La paz y la reconciliación necesitan estrategias planificadas

El día 29 de julio del año en curso, el presidente de la República a través de su conferencia mañanera anunció que por decreto liberará a todas las personas que lleven más 10 años privadas de la libertad sin sentencia en el país y aquellos sometidos a tortura. Dicho acto se llevará a cabo a más tardar el día de la independencia. Es claro que ante la realidad penitenciaria esta decisión es necesaria y urgente para las personas a quienes se les violó la dignidad humana, el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, pero ¿cómo se enfrentaran a la realidad y a las consecuencias colaterales causadas por la pandemia?

Apegadas a la realidad mexicana en cuanto a la aplicación de sus leyes no se debería romantizar esta decisión, pues es un decreto que por sí mismo no cuenta con programas para recibir a quienes egresen del sistema de justicia penal y que de facto no podrá amortiguar los efectos de esta disposición. Liberar a miles de personas implica reconocer que el sistema penitenciario tiene más problemas de fondo que no se han atendido, entre ellos el poco avance que las cárceles han tenido para con el respeto a los derechos humanos de las personas que se hallan privadas de la libertad y en consecuencia para la reinserción social efectiva.

Por otro lado, no se ha hablado ni debatido sobre quién brindará orientación y atención a quienes este decreto beneficie, pues existen estados al interior del país que no han establecido las comisiones intersecretariales para brindar servicios postpenales, tal y como lo indican los artículos 7° y 207° de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De acuerdo con una investigación realizada por INSADE A. C. y Derechos sin Barreras, algunos de los estados que han incumplido la ley a cinco años de su entrada en vigor son Tabasco, Quintana Roo, Durango y Guerrero, en otros. En Nuevo León, por ejemplo, existe esta comisión, pero no brinda servicios postpenales exclusivamente a externadas y externados, situación que se repite en diversos Estados.

Otro problema que se puede enunciar es el estigma social de gran parte de la sociedad mexicana que ambas organizaciones en conjunto con el Colectivo Arte sin Fronteras y el Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM), de Documenta, han visibilizado desde el 2020. Tal problemática impide que la población esté prepara para brindar nuevas oportunidades, sobre todo la escasez de trabajo o de ofertas laborales en medio de una crisis de salud mundial debido a la pandemia de la Covid-19.

Es claro que el sistema penitenciario es una deuda pendiente para la seguridad nacional y urge liberar a quienes han pasado por la cárcel de manera injusta, pero se necesita que las instituciones corresponsables generen programas que permitan que las personas que salgan de las prisiones puedan reintegrarse a la sociedad, obtener un trabajo digno para vivir y evitar la comisión de delitos en aquellos casos que estuvieron en la cárcel siendo inocentes, y evitar la reincidencia delictiva para los casos que hayan estado privados de la libertad por sentencia dictada.

Por último, es grave que la prevención del delito y la seguridad nacional no sean parte de decisiones realmente planificadas para la realidad que opera en nuestro país. Para trascender hacia un futuro de cultura de la paz y la reconciliación implica generar estrategias debatidas por quienes conocen de manera real la problemática, más que buenas intenciones.