De periodismo, élites y libertad de expresión: excepción y regla

El reciente despido de Carmen Aristegui de MVS Radio ha reavivado la discusión en torno a la libertad de expresión en nuestro país. Los derechos que no pueden verificarse no existen. La libertad de expresión se verifica a medias. Por un lado una élite periodística con libertad editorial y, por el otro, una mayoría de reporteros cuya libertad está opacada por la violencia contra la prensa. ¿Será que los primeros ganen con la pérdida de los segundos?

Después de varios años trabajando para ARTICLE 19, esta ocasión me ha tocado leer el informe anual sobre violencia contra la prensa con la cercanía suficiente para entender la magnitud del trabajo detrás del mismo, pero con la distancia adecuada para reflexionar sobre lo que nos dice en el contexto actual y (afortunadamente) sin la presión de imaginar la frase más “catchy” para los medios. La información que nos presenta la organización es desoladora: durante el sexenio de Enrique Peña Nieto las agresiones en contra de la prensa han entrado en una etapa de aceleración; si en el sexenio de Calderón cada 48.1 horas se agredía a un periodista, en el actual es cada 26.4. La sombra del silencio parece ir de prisa.

[contextly_sidebar id=”q27vBlqbLV27EUk04Qa0zTz20tL8pLD6″]Durante los primeros dos años del retorno del PRI al poder (2012-2014) han sido asesinados 10 periodistas. Pongamos esta cifra en perspectiva con los datos que ofrece el CPJ, en Sudán del Sur, uno de los países más violentos del continente africano: en ese mismo periodo, 1 periodista fue asesinado; apenas 2 en Israel y la zona ocupada de Palestina, 3 en Colombia y ninguno en Venezuela. En los peores años de la guerra de Bosnia (1993-94) fueron asesinados 11 periodistas. En México se agrava la situación si agregamos los 4 periodistas desaparecidos en estos años. Y se ve temible si sumamos las demás agresiones ocurridas en 2014: 142 agresiones físicas, 53 casos de intimidación, 45 detenciones arbitrarias, 44 amenazas, 14 casos de hostigamiento judicial y un periodista encarcelado en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo -Pedro Canché- quien escribe cartas desde prisión y sus presidiarios discuten por quitarle lápiz y papel.

Hace un par de semanas, en su columna del periódico Excélsior, Yuriria Sierra celebraba la libertad de los periodistas en México, libertad que, según ella, les alcanzaba para pelearse sanamente, “Sin duda, el hecho de que periodistas debatamos o incluso nos ‘agarremos de la greña’ es síntoma de madurez democrática”. Se refería, claro está, a la élite periodística que nada tiene que ver con la situación actual de la prensa en México; una mirada a las primeras planas de los diarios tras la presentación de las cifras, confirma lo que digo: ni Reforma ni Excélsior ni Milenio ni El Universal ni La Jornada dedicaron espacio en sus portadas para consignar el informe de ARTICLE 19. No imagino alguna democracia que ignore el hecho de que 4.8 de cada 10 agresiones sea perpetrada por un funcionario público o que todos los casos están impunes o que basta dormirnos para que otro periodista sea agredido. A nuestros medios les ha parecido irrelevante.

Hay que decirlo: esos periodistas han disfrazado derechos de privilegio. Es desde el privilegio que le hablan al poder y no a sus audiencias. Su tamaño es mínimo –imaginemos que en un sólo día atacan a 326 periodistas simultáneamente, incluyendo a quienes tienen libertad editorial: el silencio, o el boletín. Son la excepción. La regla, en términos del libertad de prensa en México, se encuentra en la violación constante de derechos, en la explotación laboral y en ponderar el boletín sobre la nota (visión promovida por dueños de medios que hacen todo menos periodismo). A costa de la voz de los poco solidarios “excepcionales”, la violencia contra la prensa puede ir de prisa impunemente.

@antoniomarvel