Redacción Animal Político · 13 de abril de 2023
El 11 de abril de 2023 se llevó a cabo el segundo foro, de al menos siete programados, del Parlamento Abierto convocado por las comisiones de ciencia y de educación de la Cámara de Diputados para discutir la iniciativa de Ley de ciencia, humanidades, tecnología e innovación presentada por el Ejecutivo Federal.
Los ejercicios de Parlamento Abierto no son un foro cualquiera. No son un espacio para hace catarsis o expresar consignas en una secuencia de monólogos. Son una herramienta democrática, que no solo sirve para escuchar sino también para ofrecer insumos para mejorar las iniciativas de ley y para enriquecer el trabajo legislativo. Para que éste sea un ejercicio real, la discusión de las iniciativas que se haga en la Cámara de Diputados tendrá que considerar y deliberar sobre las propuestas y las preocupaciones que se han expresado en los dos foros ya realizados y en los foros siguientes. Es indispensable que este ejercicio de Parlamento Abierto cumpla con esos estándares, y no se trate de un foro solo para cubrir el expediente y acelerar la aprobación sin cambios de la propuesta. El Parlamento Abierto debe servir efectivamente para que haya un debate pausado, inteligente, alejado de las consignas prefabricadas y las descalificaciones simplonas.
En particular, y sobre eso versaron algunas de las intervenciones del segundo foro, es indispensable especificar con cuidado los instrumentos de la política científica. La política pública no se hace con principios abstractos y propósitos genéricos sino con instrumentos específicos. Y por eso es crucial que la ley los defina: la certeza sobre reglas no discrecionales, la garantía de recursos suficientes, los derechos laborales de quienes se dedican a esta actividad, el fortalecimiento y la autonomía real de los Centros Públicos de Investigación, la representación de la comunidad científica, con voz y voto, en los órganos de decisión de la política científica, los derechos del estudiantado y su involucramiento en la vida de sus instituciones, nuevas plazas para jóvenes investigadores, y el papel central de las entidades federativas y los municipios, con capacidad de decisión y representación efectiva y con la posibilidad de desarrollar sus propias políticas, como corresponde a un sistema federal.
En una democracia, la autoridad científica no impone, facilita; no pretende controlar, sino que apoya las decisiones de investigación tomadas desde la libertad académica. En efecto, los instrumentos de una política bien diseñada buscarían generar el entorno para que las y los investigadores tengan las condiciones para hacer su trabajo; para que las agendas de investigación, los métodos y las técnicas la enseñanza se definan en espacios académicos y con criterios académicos. Esa es la investigación –la rigurosa, original, innovadora– que tiene más probabilidad de contribuir al desarrollo del país, no la que solo le dice al poder lo que quiere oír.
En otras palabras, dirigir la política científica no significa que desde el poder se le dice a las y los investigadores qué se debe investigar y qué no, que se financien unos temas y se veten otros, o que se le diga a las y los jóvenes que si no estudian los problemas definidos como prioritarios por el gobierno en turno, no habrá becas ni recursos.
Ya hay intentos por concluir apresuradamente los foros y dictaminar, sin discusión, la iniciativa. Desde un sano escepticismo y con el respeto que merece el trabajo legislativo, debe alertarnos a todos que haya habido no pocas voces (muchas de funcionarios públicos designados por Conacyt) que han sugerido que no debe moverse una sola coma, pues todo ha sido ya discutido, aunque olvidan un dato crucial: esas discusiones han sido fuera del espacio legislativo. Y, en lugar de deliberar sobre las preocupaciones legítimamente expresadas en un foro convocado justo para eso, se busca presentar cualquier crítica a la iniciativa de ley o cualquier desacuerdo con Conacyt como una defensa de privilegios indecibles, una vuelta al pasado o un desprecio por el interés público, en un ejercicio de caricaturización y descalificación de la comunidad científica.
No existe la ley perfecta, y tampoco una iniciativa que no pueda ser mejorada. Las diputadas y los diputados de todas las fracciones parlamentarias deben tener, estoy seguro, ideas para fortalecer la política científica y robustecer sus instrumentos. Es su responsabilidad mejorar la propuesta y los foros han ofrecido buenas ideas para corregir errores patentes. Las comisiones deben honrar su compromiso de realizar al menos siete foros y, más aún, deben activar un proceso de discusión legislativa que se haga cargo de las insuficiencias de la iniciativa y llene los huecos sobre los instrumentos de la política pública.
México necesita una buena ley. La comunidad científica requiere certeza y claridad normativa. El derecho al conocimiento científico incluido en la constitución requiere una política bien diseñada.
El Conacyt es una pieza crucial del entramado institucional, pero no es la única voz: las academias nacionales, los colectivos de investigadores, las comunidades de los Centros Públicos de Investigación, la iniciativa privada, las universidades y los tecnológicos, y también los estudiantes de posgrado, los becarios en México y en el extranjero y los jóvenes con vocación científica han buscado ser escuchados. Merecen ser escuchados y considerados.