De Tequila a Juchitán: el poder de las influencias

Arturo Enrique Orozco Vargas*

De los 2,463 municipios con los que cuenta nuestro país, dos de ellos compartieron recientemente el apoyo del gobierno federal gracias a la práctica que conocemos como influyentismo. Aunque los municipios de Tequila, Jalisco, y de Juchitán, Oaxaca, distan entre sí no solamente por su ubicación geográfica, sino también por sus condiciones socioculturales y económicas, coincidieron por un momento en los efectos que traen consigo las influencias de algunos de sus ciudadanos. Las consecuencias de ese influyentismo terminaron con la destitución y encarcelamiento de quienes ejercían la presidencia municipal de estos municipios. 

Aunque la Constitución mexicana establece con claridad que una de las principales funciones del Estado es la seguridad pública encaminada a salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de los ciudadanos, estos dos presidentes municipales realizaban exactamente lo contrario, dejaban de proporcionar esa seguridad para que integrantes del crimen organizado pudieran extorsionar y cometer diversos delitos en contra de quienes en el pasado los habían llevado por el voto popular a ocupar estos cargos.

Seguramente, las actividades delictivas de los grupos del crimen organizado se hubieran mantenido durante meses o años si no fuera por la suerte o las relaciones que habían establecido algunos de sus ciudadanos con las autoridades federales. 

En el caso del municipio de Tequila, las extorsiones eran dirigidas principalmente a nivel empresarial, aunque es posible que también se propagaran a la ciudadanía. La detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, se debió principalmente a las extorsiones en contra de la firma José Cuervo, empresa a la cual presionaba con el cobro desmedido del predial, además de multas ilegales que les imponía. Al igual que esta empresa, ¿cuántas otras compañías nacionales e internacionales que operan en México son extorsionadas con estos mismos mecanismos y otros similares? Surge también la pregunta: ¿desde cuándo había sido extorsionada y si anteriormente había cedido a las extorsiones realizando los pagos que se le exigían? 

Un empresario cercano a la Presidencia de México recibe ayuda de primera mano

Más allá de conocer las condiciones de cobro de piso en contra de esta firma que seguramente llevaban cometiéndose durante un periodo de tiempo considerable, el punto sobre el que me gustaría reflexionar son las circunstancias que le permitieron a sus dueños escapar de esta coacción que se ejercía sobre ellos. De lo que se sabe, es que el líder y heredero de la dinastía tequilera, Juan Domingo Beckman, forma parte del Consejo Asesor de Desarrollo Económico de la actual presidencia. También es conocido que este empresario tiene una estrecha amistad con Andrés y con Gonzalo López Beltrán. Hasta aquí todo hace sentido, al igual que en todo el mundo, los empresarios neoliberales y las personas de los estratos económicos más altos usan las relaciones interpersonales que han cultivado para ejercer sus influencias y solicitar a quién ejerce el poder político la protección que necesitan. En este caso, todo funcionó como se esperaba, el poder de las influencias dio el resultado que se deseaba y desde el Gobierno Federal se detuvo a quien se atrevió a extorsionar a un empresario del que tal vez pensó este presidente municipal que no se atrevería a denunciarlo. Hasta aquí, el final fue el esperado.

Como sucede muy frecuentemente, los empresarios pueden ejercer su poder económico para contar o comprar las influencias que requieren para conseguir la protección necesaria y seguir así con su actividad comercial.

El caso de Juchitán es más revelador e icónico. No solamente porque Juchitán es el municipio en el cual la izquierda ganó por primera vez una elección en 1981, sino también por la organización y participación histórica de la izquierda a través de la la COCEI (Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo) y del Partido Comunista Mexicano. Como es sabido por la difusión mediática que se viralizó, la artista muxe Elvis Guerra diseñó el bordado del vestido que usó la presidenta en la celebración más reciente del Grito de Independencia. Gracias al valor de esta diseñadora, que denunció públicamente los ataques que sufrió inmediatamente después de las fiestas patrias en contra de ella y su familia, se pudo conocer las extorsiones, amenazas y cobro de piso de la que fue objeto. 

Su denuncia no solamente fue individual, se hizo más amplia con su encuentro personal con Claudia Sheinbaum, y se dio a conocer que los delitos que estaba sufriendo, y otros más, tocaban a miles de juchitecos. Gracias a su denuncia pudimos saber que gran parte de esta población, que en años anteriores celebraba la llegada de la izquierda, vive ahora sometida por los secuestros, amenazas, asesinatos y cobro de piso con las que las mismas autoridades asolan a sus propios ciudadanos. 

Lo ocurrido a esta diseñadora responde más a un influyentismo casual que se dio por su recién trabajo hacia la presidenta; sin embargo, muestra el mismo patrón, solamente cuando se tiene un contacto directo y beneplácito por parte de quien ejerce la autoridad, se puede conseguir la protección del Estado.

¿Qué les queda a los empresarios que no tienen cercanía con las autoridades?

Estos dos casos, aunque distintos en sus actores y circunstancias, se unen al demostrar el estado de indefensión que vivimos la mayoría de los ciudadanos en este país cuando no contamos con las influencias necesarias que nos permitan recibir del gobierno la protección que necesitamos para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Particularmente, en el caso de la diseñadora Elvis Guerra, la suerte que tuvo al confeccionar el vestido de la presidenta fue lo que le valió el acceso a la protección que necesitaba en ese preciso momento. En estos casos, la pregunta ineludible es por qué un gobierno que se jacta de estar del lado del pueblo buscando cubrirlo con su manto protector ejerce esta función hasta que el influyentismo de algunos es lo suficientemente fuerte y cercano para obtener resultados. 

Ante ello, ¿qué les queda tanto a los empresarios mexicanos que no tienen cercanía con las actuales autoridades, como a los ciudadanos de cualquier municipio que son extorsionados por sus propios gobernantes? Al igual que los habitantes más pobres y olvidados de Juchitán y de miles de municipios en este país, ¿tendrán algún día la posibilidad de ser escuchados y liberados del lastre del cobro de piso tan extendido en México? 

La señora que vende tamales en una esquina, el bolero que va al día consiguiendo el dinero necesario para sobrellevar los gastos cotidianos, el albañil que va de obra en obra buscando chamba, los campesinos o pescadores que viven en comunidades apartadas y casi incomunicadas y millones de mexicanos más ¿conseguirán algún día las influencias que se necesitan para recurrir a una autoridad que los voltee a ver? 

Más allá de la demagogia que presume el gobierno con respecto a la protección que dice brindar, estos dos casos exponen el nivel de abandono e indefensión que padece la inmensa mayoría de la población en México. Interesante será conocer el siguiente caso en el cual el influyentismo sea la principal razón para obtener protección y justicia por parte del Estado.♦ 

*Arturo Enrique Orozco Vargas es académico, investigador y catedrático adscrito a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Es doctor en Investigación en Psicología y Educación.