Redacción Animal Político · 8 de julio de 2023
México, un país con una historia sólida de participación y compromiso ciudadano en diferentes esferas, está viviendo un retroceso alarmante en la inclusión de sus habitantes en el proceso de toma de decisiones en materia de salud. Esta regresión, desafortunada por demás, no solo va en contra de la tendencia global de inclusión de voces ciudadanas en la política sanitaria, sino que también puede conducir a resultados de salud sub óptimos para su gente.
El pasado 22 de junio, en su Primera Sesión Extraordinaria del 2023, el Consejo de Salubridad General de México, ente crucial en la formulación de políticas de salud, modificó su Reglamento Interior excluyendo de la toma de decisiones de la máxima autoridad sanitaria a academias, colegios médicos, sociedad civil y representantes del sector privado de sus filas. Este movimiento, que parece despojar a la institución de su diversidad, amenaza con silenciar voces que aportan perspectivas valiosas y complementarias al abordar los desafíos de salud del país.
Además, México ha anunciado el cierre de otro mecanismo significativo de participación ciudadana con la sustitución de las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la salud por protocolos de atención. A diferencia de las Normas, cuya elaboración implicaba la participación de un comité plural y un periodo de consulta pública de 90 días previo a su publicación, los nuevos protocolos serán concebidos exclusivamente por un comité de funcionarios públicos federales.
Otros canales de participación, como el Consejo Nacional de Vacunación y el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, han sido cancelados o simplemente dejados en el olvido, despojando a la ciudadanía de rutas vitales para participar activamente en los asuntos de salud que impactan su día a día.
Este clausura de espacios de participación ciudadana es una tendencia preocupante que no solo ignora el valor de la participación ciudadana en la creación de políticas sanitarias efectivas, sino que también puede resultar en un sistema de salud menos transparente, menos responsable y menos capacitado para responder a las necesidades y prioridades de su gente.
El valor de la participación ciudadana en la salud no puede ser subestimado. Representa una herramienta potente para promover la equidad, transparencia y eficiencia en la prestación de servicios de salud. Facilita que las personas sean actores activos en la toma de decisiones y asuman responsabilidad por su propia salud y la de su comunidad. En este sentido, la participación ciudadana es un motor fundamental para un sistema sanitario eficaz.
La experiencia global ha demostrado que, al invitar a la ciudadanía a participar en la toma de decisiones sanitarias, los sistemas de salud pueden transformarse en verdaderos agentes de bienestar y justicia social. Las voces ciudadanas ayudan a identificar las necesidades y prioridades de la comunidad, a asignar recursos de manera eficaz y a adaptar políticas y programas a los cambios sociales y culturales.
El éxito de estos mecanismos depende de la disposición y habilidad tanto de la ciudadanía como de los responsables de políticas para participar en el proceso. En este sentido, en México, contamos con una ciudadanía organizada, capaz y dispuesta a participar en estos procesos. Ejemplos recientes de ello son el Colectivo Cero Desabasto, la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas, El Observatorio Ciudadano para el Acceso a Medicamentos e Insumos para la Salud, las Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México, entre muchas otras organizaciones y grupos dispuestos a contribuir en la mejora de la salud de las y los mexicanos.
Estas organizaciones son testimonio viviente de que la sociedad civil está absolutamente dispuesta a colaborar y a participar de manera activa en el diseño, implementación y evaluación de las políticas sanitarias. Son agentes de cambio, impulsores de un sistema de salud más justo y equitativo, y su voz es esencial en el debate y en la toma de decisiones.
Pero la participación ciudadana no puede ser unidireccional. No es suficiente con que la sociedad civil se organice y alce la voz para ser escuchada. La contraparte, los funcionarios públicos, los responsables de diseñar y ejecutar las políticas de salud, deben estar dispuestos a escuchar, a dialogar y a incorporar la visión ciudadana en sus decisiones.
El camino está siendo trazado por la sociedad civil, ahora corresponde a las y los funcionarios sentarse a la mesa, escuchar y generar mecanismos institucionales y democráticos para abrir los canales de comunicación y cosechar los beneficios de la participación ciudadana. Necesitamos espacios de intercambio, de deliberación y de toma de decisiones conjunta, en los que todas las voces sean escuchadas y consideradas. No se trata solo de abrir canales de comunicación, sino de establecer auténticos procesos de participación.
La participación ciudadana no es solo un derecho, es una necesidad y una responsabilidad compartida. Es un motor de cambio, un mecanismo de control y una garantía de transparencia. La salud de nuestro país depende de ello. Estamos en un momento crítico, y no podemos permitirnos el lujo de ignorar el poder y el valor de la participación ciudadana en la salud. La mesa está servida. Es hora de que todos nos sentemos a dialogar.
* Andrés Castañeda Prado (@castanedaprado) es Coordinador de la causa Salud y Bienestar en Nosotrxs.