blogeditor · 12 de septiembre de 2016
Ya sé, quizá debiera estar escribiendo sobre la fallida visita de Trump a México y sus consecuencias –incluyendo la salida de Videgaray–, pero lo cierto es que no voy a abonar nada nuevo a la discusión de lo-ya-mil-veces-repetido. Quizá por eso mejor me dedico a mis temas y tratamos de reposicionar en la agenda problemas que han dejado de tener interés en la agenda de seguridad.
En México, poco más de 70 millones de personas viven en las principales ciudades, esto representa el 63 por ciento de la población si consideramos exclusivamente a las 72 principales zonas metropolitanas[1]. Si nos enfocamos en estas zonas urbanas, durante el 2015 se cometieron más de 84 mil delitos de alto impacto; esto es, el 84.2 % del total de homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, robo con violencia de vehículo, casa habitación y negocios cometidos en todo el país. Es decir, la gran mayoría de estos delitos.
De tal forma que el 64.6 % de los homicidios sucedieron en esas 72 zonas metropolitanas, al igual que 64.8 % de los secuestros, el 79.2 % de las extorsiones, el 88.9 % del robo de vehículos con violencia, 78.4 % del robo de casa habitación con violencia y el 93.5 % de robos a negocios con violencia durante el año pasado. En esos 72 centros urbanos mayores a 200 mil habitantes[2].
En conclusión, la gran mayoría de los principales delitos del país ocurren en las ciudades. Nada nuevo.
Por ello, la tendencia mundial se inclina por focalizar las políticas de seguridad desde lo local; el buen diseño, implementación y evaluación se basa en el ámbito urbano para obtener los mejores resultados. En los últimos años, desde estudios del Banco Mundial hasta análisis sobre los retos de las urbes actuales de IDRC-Canada, todos éstos se centran en enfoques urbanos para combatir y mitigar las causas y consecuencias de la violencia e inseguridad. De tal forma que diseñar las políticas de prevención y seguridad desde las alturas de una oficina federal es un sinsentido si no se toman en consideración la experiencia e información local.
Es indispensable aterrizarlas al nivel de ciudad, distrito, colonia, calle y cuadra; entender la dinámica delictiva en cada zona, hacer el análisis delictivo correspondiente y definir políticas de seguridad, de prevención, sociales, urbanas y demográficas a partir de un enfoque más integral.
Pero, ¿cómo comparar la inseguridad entre ciudades? ¿Cómo saber qué medidas funcionan y qué no? Porque hay que decirlo, seguimos sin tener la fórmula mágica para resolver la inseguridad. Hay todavía un factor azaroso que no terminamos de entender. ¿De qué forma podemos diseñar un instrumento de medición integral que nos permita medir efectos de las políticas de seguridad? ¿Cómo poder medir la actividad delictiva de forma más completa y no sólo homicidios, secuestros y robos de forma separada como si no estuvieran interrelacionados?
Una opción largamente utilizada por gobiernos, centros de investigación y organizaciones internacionales es la de construir índices delictivos. Por eso, la consultoría en seguridad ONPartners ha estado trabajando en la construcción de un Índice Delictivo Metropolitano (IDM-2015), que considera las averiguaciones previas registradas en el SESNSP de homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y robo violento de vehículo, casa habitación y negocio; estos seis delitos concentran el 84.2 % de los delitos en el país. Puede consultarse el reporte completo aquí.
Como puede observarse, los primeros diez lugares del índice son ocupados por zonas metropolitanas en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Morelos y la ZM del Valle de México[3]. Por ejemplo, si se efectuaran medidas concretas de contención y prevención de estos delitos en las primeras 20 o 30 ciudades del índice y reducir en un 20% los delitos anualmente podríamos experimentar un descenso considerable en la incidencia delictiva a nivel nacional.
En el pasado se han hecho algunos intentos para construir índices similares. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública hace un ranking con las principales ciudades del país utilizando al homicidio doloso como indicador de violencia delictiva. Hace algunos años, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) produjo el Índice Nacional de Inseguridad (INIS) que utilizaba tres indicadores: incidencia delictiva, delitos con arma de fuego y homicidios dolosos, todos por cada 100 mil habitantes, para medir la inseguridad a nivel estatal; sin embargo, este índice sólo se hizo un año y no volvió a realizarse. También el CIDAC desarrolló una suerte de índice delictivo a nivel estatal, a partir de la percepción de gravedad de los delitos en la población, así como su afectación en la población. Todos han sido intentos por aproximarse al problema que no han podido permanecer en el tiempo.
No obstante, algunos de estos índices usan un nivel de agregación demasiado amplio (estado), y otros se basan en una sola variable (homicidio) para rankear diferentes unidades de medida. En el caso de este último es metodológicamente adecuado cuando se trata de comparar entre ciudades de diferentes países, pero deja fuera mucha información delictiva que afecta la vida, el patrimonio y la conducta de las personas. Continuar con el enfoque reduccionista de basarnos únicamente en los homicidios como único indicador confiable de seguridad nos está afectando para poder desarrollar una perspectiva más integral en el diseño de las políticas públicas. Tenemos más de 10 años persiguiendo las manchas rojas y no mucho más que eso.
De ahí que sería deseable construir un indicador compuesto con los delitos denominados de “alto impacto” y, a partir de éste, medir y comparar la inseguridad en las principales ciudades del país. La aproximación se hace a partir de las zonas metropolitanas porque es ahí donde (teóricamente) mejor se puede impactar y reducir de forma más efectiva la inseguridad y violencia en el país.
A nivel internacional, Canadá es quizá el ejemplo más avanzado en el uso de índices delictivos para entender el fenómeno delictivo y diseñar políticas de combate y prevención. Desde hace años, el Departamento de Estadística del gobierno canadiense desarrolla índices y modelos multivariados para comparar y clasificar según delitos a territorios, provincias y ciudades.
Como señala, Roberto Newell, los índices delictivos pueden ser muy útiles para agregar información y ser un instrumento más preciso que guíe las políticas públicas, pero sin duda hay que tener cuidado en los temas metodológicos y las posibles distorsiones que pudieran generar (tema que abordaré con detalle en otro momento), pero al final es preferible contar con ellos. No hay duda de que numerosos organismos internacionales y nacionales los usan para definir políticas. Desde el Banco Mundial, World Justice Project, Transparencia Internacional, hasta la propia Sedesol/Conapo y el IMCO generan múltiples índices para agregar y medir competitividad, pobreza, transparencia, corrupción y estado de derecho.
Y, entonces, ¿por qué no tenemos o no queremos un índice delictivo a nivel metropolitano en México? ¿Será que los datos son demasiado imprecisos? ¿Es que no confiamos en ellos, pero todo el tiempo los usamos como referencia? ¿Acaso no queremos comparar por el potencial problema político que implica? ¿Es que no hay voluntad política o no es del interés nacional?
Todos sabemos ya que los datos del SESNSP no son los mejores, pero son con lo que contamos actualmente para tener una mediana aproximación a la incidencia delictiva real; además de que estamos conscientes de que muchos de estos delitos tienen cifras negras superiores al 95 %. Hasta que no tengamos acceso a mejores datos, lo que implica mayor confianza en las instituciones de justicia, será realmente complicado avanzar en un mejor análisis de los delitos que eventualmente nos lleve a una mejor comprensión del problema y un diseño más efectivo de las políticas de seguridad. Desde la sociedad civil es necesario empujar la frontera hacia la construcción de una mayor calidad en los indicadores de seguridad, de lo contrario seguiremos atrapados en las ocurrencias mágicas de los ciclos sexenales.
En otras palabras, necesitamos más método y menos ocurrencias…
[1] La lista completa de las zonas metropolitanas utilizadas puede consultarse en el documento que está accesible en esta liga.
[2] En todos estos casos me refiero a las averiguaciones previas registradas por el SESNSP.
[3] Por la complejidad de la ZMVM es necesario hacer un análisis por separado, ya que sólo esta ciudad abarca más de 70 municipios, con una concentración superior a los 20 millones de personas, divididos en tres estados (CDMX, México e Hidalgo), lo que necesita de un análisis detallado de cada municipio que ofreceré en otro momento.