blogeditor · 25 de junio de 2022
Desde que imaginamos CEA Justicia Social la pensamos como una organización que trabajara para que todas las personas y comunidades afectadas por el abuso del sistema penal gocen de justicia social al tener acceso a sus derechos y habitar espacios incluyentes y pacíficos en México.
Es decir, concebimos nuestra organización como un espacio participativo e incluyente donde defendemos los derechos de las personas que han estado en contacto con el sistema penal.
Este decálogo muestra cuales son nuestras coordenadas políticas, sociales y éticas cuando hablamos de reinserción social.
1. No es un proceso individual, es colectivo y comunitario
Los procesos de reinserción social no se tratan de segundas oportunidades y de acciones aisladas. Tampoco se trata solamente de lograr que una persona que estuvo en prisión no vuelva a delinquir. Cada persona que llega a un centro penitenciario no solo tiene una historia de violencia o de inseguridad previa. Comparte las herencias del barrio que habita y por lo general, históricamente sujeto a la criminalización y discriminación social. Si éste no cambia y se transforma en un espacio incluyente y pacífico difícilmente quien lo vive pueda cambiar su rumbo por uno alejado de actividades ilícitas si sigue habitándolo.
Por eso, creemos que el corazón de las políticas de reinserción debe partir de que el Estado se responsabilice y actúe a partir de comprender las causas que llevan a las personas a cometer delitos, pues en la gran mayoría de los casos, quienes cometen algún ilícito no se les garantizaron sus derechos más básicos; además es necesario restituir los derechos no solo de las personas que estuvieron en prisión sino de los lugares y las comunidades de donde provienen y a donde retornan.
2. Las políticas de mano dura nunca han disminuido (ni disminuirán) la incidencia delictiva
El daño que nos ha causado la agenda punitiva y de castigo va más allá de las personas que están en prisión. Atraviesa todos los eslabones del sistema penal y entre otras graves consecuencias en los que una persona puede ser privada de su libertad. Nos referimos a aquellos que están en una estación migratoria, a las personas que se encuentran en un hospital psiquiátrico, o bien establecimientos especializados para las atenciones de personas con consumo problemático de sustancias y más. Todas ellas en el momento que sean liberadas necesitan un acompañamiento para reincorporarse a las dinámicas de las personas que se encuentran libres. Por eso, no basta con lograr que la reinserción social sea integral, necesitamos desterrar la idea de que una política con penas de prisión más severas resolverá nuestros problemas de inseguridad, debemos agruparnos para eliminar este tipo de políticas y lograr que quienes las han sufrido hasta este momento logren un acompañamiento integral desde una perspectiva de inserción social.
3. Las personas en prisión y la pobreza, hermanas siamesas. La mayoría de la población que se encuentra privada de la libertad está en situación de pobreza
Cualquier política de reinserción social que no ponga en el centro esta problemática únicamente está buscando generar “buenos pobres” que acepten condiciones de vida precarias sin volver a delinquir y no en ampliar las posiblidades de vida digna que tengan.
Un ejemplo es que la gran mayoría de las iniciativas que observamos sobre reinserción social se enmarcan o provienen en la idea de que los ofensores no tenía un trabajo. No es así, más del 70% de las personas que cometen un delito contaban con un trabajo antes de entrar a prisión. Pretendemos que nuestros esfuerzos se concentren en contruibuir a la disminución de las grandes desigualdades y los altos niveles de pobreza que tiene nuestro país.
4. La cárcel y las políticas de reinserción social tienen impactos diferenciados entre las distintas poblaciones
Si algo sabemos de los centros penitenciarios es que están llenos de personas que se encuentran en distintas situaciones de vulnerabilidad. Hemos aprendido que las mujeres, las personas LGBT+, jóvenes en la gran mayoría de los casos, se encuentran en prisión por falta de acceso a la justicia y/o criminalización, por medidas desproporcionadas y al salir les es mucho más dificil retomar sus proyectos de vida, regresar a sus lugares o de origen. La gran mayoría de las políticas de reinserción social no toma en cuenta estas condiciones, por lo que pretendemos poner al centro de nuestras acciones las voces de estas poblaciones y desde ahí construir de manera una nueva forma de resolver sus problemáticas.
5. La garantía y respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad no están a consulta
Una de las consecuencias graves que tiene la política punitiva o bien, el pensar que las políticas de reinserción social tienen como único fin la no reincidencia es que invisibiliza los derechos de las personas o comunidades que se encuentran en conflicto con la ley. Trabajamos con una perspectiva de restitución de derechos porque creemos en que la principal forma para incluir a esta población es que el Estado reconozca y garantice sus derechos.
De ahí que impulsemos agendas como el derecho a la identidad o los derechos políticos o la participación cívica. Al ser reconocidas como ciudadanas activas generamos herramientas para disminuir la exclusión de esta población y cambiamos la lógica de exclusión por una de participación y ciudadanía activa donde son sujetos activos en la construcción de propuestas para la transformación positiva de sus entornos.
6. Sin ofensores no hay nuevas víctimas
El reto es lograr incidir en causas sociales más amplias. No hay forma de avanzar en una agenda que pretenda restituir los derechos de las personas que han tocado el sistema penal si no logramos involucrar a quienes defienden otros derechos. En la medida en que visibilicemos las problemáticas, necesidades y demandas de las personas que han cometido delitos contribuiremos a que la gran cantidad de víctimas que hay en nuestro país se reduzca, además de que el castigo y la cárcel deje de ser la única alternativa para la seguridad y la prevención del delito.
7. Pensar la prisión fuera de la prisión
Romantizar las prisiones, creer que existen cárceles modelo solo ha generado más centros penitenciarios. No existe una prisión ideal, no existe un preso perfecto. Por el contrario cuando una persona llegó a prisión el principal responsable no solo es quien comete el delito sino el propio Estado al no garantizarles plenamente sus derechos y no diseñar políticas de prevención del delito eficaces. Debemos aspirar a ver los hechos delicitivos como responsabilidades compartidas para que su regreso a sociedad, a sus comunidades sea bajo el entendido de que todas las personas fallamos y no bajo la premisa jerárquica de darles una segunda oportunidad.
8. No se tiene que ser la causa para defenderla
Para que los procesos de defensa y restitución de derechos funcionen la gran tarea es allanar el camino para lograr que las voces que resuenen sean las de la población con la que trabajamos y no las nuestras.
9. La reinserción social (restitución de derechos) de personas que han tocado el sistema penal le corresponde al Estado, no a la sociedad
El sistema penitenciario no está diseñado para evitar que las personas que salen de la cárcel no regresen. Por ello, el impacto social de la vivencia carcelaria agudiza las condiciones de vulnerabilidad de las personas y propicia su regreso. Es decir, toda la responsabilidad y los ojos del Estado estan puestos en quien viola la ley pero el Estado se vuelve omiso en el momento que una persona termina su sentencia. La misión de las organizaciones deberá estar enfocada en que las instituciones cuenten con una visión de derechos humanos y en que las personas cuenten con la información necesaria para exigir que se les respeten y garanticen y no en que estas organizaciones sustituyan las labores básicas del propio Estado.
10. Las políticas públicas y el presupuesto por la reinserción social (con perspectiva de restitución de derechos) es la madre de las batallas
Actualmente no contamos con una política pública de reinserción enfocada en la población que toca el sistema penal. Por ello, una de las demandas más sentidas de la población que ha estado en prisión es que se generen las condiciones necesarias para que puedan retomar su vida dignamente una vez que salen de un centro penitenciario habiendo cumplido su sentencia. El gran reto es que existan estas políticas y que se destine presupuesto para ello. Es lograr revertir la forma en que se utiliza actualmente el presupuesto, de tal manera que éste se centre en medidas de reinserción con perspectiva de derechos y no solo de seguridad.