Defender la tierra con la vida

Por: Tania Reneaum Panszi

El 20 de noviembre de 2016, integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan “Tosepan Titataniske”, del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial Integral (COTIC) y del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), instalaron en Cuetzalan, Puebla, un campamento de protesta pacífica en contra del impacto ambiental que, de acuerdo con su análisis, provocaría la construcción de una subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En respuesta, meses después la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación penal por el delito de impedir la ejecución de una obra o trabajo públicos¹ en contra de siete integrantes de dichas organizaciones.

Hasta el momento, la investigación penal sigue abierta en contra de aquellas y aquellos que sólo buscan salvaguardar el territorio de sus comunidades y evitar el alto impacto ambiental.

En este y muchos casos más, las defensoras y defensores de los derechos ambientales han alzado la voz para proteger la tierra, el territorio y sus recursos naturales de la destrucción o la contaminación.

Lejos de contar con el respaldo del Estado por su destacada labor, estas personas han sido víctimas de constantes amenazas, agresiones, violaciones graves de sus derechos humanos y, en muchas ocasiones, de homicidio.

De hecho, esta forma de activismo figura entre las más letales. Tan sólo el año pasado, la ONG Global Witness documentó en todo el mundo 164 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente. De esos crímenes, 14 ocurrieron en México.2

El asesinato es la más grave de las amenazas que enfrentan estas valientes personas y comunidades, pero no la única. Constantemente son tachadas de “opositoras del progreso” y “enemigas del avance tecnológico”, por oponerse a obras públicas que consideran de cuestionable beneficio social, y que ponen en riesgo sus territorios y sus comunidades.

Sin embargo, existen poderosas fuerzas que impunemente pueden atacarles, matarles, y llamarles criminales. En varios países, incluido México, se ha permitido la inclusión de ciertos tipos de delitos en los códigos penales que facilitan criminalizar la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Cuando, como en el caso de Cuetzalan, se aplican estos tipos penales, se genera un efecto negativo directo sobre la posibilidad de las personas defensoras de derechos humanos, otras personas y colectivos, de organizarse y actuar en defensa de sus derechos. Los gobiernos y grupos de interés justifican la opresión de las y los defensores, y al mismo tiempo, les “castigan” con la fuerza pública.

En México, clasificar a las personas defensoras como criminales o delincuentes es una práctica común y preocupante porque les sitúa en condiciones de vulnerabilidad y alto riesgo. Mostrarlas como “alborotadores” o “revoltosos” genera un ambiente propicio para la condena social de sus actividades y validar procesos judiciales en su contra.

Estos casos no son aislados. Hoy Cuetzalan está en pie de lucha, pero podría, en un futuro, haber muchos más defensores y defensoras en esta misma situación. El pasado 30 de julio se aprobó una reforma al Código Penal de Tabasco para imponer hasta 13 años de prisión a las personas que impidan u obstruyan mediante manifestaciones la ejecución de trabajos de obras públicas y privadas.

Esta clara violación de la libertad de expresión es un camino fácil para que las personas defensoras sigan siendo violentadas, perseguidas y acusadas penalmente por una labor pacífica y que nos incumbe a todas y todos, pues su defensa del territorio local abona a la protección del medio ambiente global.

Por ello, Amnistía Internacional trabaja para hacerles visibles y no dejarles solos y solas, exigiendo que el Estado mexicano garantice su seguridad y el cumplimiento de su importante tarea. El sistema de justicia no debe ser utilizado para criminalizarles ni obstruir su labor; por el contrario, debe protegerles frente a los diversos grupos de interés que piensan que están por encima de la vida de las personas.

Es momento de alzar la voz por ellos y por ellas, que ponen su vida, la de sus familias y de sus comunidades en riesgo por el futuro colectivo. No podemos -no debemos- dejarles solos y solas en esta lucha. El resto de los ciudadanos y ciudadanas debemos crear una red de respaldo dispuesta a defenderles cuando se encuentren en peligro.

Debemos sumar fuerzas para luchar por un mundo que respete el medio ambiente y que cuide y honre a quienes lo protegen. No debemos convertir en mártires de sangre a quienes pretenden darnos un mejor futuro. Ayudemos a combatir el odio y a exigir que se les reconozca como lo que verdaderamente son: personas valientes que trabajan a favor de un mundo mejor.

* Tania Reneaum Panszi es Directora Ejecutiva de Amnistía internacional México (@AIMexico).

 

[1] Artículo 185, Código Penal Federal. Disponible aquí.

[2] Global Witness, informe “Enemigos del Estado”, julio 2019.