¿De qué mueren los jóvenes en México? El caso de Ricardo Mizael y la estructura del juvenicidio

¿De qué mueren los jóvenes en este país? Esa fue la pregunta que me hice hace años, cuando intentaba comprender la turbulencia en el paisaje mexicano: el modo en que los cuerpos jóvenes comenzaron a aparecer como residuos de una guerra que nadie declaró formalmente, pero que se ejerce con puntualidad devastadora. ¿De qué mueren los jóvenes en México?

Mueren por bala.
Mueren por desaparición.
Mueren por sospecha.
Mueren por estar en el lugar equivocado.
Mueren porque su vida ha sido colocada en el margen de lo protegible.

Ricardo Mizael tenía 15 años. Salió de su casa en Culiacán para comprar un biberón y alimento para unos gatos que había rescatado. No volvía de una fiesta. No escapaba de una persecución. No estaba armado. Iba a una farmacia. Lo asesinaron a balazos en plena mañana.

En un país anestesiado por la repetición, el dato podría diluirse en la estadística. Pero el nombre propio obliga a detenernos. Ricardo no es un número más en la contabilidad de homicidios dolosos. Es la expresión concreta de lo que he llamado juvenicidio: la producción sistemática de condiciones que hacen posible —y administrable— la muerte de jóvenes.

Las cifras parecen frías. Y lo son. Pero no son abstractas. Una proporción significativa de las víctimas de homicidio en México tiene entre 15 y 29 años. Estados como Sinaloa han registrado repuntes que superan el promedio nacional, consolidando un patrón donde la juventud se posiciona como uno de los grupos más expuestos a la letalidad. No se trata de hechos aislados. Existe un entramado estructural de desigualdades, impunidad y normalización de la violencia que coloca a las vidas jóvenes en situación de vulnerabilidad ampliada.

El dato no sustituye al nombre propio. Lo explica. Ricardo no murió por azar. Su asesinato se inscribe en un patrón que lleva años consolidándose: la exposición sistemática de los cuerpos jóvenes a una violencia que opera con impunidad y que encuentra, además, una narrativa dispuesta a relativizarla.

En la casa, la mañana no parecía distinta. Ricardo salió con la naturalidad de quien vuelve pronto. Iba por un biberón pequeño y alimento para unos gatos recién nacidos. Su padrastro estaba trabajando. Era una escena doméstica, ordinaria. Después vino la llamada.

La familia ha insistido en que Ricardo no tenía vínculo alguno con actividades ilícitas. Era estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Practicaba baloncesto. Tenía amigos. Tenía rutina. La violencia no irrumpió en un territorio “de riesgo”; irrumpió en la normalidad.

En el México contemporáneo, cuando un joven es asesinado, la conversación pública no comienza preguntando quién disparó, sino qué hacía ahí. La sospecha antecede al hecho. Se indaga la biografía de la víctima antes que la responsabilidad del agresor.

Esa es la sospecha estructural: un régimen cultural y político donde la juventud —especialmente la masculina y popular— es leída como potencialmente culpable antes incluso de ser reconocida como víctima. El joven asesinado carga con la exigencia de probar, incluso después de muerto, que merecía vivir.

El juvenicidio no es únicamente el disparo que termina con una vida. Es también el clima social que acepta que ciertas vidas jóvenes están siempre a prueba. Hay un biberón que no se compró. El objeto es mínimo. No es símbolo grandilocuente. Era un gesto de cuidado. En el mismo espacio donde ese gesto ocurría, su propia vida fue considerada prescindible.

Un país se define también por aquello que considera intolerable. Si la muerte de sus jóvenes se vuelve parte del paisaje, la turbulencia ya no es excepción: es estructura.

La pregunta permanece abierta, no como consigna sino como diagnóstico: ¿De qué mueren los jóvenes en México?
Mueren cuando su vida deja de ser incuestionable.