¿Debe haber una política pública federal en materia de movilidad urbana?

Por: Roberto Remes Tello de Meneses*
Me dedico a temas de movilidad y esta pregunta ha salido en más de una ocasión en discusiones de trabajo. Hay quienes de manera férrea defienden la necesidad de que, ante la falta de interés o capacidad de los gobiernos locales, el federal tome la bandera y adopte una política en materia de movilidad urbana. Hay incluso quienes señalan que esta política ya existe desde que el gobierno federal, a través de Banobras, estableció un fondo de financiamiento al transporte público (llamado PROTRAM).

El transporte público es una atribución generalmente estatal en el caso de la mayoría de los estados. Me parece que con la excepción de Baja California, Coahuila, Guanajuato y Quintana Roo, en los otros estados la facultad está reservada al estado y no al municipio. La legislación federal, por el contrario, determina pocas o nulas facultades a la federación para intervenir en este tema, pues por ejemplo, se acota la intervención a “vías generales de comunicación” y éstas terminan siendo las que comunican a dos o más entidades.

Resulta por tanto difícil impulsar una política pública federal en materia de transporte urbano o de movilidad urbana, en tanto que el marco legal limita la participación de la federación. No obstante, y considerando que puede ser un deseo del país contar con una satisfactoria movilidad en todas las ciudades tendría que plantearse algo desde la federación.

Como decía, la existencia de un financiamiento podría interpretarse como la existencia de hecho de una política, bien o mal articulada, en materia de movilidad urbana. Me parece que esto no es precisamente así. Varias secretarías tienen áreas de fomento, o establecen dentro de la normatividad medidas de fomento. Es decir, la federación puede fomentar en los estados la intervención en un tema.

A raíz de que comenzaron a fortalecerse las finanzas estatales y municipales por medio de fondos federales, es decir, a partir de 1997 (Presupuesto de Egresos de 1998) cuando la Cámara de Diputados quedó sin mayoría priista, ocurrió un fenómeno interesante que terminó afectando la movilidad: los estados y sus municipios más grandes invirtieron fuertes sumas de dinero en pasos a desnivel. Una medida federal, por lo tanto, se tradujo en una acción de fomento a la movilidad basada en automóvil. Si eso ocurrió en pro de los puentes, podemos suponer que pase exactamente lo mismo en pro del transporte público.

Una paradoja interesante que vivimos los promotores del transporte público es que mientras un puente obtiene financiamiento sin grandes trámites, los proyectos de transporte público están obligados a demostrar su rentabilidad social y a lidiar con mayores resistencias políticas. Es ahí donde la política de fomento se vuelve importante.

A esto le sumamos otro hecho: la política de vivienda es un éxito si sólo toma en cuenta las viviendas entregadas, pero es un rotundo fracaso al no haberse vinculado con el desarrollo urbano y haber fortalecido la expansión horizontal de las ciudades, y tras de sí, haber dificultado la dotación de transporte público, pues es claro que a menor densidad menor cantidad de pasajeros y por lo tanto, mayor dificultad para dotar de un buen servicio.

Cualquier acción de fomento a la recuperación de las áreas centrales de las ciudades, a la reconversión de zonas industriales en habitacionales antes que impactar otros suelos, termina por ser también una acción de fomento a la movilidad sustentable. Una acción de fomento en materia de transporte público (créditos, financiamiento a estudios, apoyos a fondo perdido, criterios, etc.) termina por incentivar a que las políticas locales en materia de transporte público satisfagan criterios comunes y lo que es más importante, pero a la vez básico, termina por incentivar a que los gobiernos locales cuenten con una política propia en materia de movilidad urbana (algo que evaden, de no ser por unas cuantas frases pomposas en los informes anuales).

Resumo mi punto de vista: yo creo que la federación tiene la responsabilidad de generar políticas de fomento, mas no políticas en materia de movilidad urbana, y que las políticas de fomento deben ser tales que logren que las entidades generen políticas públicas completas en favor de la movilidad urbana sustentable y reviertan la tendencia a construir vialidades elevadas por encima de soluciones de movilidad.

Entre las acciones de fomento que la federación debe realizar en materia de movilidad urbana destaco:

–    Créditos a tasas inferiores a las del mercado
–    Fondos de garantía
–    Apoyo a estudios
–    La realización de una encuesta nacional Origen – Destino en las metrópolis
–    Apoyos a fondo perdido por más del 33% del costo total de proyecto
–    Compras consolidadas de vehículos o tecnologías
–    Asesoría técnica

Asimismo, también esperaría que los fondos federales como el Fondo Metropolitano dejaran de utilizarse para proyectos viales. Esta también sería una acción de fomento, pero en sentido opuesto.

* @GoberRemes es politólogo por la UAM Iztapalapa, maestro en Políticas Públicas por el ITAM, maestro en Administración Pública también por el ITAM y tesista del Doctorado en Economía de la UNAM, con una investigación sobre Economía del Transporte. Ha sido delegado de PROFEPA, director general del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables de SEMARNAT, asesor de la Dirección General de PEMEX y director de Transporte Público del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Actualmente se desempeña como consultor en temas de movilidad.