México necesita una declaratoria de emergencia climática ante la crisis

La declaratoria una emergencia climática es una vía para crear conciencia y permite movilizar recursos para tomar medidas drásticas, enfatizar la urgencia y estimular la rendición de cuentas para las autoridades, de acuerdo a un informe de Low Carbon City. Esto es necesario en México ahora mismo porque la crisis climática ya la estamos viviendo con impactos negativos notables: de los 2,471 municipios del país, 1,939 presentan algún tipo de sequía; se registraron 141 muertes por las olas de calor solo a mediados de 2023, y también hay suficientes ejemplos de inundaciones, huracanes, desplazamiento climático.

Un caso real es la comunidad de El Bosque, Tabasco, cuyo territorio está completamente inundado por el aumento del nivel del mar, lo que ha ocasionado desplazamiento climático forzado, resultando en una completa pérdida de su bienestar social. Este daño alcanza a las niñas y niños que ya no tienen casas ni escuelas.

Recientemente, el huracán Otis tocó tierra en el estado de Guerrero. Inesperadamente pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en tiempo récord, algo que no se había visto nunca en esa parte de México. El resultado fueron casi medio centenar de muertes, varias decenas de desaparecidos, pérdidas económicas por 16,000 millones de dólares y destrucción completa de casas, negocios y otras formas de patrimonio.

La crisis climática impacta a los más pobres, que son justamente quienes menos la han causado. Los obliga a cambiar aún más su dinámica de vida para sobrevivir en un contexto en el que los gobiernos federal, estatal y locales no tienen contemplado en forma de políticas de prevención, aterrizada a los temas de mitigación, adaptación y resiliencia. Esto se ve reflejado en la pésima distribución y catalogación del presupuesto federal para la adaptación a la crisis climática, ya que la gran mayoría de esos recursos económicos van destinados al megaproyecto de reordenamiento territorial Tren Maya, que maneja la Secretaria de la Defensa Nacional.

Se tiene que decir como es: la SEDENA no tiene las facultades para encargarse de la política de adaptación y el Tren Maya va a aumentar los riesgos hacia las personas que viven en el sur-sureste. Como resultado, la crisis climática aumentará y el bienestar que estas política logren llevar a la población de las comunidades no será a largo plazo, sino solo momentáneo.

Acciones para un bienestar sistémico

Con la articulación de distintas organizaciones de la sociedad civil y juventudes (apartidistas) de todo el país, hemos hecho propuestas puntuales para que el tema de la crisis climática esté en la agenda pública y así conectar y ayudar a la ciudadanía. La meta es incidir y presionar a los gobiernos y las grandes empresas privadas para que actúen estructuralmente y que a través de esto todas y todos podamos tener un bienestar sistémico. En estas acciones se tiene priorizar a pueblos originarios, afrodescendientes, campesinos y las infancias, ya que esta problemática se tiene que ver desde una perspectiva de clase y racial. De acuerdo con el Reporte Mundial sobre la Desigualdad 2022, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 1 % de la población mexicana con los ingresos más altos contaminan 44 veces más que la mitad que se encuentra entre la clase media y baja. Estas últimas son las que más sufren y eso también está relacionado con su color de piel.

Nuestras propuestas de acción climática planteadas son sistémicas y estructurales, y están reflejadas en el Plan Nacional de Descarbonización y Resiliencia Climática, el Pacto Socioambiental, el exhorto público al gobierno federal y las 32 entidades federativas para que declaren la Emergencia Climática, el Observatorio Mexicano de Política en Cambio Climático (OPCCMX), y otros proyectos en ejidos, comunidades y ciudades.

El camino hacia la declaratoria

Ahondando en la tercera propuesta, ante los impactos negativos de la crisis climática y otras como la sequía-saqueo del agua en Nuevo León; las inundaciones en Sinaloa, Chiapas, Baja California, y los incendios en Jalisco, más de 30 organizaciones de varias partes de México, con el acuerdo de las diferentes bancadas parlamentarias de la Cámara de Diputados, presentamos el 10 de octubre de 2023 un punto de acuerdo exhortando a que el gobierno federal, las/los 32 ejecutivos estatales, las secretarías de Medio Ambiente y de Gobernación emitan la declaratoria de Emergencia Climática, con la finalidad de que los entes gubernamentales den verdadera importancia a la emergencia climática, otorgando mayores recursos económicos a la Semarnat, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAP), a la Procuraduría Federal Protección al Ambiente (PROFEPA), entre otras secretarías y comisiones, y además haciendo cambios en PEMEX para que las/los trabajadores no se queden atrás.

Es necesario que la política climática-ambiental sea una política integral y considere a otras dependencias gubernamentales, además que tanto el congreso federal como los locales reformen leyes para atender la crisis climática de forma estructural. Que beneficien a las/los más desfavorecidos para que tengan bienestar social, económico, seguridad, salud, cultura y derecho a un ambiente sano, partiendo de temas como la transición energética justa, la economía circular, el Acuerdo de Escazú, la focalización en grupos en vulnerabilidad, las finanzas sostenibles, la seguridad alimentaria y la disminución de la inseguridad.

Lo anterior también daría pauta a la participación ciudadana con mecanismos de gobernanza que ya existen y creando nuevos, porque dicha política no puede ser homogénea para todo México. Las condiciones son diferentes en cada región, por eso, es importante la participación ciudadana de forma inclusiva, ya que son las mismas personas las que conocen su territorio, cuáles han sido los errores y aciertos de otras políticas, además de posibles oportunidades en proyectos que beneficien a toda la sociedad de esa localidad, dando como resultado un reordenamiento territorial.

La declaratoria de emergencia climática también presionaría a las grandes empresas públicas y privadas, nacionales y transnacionales, ya que muchas de ellas son los principales contaminantes y causantes de la crisis. Desde las leyes y también de forma voluntaria se hagan cambios transcendentales en el medio empresarial, desde incentivos, impuestos al que más contamina, mejora de los procesos de creación y distribución de los productos para que sean sustentables. Y redistribuir lo recaudado por los impuestos a los que más contaminan para la implementación de proyectos de mitigación, adaptación y resiliencia a los territorios afectados. Eso se puede visualizar por medio del Atlas Nacional de Vulnerabilidad y el Atlas Municipal de Vulnerabilidad.

Sabemos que implementar la declaratoria de emergencia climática necesita de un marco legal para tener certeza jurídica. Por eso, desde varias juventudes estamos trabajando en reformas a la Ley General de Cambio Climático (LGCC). Buscamos que se incluyan en la ley los términos que nos digan exactamente cuándo y cómo va a funcionar la declaratoria de emergencia climática. Las propuestas se presentarán en lo que queda de este año.

* Iyari Balderas (@iyaribc) es miembro de las juventudes climáticas de México y de la Red de Acción Climática A.C.. Recorre México desde hace 5 años impulsando políticas públicas sustentables, incluyendo la Declaración de Emergencia Climática, el Paco Socioambieintal y el Plan de Descarbonización.