Decidir es mi derecho, y pronto una realidad

“Nada de nosotros sin nosotros” es la consigna que ha impulsado el colectivo de personas con discapacidad desde hace varios años. Sin embargo, para Alondra, una mujer con discapacidad intelectual, este lema está muy lejos de guiar su realidad.

Alondra tiene 42 años, pero no puede decidir con quién casarse, dónde vivir, formar una familia, qué quiere hacer con su vida y su futuro. Las leyes actuales en todos los estados de la República mexicana exigen que si Alondra quiere tomar cualquier decisión, lo tiene que hacer a través de otra persona, un tutor o tutora. Pero para Alondra, que vive en Ciudad de México, eso puede cambiar.

Un grupo de organizaciones de personas con discapacidad, personas con discapacidad en lo individual y personas expertas, que se agrupan a través del colectivo “Decidir es mi Derecho”, han trabajado durante años en una propuesta legislativa que permita hacer realidad el derecho a decidir de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.

La iniciativa de reforma que podría materializar esta realidad se presentará este jueves 16 de febrero en la Asamblea Legislativa de Ciudad de México. La misma surge a partir de la propuesta que presentó María Fernanda Castro Maya, en representación del colectivo “Decidir es mi Derecho”, y que se aprobó el 28 de agosto del año pasado en el Parlamento Abierto de las Personas con Discapacidad del Congreso de la Ciudad de México.

A través de esta iniciativa se propone modificar el Código Civil de Ciudad de México para respetar el derecho a la capacidad jurídica universal y establecer la posibilidad de que todas las personas, especialmente las personas con discapacidad, puedan contar con los apoyos que ellas quieran y decidan para ejercer ese derecho, es decir, para tomar decisiones y llevarlas a cabo.

Así, se busca que la legislación civil de Ciudad de México contemple la posibilidad de tomar decisiones con apoyos. Tan solo algunos ejemplos de estos apoyos pueden ser: la explicación de las implicaciones de ciertos actos con un lenguaje sencillo o de acuerdo a las características propias de la persona para que pueda tomar una decisión; métodos de comunicación no convencionales como dibujos o gestos; la lectura de los documentos que se van a firmar.

La propuesta legislativa sigue los pasos de otras reformas que se han dado en la región conforme a lo previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional que obliga al Estado mexicano. Estas modificaciones normativas buscan asegurar el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad ante la ley. Así, Colombia, Perú y Costa Rica, al modificar su legislación, han dado ya el importante paso de erradicar los obstáculos legales para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica y, con ello, ser los principales agentes de su vida y del ejercicio de sus derechos.

Pero, ¿qué podrá hacer Alondra de ser exitosa la iniciativa de reforma que se presentará? Alondra recuperará plena capacidad jurídica, lo que le permitirá llevar a cabo cualquier acto jurídico sin necesidad de que intervenga nadie más. Pero, si así lo desea, la reforma también prevé distintas maneras en las que Alondra puede nombrar a alguien para que la apoye en la toma de decisiones y en las acciones para llevarlas a cabo. Por ejemplo, podrá firmar un contrato estableciendo la persona o personas que quiere que le apoyen, las actividades o actos en las que requerirá dicho apoyo, cuánto tiempo necesitará de este apoyo, entre otras cuestiones.

Así, si esa propuesta legislativa resulta exitosa, Alondra podrá determinar su proyecto de vida y, como cualquier otra persona, tendrá la opción de pedir ayuda para tomar decisiones. De esta forma, se busca transitar de un paradigma de suplantación, incluso hasta anulación de personas como Alondra, hacia uno que respete su autonomía, su independencia y su derecho a decidir sobre su vida, su patrimonio y su salud.

Si bien construir una realidad donde se respete el derecho a decidir de todas las personas requiere también cambios en las perspectivas sociales y culturales, en Ciudad de México se está dando el primer paso en el país para dar bases legales para que esta transformación se ponga en marcha. Esperemos que este esfuerzo sirva también como parteaguas para impulsar a las legislaturas de otros estados a adecuar sus marcos normativos a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La oportunidad de probar cosas nuevas, reconocer nuestros límites y descubrir capacidades que no sabíamos que teníamos, nos permite lograr objetivos que enriquecen nuestras vidas. Todas las personas deberíamos tener el derecho de tomar las decisiones que nos permitan delinear cuál es la vida que queremos y qué personas queremos ser.

* Paula Méndez (@PaulaXMA) es abogada defensora de derechos de las personas con discapacidad y, actualmente, secretaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aranxa Bello Brindis (@aranxaconequis) abogada y consultora en temas de derechos humanos. Además, es integrante de Decidir es mi derecho (@DecidirPorMi), colectivo de organizaciones de la sociedad civil y de la academia que impulsa el reconocimiento de la capacidad jurídica universal y el derecho a tomar decisiones con apoyos.