Declaración patrimonial: dime cuánto tienes...

A mi adorado Pablo. Ya hace un año que te nos fuiste.

 

Para algunos despistados o despistadas que aún no han empezado de lleno sus labores en este 2015, como el dios Godín manda, se les informa que en las últimas semanas ha estado muy duro en los medios de comunicación y en la pluma (o teclado) de no pocos opinadores, el asunto de que los funcionarios públicos y los políticos, sobre todo aquellos que aspiran a un cargo de elección popular, deben hacer del conocimiento de los ciudadanos cuánto dinero tienen.

Esto es que, a través de una declaración patrimonial, los que viven de la política y quienes son servidores públicos en cualquier nivel de gobierno (federal, estatal o municipal) deben informar los recursos que tenían al momento de empezar a chambear en ese cargo (saldos en cuentas bancarias, inversiones, inmuebles, vehículos, joyas) y también, cuando lo dejen.

Es entonces que podrían surgir en nuestras cabecitas desconfiadas algunas preguntas ociosas como ¿para qué deberíamos saber los ciudadanos esta información? ¿De qué nos sirve conocerla? ¿La ley los obliga a dárnosla? ¿Con qué detalle deben hacerla pública? ¿Es suficiente la información que están dando la mayoría de los funcionarios y políticos? ¿Qué pasa si no nos la dan? ¿Qué sucede si mienten con respecto a la información que dan a conocer o la dan de manera incompleta? ¿Hay forma de verificar esta información?

Para contestar estas preguntas es importante esforzarnos un poquito en hacer a un lado los lugares comunes como el de que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos y los políticos “abonan a la transparencia y a la rendición de cuentas”, o que son un “elemento fundamental de la consolidación democrática”. Desde mi punto de vista, debemos asumir que la mayoría de los funcionarios públicos y los políticos profesionales viven de desempeñar precisamente estos empleos. Por lo tanto, debemos saber primero, cuánto dinero de nuestros impuestos se está usando para pagar su trabajo (salario) y lo más importante, qué esperamos de ellos a cambio y qué procede cuando no lo recibimos (rendición de cuentas).

En cuanto a los bienes (riqueza) de los funcionarios públicos y los políticos profesionales, es de suponer que algunos de ellos (tal vez los menos), tengan una fuente de ingreso adicional al salario que pagamos con nuestros impuestos, que pueden ser negocios personales, inversiones, acciones de empresas, changarros (algunos pueden ser también Pepes o Toños). Pero aquí es importante saber más allá de cuánto dinero les dejan esas “otras actividades privadas”, si éstas no interfieren con sus funciones públicas, ya sea que les quitan tiempo de sus horas de trabajo, que pueden influir sus decisiones (conflicto de interés) o que inclusive, su propio cargo público les sirve para beneficiar su vida empresarial (también conflicto de interés), en dado caso. Por lo tanto, desde este punto de vista, conocer la riqueza de los servidores públicos y de los políticos profesionales nos sirve para saber que no están recibiendo más salario del que les corresponde, que no se están quedando con algún recurso público a su cargo (cohecho), o que no están beneficiando a algún negocio de su propiedad aprovechando las ventajas de su cargo.

Por esto último es importante conocer el detalle de la información que den los funcionarios públicos y los políticos profesionales en sus declaraciones patrimoniales.

Sin embargo, hay un problema en este asunto de las declaraciones patrimoniales. En casi ningún estado es obligatorio dar a conocer esta información, mucho menos hacerlo de manera tan detallada como quisiéramos, por lo que queda a la “buena voluntad” del propio funcionario y político profesional darnos a conocer la información que se le dé la gana, tanto en extensión, como en precisión. Si no lo hacen, sólo nos quedan los periodicazos, los manotazos y los berrinches, pero ellos saben que no existen consecuencias legales, ni políticas reales de no dar a conocer estos datos. No nos hagamos, es cierto.

Además, en el caso de que alguno de los funcionarios públicos y políticos profesionales nos proporcionen la información tan anhelada, en la práctica, existen pocas posibilidades de verificar la información. Primero, porque existe el secreto bancario; segundo, porque los registros públicos de la propiedad en México son un verdadero caos; tercero, porque el registro vehicular en los estados es un verdadero chiste; cuarto, porque es probable que si tienen algo que esconder los bienes estén a nombre de un tercero (generalmente un compadre o un familiar); quinto, porque hay argumentos tan absurdos como el de Miguel Mancera que dice que, palabras más, palabras menos: “no se da a conocer los montos de cuentas bancarias ni la información que se solicita por cuestiones de seguridad”, siendo que son ellos mismos los responsables de brindar la seguridad a los ciudadanos y a los funcionarios públicos.

[contextly_sidebar id=”f19Bt3ATbmonJicAa9Cm72PfEH7tTqh5″]Por lo tanto, creo que sí es muy importante que se dé a conocer a los ciudadanos la información relativa a la riqueza (pequeña, mediana o grande) de los funcionarios públicos y políticos profesionales al iniciar su encargo, durante éste y al dejarlo, de manera minuciosa, no sólo de ellos mismos, sino también de sus familiares más cercanos (padres, esposa, hijos); una relación de su círculo social más cercano para conocer quién es un potencial prestanombres (sin un análisis de su contexto social, las declaraciones patrimoniales no sirven de nada); la relación de los negocios, las empresas y las inversiones que tienen con su actual cargo, así como el giro de éstas (para descartar posible conflicto de interés), y por último, la constitución no de una gran comisión anticorrupción, sino de un comité de ética, de corte técnico, que cuente con las atribuciones y las facultades para verificar, a través de auditorías, la veracidad de toda esta información (tal vez, de manera aleatoria podría tomar algunos expedientes), así como también analizar las responsabilidades del funcionario público y el político profesional y determinar si en algún tramo de los procesos de implementación de dichas responsabilidades existen espacios de discrecionalidad que puedan derivar en un conflicto de interés y posteriormente, en posibles actos de corrupción.

Dejémonos de tonterías de comisiones que combaten la corrupción, ya se ha demostrado que para combatirla somos pésimos. Lo que debemos construir son mecanismos útiles que la prevengan a través del análisis de los procesos operativos cotidianos para detectar precisamente espacios de discrecionalidad que dado el contexto de los servidores públicos, puedan desencadenar conflictos de interés y actos de corrupción. Creo que proponer comisiones anticorrupción es demagógico, aunque esta propuesta provenga de la propia sociedad civil.

 

La Miscelánea de Don Marce

¿Cuándo se van a tomar en serio las autoridades capitalinas las muertes de los ciclistas en distintos accidentes en las calles del Distrito Federal? ¿Cuántos muertos más necesitan para tomar medidas útiles al respecto? Mancera, ya acabaron las vacaciones, ponte a trabajar.

 

La Panza es Primero

Hace poco escuché una queja de un amigo muy querido con respecto a que los supuestos hípster de la Roma-Condesa estaban empezando a invadir otros barrios y colonias de la Ciudad, como la Narvarte. Mi reacción, además de asombro (¿quiénes son esos hípsters?) ante tal lloriqueo fue preguntarle inmediatamente a qué se refería. Me explicó que pudo ver hordas de esta especie de habitantes chilangos (y de otras partes del Mundo Mundial) en un local donde sirven deliciosas costillas a la BBQ preparadas al estilo texano. ¡Ah, chinga! ¿Pues a qué se refería mi gran amigo (cuyo gran y más notorio defecto es irle a las Chivas del Guadalajara)? Pues a Pinche Gringo, lugar ubicado en Cumbres de Maltrata número 360, en la meritita Narvarte Poniente. Y la neta, la neta, sí están buenérrimas esas costillas. Se las recomiendo.

 

@marco_cancino