De Turquía, para México (Parte 2)

“Nada ha cambiado. Nuestro presidente mantiene el discurso “Capulcular” y continúa amenazando a la gente para que regrese a sus casas. Al no hacerlo, todo se convirtió en embates aún más crueles en contra de la gente. Él no me gusta pero tampoco quiero que el país colapse, solamente quiero que el gobierno permita a la gente expresarse, pero no lo hace. Estoy tan triste y asqueado por esto, la gente está muriendo a causa de nada. Aún con toda esta crueldad, la mitad de la gente no quiere verlo y sigue apoyando al gobierno. Entiendo que lo amen, pero uno no debería voltearle la cara a estos abusos. Ellos no tratan de entendernos. No estoy de acuerdo con quienes ven en esto una oportunidad de hacer que todo se colapse, solamente quiero paz y libertad. Estoy cansado y quiero que esto termine, pero el gobierno no parece mostrar piedad. Al escribir esto temo por mí, porque sé que nos vigilan y que la gente es encarcelada por el simple hecho de contar lo que pasa y decir lo que piensa” (Kaan Yurtcanli)

 

En Turquía no hay democracia desde hace semanas. Un dictador dispuesto a todo no descansa por eliminar las protestas, sin importarle que eso signifique restringir los derechos de la mitad del país. Todo lo hace sobre el discurso de la democracia, porque como discurso, ésta siempre puede utilizarse para muchas cosas, hasta para actuar contra ella misma.

Tras veinte días de protestas, Kaan me cuenta cómo la violencia y los abusos del gobierno se han incrementado. El discurso de confrontación y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza continúa y parece no existir una mínima noción de humanidad en el actuar de las autoridades. Se ataca por igual a mujeres, niños y ancianos; se encarcela a los médicos que atienden a los manifestantes y a los periodistas que graban los eventos; se asesina a gente en la calle; se utilizan químicos en los cañones de agua para quemar el cuerpo de los manifestantes; se atacan lugares utilizados para refugiar a los heridos (también hospitales) con gas lacrimógeno; se censura en los medios de comunicación; se amenaza y encarcela a quien utiliza las redes sociales; se cortan las vías de acceso a las zonas de protesta y se barre con ellas, sin importar que participe todo tipo de personas, simplemente ocupando un lugar público.

Desde el inicio de las protestas (ver parte 1 de este artículo), se han registrado numerosos actos de represión. Organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch han documentado desde detenciones arbitrarias hasta ataques directos a heridos en hospitales y clínicas improvisadas (elaboradas por los médicos en las zonas de protesta). En una semana, estos son algunos de los hechos más importantes en torno a la crisis en Turquía:

 

Primera etapa: un triste intento de negociación – 10 a 12 de junio

Erdogan regresó de vacaciones con la intención de finalizar las protestas a como diera lugar. Primero ofreciendo diálogo, luego repartiendo gas lacrimógeno. El Primer Ministro pidió una reunión con los manifestantes. Desde el lunes 10, el gobernador de Estambul, Hüseyin Avni Mutlu, expuso por Twitter que Erdogan estaba listo para sentarse a resolver el problema el miércoles 12. Sin embargo, el martes 11 se dio la orden de “limpiar” la Plaza Taksim. Alrededor de las 7 am, y durante cuatro horas, la policía atacó directamente a manifestantes que hacían cadenas humanas y a otros que los enfrentaban directamente con piedras, palos y bombas molotov. Utilizaron durante todo el día: gas lacrimógeno, cañones de agua y balas de goma.[1] Más tarde, el Primer Ministro criminalizó a los manifestantes, agradeció las acciones policiacas y dijo: “Continuaremos de manera determinante, El Parque Gezi no es una zona de ocupación”.

Después del martes 11, se reportaron enfrentamientos en distintos distritos de Estambul y en otras ciudades como Ankara. Aquí fue la primera vez que se denunció el uso de químicos en el agua de los cañones antidisturbios. Por su parte, Erdogan anunció dos “Rallies” (presentaciones con sus simpatizantes) en Estambul y Ankara, para demostrar el apoyo popular frente a las protestas.

Imágenes del Parque Gezi antes de ser “limpiado” por las autoridades. Fuente: showdiscontent.com

 

Se muestran los ataques a Taksim Square por la mañana, donde se utilizaron las mismas técnicas de represión de los días anteriores. Fuente: Human Rights Watch.

 

Segunda etapa: el desalojo del Parque Gezi – 13 a 16 de junio

Tras ocupar el Parque Gezi, se estableció un grupo representativo denominado “Taksim Solidarity”.[2] Este grupo fue llamado a negociar en una reunión la noche del jueves 13 de junio. Erdogan exigió que desocuparan el parque a cambio de su promesa de respetar la decisión de la Corte en cuanto a la construcción del centro comercial, asegurando que aún si la Corte autorizaba la destrucción del parque, se iría a una segunda instancia por la vía de plebiscito. Tras una serie de deliberaciones entre los “ocupas Gezi”, decidieron que no abandonarían el parque, por ser el símbolo de su protesta.

El sábado 15 de junio, la policía atacó a las personas que ocupaban pacíficamente los campamentos en el Parque Gezi. De nuevo, las balas de goma, los proyectiles de gas lacrimógeno y los cañones con agua se usaron sin discriminación. Antes de iniciar los actos de represión, las autoridades dieron 20 minutos para desalojar el parque, donde se encontraban familias completas. La ocupación del Parque Gezi duró 18 días.

Con la orden de Erdogan para “limpiar” el parque, se dispersó a las personas que lo ocupaban, para atraparlas en el Hotel “Divan” y disparar gas lacrimógeno adentro sin permitirles salir.[3] Así aparecieron las primeras evidencias del uso de químicos para quemar la piel en los cañones de agua. Como respuesta a la brutalidad policial, dos de los principales sindicatos de trabajadores convocaron a una huelga general el lunes 17.

El 15 de junio, las fuerzas de seguridad pública entraron al Hotel “Divan”, cercano a la Plaza Taksim en Estambul, donde bombardearon la entrada con gases lacrimógenos sin importarles que el lugar se usaba como una clínica improvisada y zona de refugio. Fuente: Human Rights Watch.

Al día siguiente se realizaron enfrentamientos en los barrios y calles aledañas al Parque Gezi, donde la policía se encontraba para evitar la entrada de manifestantes. La policía utilizó las armas antimotines de manera directa, disparando proyectiles de gas lacrimógeno directamente a las personas. Esto resultó en un disparo directo a la cabeza de Berkin Elvan, un niño de 14 años en el barrio de Okmeydani, quien según los últimos reportes estaba en estado crítico. Personal de Human Rights Watch intentó acceder a la zona del Parque Gezi al recibir información de que se estaban realizando distintas violaciones a derechos humanos. Sin embargo, no se les permitió la entrada.

El fin de semana, Erdogan realizó los “rallies” donde logró reunir a miles de simpatizantes. Sin embargo, en redes sociales y en distintos testimonios, se denunció que se enviaron mensajes directos a los trabajadores del servicio público que decían que se premiaría a los que asistieran y que se perseguiría legalmente a quienes no lo hicieran.

El primer “rally” de Erdogan, en el que se alegó el acarreo de un número enorme de manifestantes, así como su traslado en camiones al lugar. Fuente: showdiscontent.com

 

Mensajes recibidos por trabajadores del gobierno para recibir a Erdogan a su llegada a Turquía. Se alega el mismo tipo de mensajes para los “rallies”. El mensaje del texto establece que la participación es “obligatoria”, que recibirán una recompensa monetaria por asistir y que se llevarán “acciones legales” en contra de quienes no asistan. Fuente: showdiscontent.com

 

Tercera etapa: la unión de los trabajadores y la amenaza del ejército – 17 y 18 de junio

Tras la celebración de los “rallies”, se registraron algunos enfrentamientos entre manifestantes opositores al gobierno y simpatizantes de éste. El Lunes 17, el Primer Ministro Sustituto, Bulent Arinc, declaró que los gobernadores locales “podrían beneficiarse” de las fuerzas armadas turcas, advirtiendo que si la policía no era suficiente para hacer cesar las protestas, podían declarar un estado de emergencia y desplegar operativos militares para concluirlas.

El mismo lunes, la Confederación de Trabajadores del Sector Público y la Confederación de Sindicatos de Industrias –donde se incluían sindicatos de transporte, construcción, cuidados de salud y medios de comunicación- realizaron la huelga general convocada en días anteriores. Frente a estos actos, las autoridades advirtieron que realizarían las acciones legales correspondientes.

Huelga de trabajadores en apoyo a las protestas. Fuente: LA Times

Las amenazas de usar al ejército fueron casi simultáneas a pronunciamientos de preocupación hechos por líderes de otros países como Alemania, donde la Canciller Angela Merkel dijo que la respuesta de las autoridades no era acorde con la idea de libertad y de ejercicio de la libertad de expresión que ellos tenían.^[4] Ban Ki-moon –Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas- se pronunció de manera similar.

 

El martes 18, en un discurso frente a su partido político Erdogan declaró que: 1) la policía tenía el “derecho inherente” de usar su autoridad y emplear el gas lacrimógeno como lo hacían; 2) existía una conspiración masiva en las protestas, impulsada y planeada por terroristas y traidores, acompañados de los medios de comunicación y grupos extranjeros; 3) la oposición política estaba detrás de las protestas, que eran ilegítimas, y 4) que se fortalecería el uso de la policía frente a los manifestantes y que sus actos estaban respaldados por las mayorías, tal como se había mostrado en sus “rallies”. Como resultado de esta postura, ahora el gobierno trabaja en un proyecto de ley que prohíba el uso de las redes sociales a partir de el uso de “crímenes en Internet”, que se relaciona directamente con las protestas y su organización en redes sociales.

Con todo lo anterior, queda espacio para dos reflexiones que pueden aterrizarse a distintos casos de protesta social, incluido el de México: el de la criminalización de la protesta social y el de la responsabilidad de los mandos jerárquicos por violaciones a derechos humanos.

 

Las formas de protesta, su criminalización y represión

Turquía ha sido un campo de estudio óptimo para ver distintas aristas de la protesta social. Desde el principio fue clara la forma pacífica de las manifestaciones de los activistas en el Parque Gezi, continuando así incluso durante los primeros días en que eran continuamente reprimidos, sin siquiera defenderse. La brutalidad policial ha resultado en un sinnúmero de enfrentamientos en los que los manifestantes se han defendido también utilizando la fuerza, es cierto. Sin embargo, no ha pasado un día sin que decenas de miles de manifestantes salgan a las calles a exigir sus derechos armados de lo único que ni todo el gas lacrimógeno del mundo puede quitarles: su dignidad.

Esto se ha transformado en tipos de protestas que las autoridades no han logrado esconder o criminalizar. Se logró llevar el arte a las calles, como una de las formas más bellas y fuertes de expresión, así como al ingenio y a la fuerza del pacifismo como respuesta a la represión. Dos casos paradigmáticos de estos ejemplos son el de la música de piano en el Parque Gezi y el “Standing man”.[5]

Fuente: showdiscontent.com y CNN.

 

La criminalización de la protesta social permite construir culpables donde no los hay, para facilitar actos autoritarios que lesionan derechos humanos. Cuando un problema social escapa a las autoridades y no logran encontrar cómo resolverlo, los gobiernos antidemocráticos suelen preferir reprimir a aquellos que lograron convertir en “terroristas”, en lugar de cumplir con sus obligaciones y hacer su trabajo. No hay espacio para nada, sólo para “hacer cumplir la ley”; los derechos y las personas quedan fuera.

Desde hace más de una semana, Erdogan ha utilizado a los medios de comunicación para criminalizar a los manifestantes en Turquía, denominándolos primero saqueadores (“Capulcus”) para transformarlos luego en conspiradores y terroristas. Todo esto en construcción de una excusa para hacer uso de la fuerza del Estado y para abrir paso a una posible intervención del ejército; algo así como: “ahí donde hay criminales y saqueadores, tenemos la potestad de utilizar la violencia policial; ahí donde hay terroristas, podemos hacer uso del ejército”. Prueba de esto son las últimas declaraciones del ministro turco de asuntos europeos Egemen Bagis, quien dijo que tras el desalojo del Parque Gezi, quienes volvieran a entrar serían considerados terroristas.

Cuando se pasa a través del proceso de criminalización, los derechos humanos se “confiscan” al grupo de personas que se inserta en el estigma criminalizado. Así, si “alguien” realiza la conducta estigmatizada, por ejemplo, manifestarse, esa persona se vuelve “por default” un criminal. Este tema es importante porque se presenta de manera transversal en casos de protesta social como el de Turquía (al grado de arrestar a una persona por permanecer de pie sin hacer nada más, como acto de protesta),[6] pero esto también sucede en otros países como Brasil o México, donde la manifestación social resulta casi sistemáticamente en el abuso de las autoridades para dispersar las movilizaciones y criminalizar a quienes ejercen el derecho de libertad de expresión y de manifestación, utilizando generalmente a los medios de comunicación.[7]

 

 

La pregunta obligada: ante todo lo sucedido, ¿hay espacio para rectificar?

Turquía es una especie de “cliente frecuente” ante la Corte Europea de Derechos Humanos, donde ha sido encontrada responsable por violaciones a derechos humanos en repetidas ocasiones desde hace años. Recientemente, la Corte Europea determinó que había violado el derecho de reunión por el uso de gas lacrimógeno cerca de un hospital, considerando los actos como desproporcionados e innecesarios.[8] En la actualidad, las acciones de la policía muestran claramente la reiteración en el uso de métodos desproporcionales e innecesarios. Esto, al final de cuentas, debe llevarnos a una reflexión posterior.

En este momento, ¿es posible rectificar? ¿Es probable, primero, que Erdogan decida acatar las protestas e incluso poner en riesgo su gobierno? ¿Se resolvería el problema llegando a un simple acuerdo en torno al Parque Gezi –como lo ha planteado el gobierno-?

Desafortunadamente pareciera que todas estas preguntas se resuelven de manera negativa. Esto hace que el panorama de resolución del conflicto se vuelva gris. Sin embargo, ya hoy podríamos subrayar algo en torno a las acciones de las autoridades. Después de más de 20 días de enfrentamientos, comienzan a verse patrones y conductas sistemáticas y generalizadas de agresiones en contra de la población civil turca. Actos como el asesinato, la persecución por razones políticas y la comisión de actos inhumanos, son considerados por el Derecho Penal Internacional como crímenes de Lesa Humanidad. La relación no es menor; la violación masiva de derechos humanos guarda una relación probable con la comisión de crímenes internacionales que pueden ser atribuidos a los altos mandos de gobierno –incluido Erdogan- bajo criterios de responsabilidad de superior jerárquico.[9]

El abuso de poder debe ser castigado de la manera más enérgica posible, particularmente en contextos de violaciones graves a derechos humanos. Es común que los gobernantes sorteen estos problemas atribuyendo la responsabilidad de estas violaciones a eslabones menores de mando (jefes de policía o mandos medios de seguridad pública, por lo general). Sin embargo, las cadenas de responsabilidad suelen tener la decisión o –por lo menos- el conocimiento de los mandos más altos. Los hechos en Turquía muestran claramente a Erdogan como el mayor responsable de los crímenes en contra de la población. Con tal claridad debería ser castigado, independientemente de su cargo.

Los derechos deben reivindicarse constantemente, sin dejarlos descansar. Se llenan de vida solamente a través del ejercicio que de ellos hacen las personas y se asfixian poco a poco cuando se dejan de usar y de defender. Actos como la protesta social, las manifestaciones, la crítica a las instituciones y a servidores públicos, el desacuerdo y su expresión, son todos derechos humanos en ejercicio, y todos son amparados bajo la idea de la democracia. Sin duda, esto último no gusta a muchos gobernantes, ni en Turquía ni en México. La tentación autoritaria es una constante en la lucha por la democracia. Toca a la sociedad dejar claro a sus gobernantes sus obligaciones de, por y para los derechos que, finalmente, son de todos nosotros.

“De Turquía, para México, en lucha por la libertad”