Redacción Animal Político · 2 de mayo de 2025
El embate de las grandes potencias y de dirigentes de diversos países con tendencias autoritarias contra organismos multilaterales y el derecho internacional de los derechos humanos, afecta gravemente a una amplia gama de iniciativas relacionadas con el derecho de asilo, el derecho a migrar, la salud mundial, la justicia racial y de género, así como de acción climática, entre muchas otras. Por ello, desde Amnistía Internacional advertimos el devenir de una crisis mundial de derechos humanos.
Esta estremecedora conclusión está contenida en nuestro informe anual El estado de los derechos humanos en el mundo (2024-25), que presentamos el martes 29 de abril de 2025 en todo el orbe. En él documentamos la represión de la disidencia en diversos países; las graves afectaciones a los derechos de las personas migrantes, refugiadas; los retrocesos en los derechos de las mujeres y las niñas, de las personas migrantes y LGBTI.
Advertimos la forma en que es reprimido el derecho a la protesta en países tan variados como Francia, Mozambique, Chile o Kenia, mediante el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias. Registramos la escalada de conflictos armados en países como Sudán, República Democrática del Congo o Haití.
En el capítulo México, incluimos diversos temas que forman parte de la acuciante crisis de derechos humanos, como la desaparición forzada de personas que al cierre de 2024 fue de 13 mil 588 casos. El total de éstos, registrados entre 1962 y el final de 2024, ascendía a 120 mil 740. Por si fuera poco, a este problema se agrega el asesinato de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos y que asciende a 29. Los asesinatos de mujeres tampoco cesan, el año 2024 cerró con 3 mil 427 casos.
Es inconcebible que esto siga sucediendo año tras año en el país. Por ello he señalado que más que crisis –que refiere a una situación coyuntural– ya deberíamos reconocer que en México las violaciones a derechos humanos forman parte de una condición estructural.
El informe El estado de los derechos humanos en el mundo presenta la situación del respeto a los derechos humanos en 150 países. Es resultado de un trabajo realizado con mucha dedicación y cuidado, en el que colaboraron cientos de personas investigadoras de todas las secciones de Amnistía Internacional en el mundo. Nuestro informe está disponible para todas las personas y lo pueden leer y obtener dando click en el título del mismo donde aparece en el presente texto.
A nivel global advertimos que el ataque a los organismos multilaterales es una tendencia que lleva ya varios años. Adquirió fuerza en 2024 y hoy está en su nivel máximo con la campaña antiderechos humanos que impulsa el presidente estadounidense Donald Trump. Su despreció por los derechos humanos y la cooperación internacional lo llevaron a retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a eliminar los apoyos que su gobierno otorgaba a agencias como el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
La invasión rusa a Ucrania o el apartheid y genocidio que comete Israel en Gaza son otro ejemplo de la crisis de derechos humanos que vivimos a nivel global. En sus respectivos ámbitos, Rusia e Israel, así como Estados Unidos, han socavado el derecho internacional y la autoridad de los organismos multilaterales en ambos conflictos.
Los Estados europeos tampoco han sido capaces de integrar un frente consolidado ante la beligerancia de Rusia ni contra el genocidio que comete Israel, impidiendo con ello la protección de los derechos humanos de millones de personas y el respeto del orden jurídico multilateral.
Al privilegiar sus intereses geoestratégicos y políticos, esos países, además de China, han dejado de lado el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas (1945) e incluso de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Iniciativas primordiales que fueron diseñadas precisamente para hacer un mundo más seguro y justo, –luego de hechos catastróficos como el horror de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto judío– y que establecen los principios del multilateralismo y la promoción de los derechos humanos universales.
Desde Amnistía Internacional demandamos de la comunidad internacional posturas claras, lejanas de complicidades con Rusia o Israel y que, en el caso de este último, se cumplan las resoluciones adoptadas por la Corte Internacional de Justicia. Al respecto, retomo lo dicho por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en el sentido de que “cuando no aplican el derecho internacional en un lugar, los y las dirigentes de Europa contribuyen a debilitarlo en todas partes”.
Lamentablemente, también en las Américas resuena el eco –con mayor o menor intensidad– de las voces que atacan a los sistemas Universal e Interamericano, así como al derecho internacional. Bolivia, Argentina y El Salvador se ubican entre esas voces, además de México que llegó a calificar a la OEA como un organismo lacayo. No se trata, como lo dijo Agnès Callamard al presentar nuestro informe global, de negar el sistema multilateral con que se cuenta, sino de reinventarlo y perfeccionarlo.
La comunidad de naciones tiene el deber y la responsabilidad de defender el derecho internacional, la cooperación multilateral y los derechos humanos como fue el compromiso al establecerse la Carta fundacional de las Naciones Unidas. Desmantelar las protecciones internacionales de los derechos humanos y poner en tela de juicio el derecho internacional, que ha llevado décadas construir con intenso trabajo, pondría en peligro a miles de millones de personas en todo el planeta.
Los temas que ocupan nuestra agenda diaria en México y que reflejamos en el informe El estado de los derechos humanos en el mundo tienen que ver con la institucionalización de la militarización de la seguridad pública, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la reforma judicial y la abolición de los órganos autónomos.
Otros temas de igual trascendencia son los derechos de las mujeres y de las niñas, de las personas LGBTIQ, los derechos sexuales y reproductivos, la libertad de expresión, de reunión, detenciones arbitrarias y juicios injustos, derecho a la verdad, justicia y reparación, los derechos de los pueblos originarios y el derecho a un medioambiente saludable. Por su amplitud, en este texto solo refiero algunos de ellos.
En algunos temas se han registrado avances como en el aborto, que al concluir 2024 es legal en 19 de los 32 estados del país, y que ya para esta fecha es legal en 23. El jueves 24 de abril de 2025 se cumplieron 18 años de que se despenalizó en la CDMX, lo que marcó un hito y le dio impulso, aunque no con la celeridad que hubiéramos querido.
Es de destacar la aprobación de la reforma que eleva a rango constitucional la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con la que se busca también abordar los problemas estructurales que enraízan la violencia de género. Pero no basta con ello, se deben aplicar acciones y recursos para que funcionen las instituciones creadas para atender ese fenómeno.
Igualmente importante es la aprobación de la reforma constitucional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, que, por falta de una consulta previa, no incluyó el derecho al territorio.
Otro logro relevante tiene que ver con la determinación de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal contra la abogada Ana Lorena Delgadillo, la periodista Marcela Turati y la perita forense Mercedes Doretti, quienes colaboraban en las indagaciones sobre la masacre de migrantes de San Fernando, Tamaulipas, registrada en 2010 y 2011. Ellas fueron investigadas de manera indebida y sometidas a espionaje. Su caso lo documentamos en nuestro informe Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México.
En materia de derechos de las personas LGBTI, en 2024 se aprobaron reformas al Código Penal y la Ley General de Salud que prohíben las mal llamadas “terapias de conversión”.

Ejercer el periodismo en México es una actividad de alto riesgo. Datos de Artículo 19 indican que en 2024 fueron asesinadas cuatro personas periodistas. Amnistía Internacional tuvo que implementar una extracción del periodista Alberto Amaro, quien había recibido más de 30 agresiones a su persona y contra su familia. Pese a ello el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas insistía en retirarle las medidas de protección para salvaguardar su seguridad y la de su familia.
El Estado mexicano culminó la militarización de la seguridad pública con el paso de la Guardia Nacional a la SEDENA, mediante la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024. De esta forma, el ejército lleva ya 19 años efectuando labores de seguridad pública, desde que la administración del Presidente Felipe Calderón tomó la decisión de sacar al ejército a las calles en 2006.
La militarización de la seguridad pública es un tema que pone en riesgo nuestros derechos humanos, como ha quedado demostrado con la participación de militares en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En el informe referimos al menos ocho casos de desaparición forzada protagonizados por miembros de la SEDENA y la Guardia Nacional.

Ahora que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, traigo a la memoria la advertencia que hizo en su informe sobre México de 2021, en el sentido de que en las desapariciones forzadas están involucrados agentes del Estado de los ámbitos federal, estatal y municipal, así como la delincuencia organizada. Y la realidad lo confirma. Por los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre en septiembre de 2024, fue detenido un policía municipal involucrado en la desaparición forzada de una persona.
La intervención de los militares en la política migratoria ha tenido también consecuencias fatales. Un ejemplo: en octubre de 2024 elementos del ejército asesinaron a 6 migrantes en Chiapas, el caso terminó en la CNDH que emitió la recomendación 175VG/2025. Por si fuera poco, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no ha sido capaz de gestionar de manera eficiente las solicitudes de asilo y las necesidades humanitarias que mueven a las personas migrantes.
Los avances en derechos humanos en México son disparejos y se dan a cuentagotas. Los logros que mencioné contrastan enormemente con los graves retrocesos descritos a los que se suman muchísimos más. Al inicio de este texto señalaba que las violaciones a derechos humanos en nuestro país tienden a ser ya una condición estructural, pero no podemos resignarnos a que sea una condición endémica
La transformación en México debe poner en el centro la vigencia y respeto de los derechos humanos de todas las personas. Estamos todavía a tiempo de cambiar las estructuras y las prácticas que permiten que autoridades y agentes del Estado de todos los niveles violen de manera sistemática y generalizada los derechos de las personas
En nuestro movimiento tenemos claro que el trabajo por la consolidación de los derechos humanos universales es una tarea que se construye a diario con resistencia, con buen ánimo, con coraje, pero sobre todo con esperanza. Por ello, para cerrar este texto comparto con las personas lectoras la siguiente frase de nuestra Secretaria General Agnès Callamard: “…ustedes y yo tenemos una misión que cumplir. La esperanza no es algo que se obtiene. La esperanza la tenemos que construir. Es algo por lo que debemos luchar”.
* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).