Defender la Constitución mediante su indefensión

Estamos inmersos en una crisis constitucional como nunca antes en nuestra historia reciente. La reforma constitucional en materia judicial aprobada en el Congreso de la Unión por la coalición liderada por Morena y respaldada por legislaturas estatales, también morenistas, generó que se presentaran ante la Suprema Corte diversas acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional para combatirla.

Se trata de un auténtico laberinto para la legitimidad del poder político, para el futuro de dicha reforma judicial y la impartición de justicia, para la división de poderes, y para el futuro del país por muchas razones.

A ningún observador medianamente informado escapa el hecho de que la idea de una reforma constitucional que permitiera cambiar a todos los juzgadores federales (desde ministros de la Corte, pasando por los magistrados del tribunal electoral, hasta jueces de distrito) y poner en su lugar a leales al obradorismo surgió ante diversos fallos de la Corte que resultaron adversos al oficialismo, tanto en materia legislativa, administrativa como en materia de procuración de justicia. En su origen político, la reforma judicial tiene el objetivo expreso de remover cualquier contrapeso legal o institucional a los dictados de la hegemonía morenista.

Para que dicha reforma constitucional fuera posible, se necesitaba de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Ésta se logró dándole a la coalición que lidera Morena una sobrerrepresentación de poco más del 20 %, es decir: habiendo obtenido el 54.7 % de los votos, el INE y el TEPJF les otorgaron el 74 % de las curules. En su origen soberano, la reforma judicial proviene de una captura de la soberanía popular mediante el artilugio de la sobrerrepresentación. Tenemos una soberanía legislativa que no representa lo que ocurrió en las urnas.

Esa soberanía legislativa capturada aprobó, además, la reforma judicial violando el procedimiento legislativo. En diversas ocasiones, la Corte ha reconocido que el apego al procedimiento es necesario para dotar de validez formal las normas que el Congreso aprueba, incluso si reforman la Constitución. Toda autoridad, no sólo el legislativo, debe ceñir su actuación a los procedimientos que marcan las leyes para garantizar el principio de legalidad de sus actos y dar a la ciudadanía certeza juríca.

Presentadas las acciones de inconstitucionalidad y la controversia constitucional ante la Corte, la reforma judicial se tornó una auténtica manzana envenenada para nuestra democracia: si la Corte declina su competencia para revisar la constitucionalidad de la forma y del fondo de una reforma constitucional, se consumarían de facto alteraciones profundas a la división de poderes, a la independencia del poder judicial y a la forma en que desde la Constitución se distribuye el poder público. Cabe decir aquí que nuestra Constitución dice en su artículo 41 que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, de ahí que cuando dos poderes, controlados por una misma fuerza política, deciden reconfigurar al tercero por significarles un contrapeso indeseado, no solamente se altera el arreglo democrático fundamental sobre el poder, sino que se lastima la soberanía misma.

Ahora bien, si la Corte admite su competencia para realizar un control de forma y fondo de la constitucionalidad de la reforma judicial y defender así un pacto social originario (desde 1917) de pesos y contrapesos, entonces sería cuestionada por extralimitarse en su competencia, sobre todo después de la reforma llamada ‘supremacía constitucional’. Los líderes parlamentarios de Morena, ante la intención de la Corte de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, han realizado una reforma constitucional en tiempo récord (la dichosa ‘supremacía constitucional’), de nuevo de la mano de legislaturas estatales afines, para que sea imposible que actores políticos puedan impugnar modificaciones a su texto y que la Corte pueda conocer y pronunciarse sobre dichas controversias.

El sinuoso proceso que ha seguido la reforma judicial avalada por Morena y sus aliados ha sumido a México en una crisis constitucional en la que dos poderes se enfrentan a un tercero con el ánimo de avasallarlo.

El proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá -que se discutirá este martes-, respecto de las acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional presentadas en contra de la reforma judicial, opta por una salida política que es el único camino para mantener no sólo la cordura institucional sino el mantenimiento de un pacto de civilidad política que el país necesita.

La presidenta Sheinbaum y los líderes de Morena en el Congreso de la Unión han manifestado expresamente que harán efectiva la reforma judicial en todos sus términos. El resultado previsible es nefando: el nuevo poder judicial de la federación nacerá como un can amedrentado y ovillado a la puerta de Palacio. El objetivo discursivo de la reforma judicial (acabar con la corrupción y nepotismo en el poder judicial y mejorar la impartición de justicia) no se cumplirá porque no habrá ningún juez que ose asomar la nariz con un fallo contrario a los intereses del oficialismo. Todos los juzgadores del nuevo poder judicial sabrán que, llegado el caso, los otros dos poderes de la Unión no tendrán remilgos en echarlos a la calle y someter a los risibles designios de la tómbola la elección de sucesores, cada vez más serviles al oficialismo y más lejanos a la justicia.

Es el reino de la sinrazón y del poder desnudo, ya que defender la Constitución en una democracia no puede implicar la anulación del derecho a discrepar y a disponer de vías legales y procedimentales para ello. Defender la Constitución mediante la supresión de toda vía para impugnar cambios que sean contrarios a su espíritu o al arreglo esencial de la configuración orgánica del Estado, la distribución del poder o la garantía de derechos humanos me parece no una forma de defenderla sino una vía franca hacia su indefensión. La democracia implica el reconocimiento del derecho a la diferencia y a la posibilidad de ejercicio de este derecho por vías procesales e institucionales, por lo que la Constitución no puede ser solamente de una mayoría que encuentra la forma de expropiársela a los demás.

Envenenada, nuestra república democrática se muerde la cola y se extingue. Y sólo sonríen quienes prepararon el veneno.

* Sergio López Menéndez (@serlomen) es egresado de la UNAM (Ciencia Política). Consultor interesado en derechos humanos, instituciones y política. Actualmente estudio la licenciatura en derecho en la UNAM.