Esto implica invertir recursos, fortalecer capacidades institucionales y mantener vivas las alianzas que hicieron posibles los avances. También, seguir produciendo información, documentar obstáculos y visibilizar las brechas que persisten. No se trata sólo de evitar el retroceso, sino de consolidar lo que ya existe para que tenga efectos reales en la vida de las personas.

Defender lo ganado en aborto también es reconocer que estos avances han sido colectivos: detrás de cada despenalización hay años de trabajo de organizaciones, acompañantes, personal de salud y personas que compartieron sus experiencias para abrir camino. Precisamente este esfuerzo compartido es el que permitirá sostener lo alcanzado en un contexto adverso.

El inicio de 2026 exige reconocer que los derechos reproductivos hoy se disputan en múltiples frentes: en las leyes, en los servicios de salud, en los territorios y en los espacios digitales. En ese escenario, evitar retrocesos y asegurar que los avances tengan impacto real en la vida de las personas es parte del trabajo que sigue.