De norte a sur, de este a oeste, la lucha por buenas designaciones en México
blogeditor · 14 de julio de 2022
El Informe Latinobarómetro 2021 1 refiere que la confianza ciudadana hacia los Congresos, partidos políticos y gobiernos llega al 20% en promedio, en México es del 22 por ciento. Una cifra bajísima, pues la gran mayoría de las personas entrevistadas considera que se gobierna para los intereses de unas/unos pocos. Ejemplos hay muchos, pero quiero llamar la atención sobre las designaciones a altas responsabilidades públicas. Sí, aquellas decisiones que toman por lo regular los Congresos o Poderes Ejecutivos 2 para definir quién o quiénes asumen importantes encomiendas en el servicio público.
Mauricio Merino 3 señala que la captura de lo público además de “la manipulación de las reglas del juego y de las instituciones para provecho de unos cuantos, es también la designación de los cercanos en los cargos principales”.
Así, mediante las designaciones públicas, los Congresos y/o Poderes Ejecutivos intervienen –sin chistar–en el rumbo de las instituciones con consecuencias que contravienen la garantía de los derechos humanos y los controles democráticos, pues en lugar de que cumplan de manera adecuada con su mandato y sirvan para ampliar derechos, su labor dista –en muchos casos– de lo deseado. Esto se explica porque generalmente los procesos de designación se caracterizan por la premura, la opacidad y la discrecionalidad, donde las más de las veces se confirman perfiles cercanos con los gobiernos en turno.
Desafortunadamente los casos que ilustran lo anterior sobran y no son solo de exclusividad del ámbito federal. Cada vez y con mayor frecuencia se visibilizan las malas prácticas que permean los procesos de designación en los estados del país. De manera ilustrativa se mencionan los siguientes: desde hace más de un año el Congreso de Tlaxcala no ha designado a la persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en medio de un proceso sumamente cuestionado; en Chihuahua diversas organizaciones señalaron la ilegalidad de la designación de la Fiscal Especializada en materia Anticorrupción, al realizarse por la gobernadora y ser facultad del Congreso; 4 en Jalisco ha habido mucho revuelo por la intención del Congreso de eliminar el examen de conocimientos para la presidencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales; en Morelos las y los diputados del Congreso del estado, pese a asumir un compromiso público por designaciones abiertas, han intentado realizar procesos fast track. 5 Para mal, la lista puede ser interminable.
Desde el Observatorio de Designaciones Públicas hemos contabilizado que a nivel estatal transcurren aproximadamente mil 294 6 designaciones, que sumadas a los 125 procesos federales, estamos hablando de un universo de mil 419 “cargos públicos” 7 –que es mayor a la mitad de los 2,452 municipios del país y poco más de dos veces del número de integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión– que generalmente no pasan el rasero de los estándares internacionales de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e idoneidad bajo los cuales se tendrían que dar, lo cual nos parece que tendría que ser un escándalo mayúsculo.
Estamos hablando de malas prácticas en las designaciones públicas de manera sistémica que no pueden y o no deberían seguirse presentando. Por ello, desde Designaciones hemos subrayado la urgencia de avanzar en una propuesta de política pública en la materia 8 que nos permita darle un sentido distinto al ejercicio público, a estas decisiones que nos afectan a todas y todos, y permita que en todos los rincones de este país las designaciones públicas respondan al interés general y no al de unas o unos cuantos. ¡De norte a sur, de este a oeste, la lucha por buenas designaciones!
#SinCuotasNiCuates
#PerfilesIdóneosYa
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), iniciativa promovida por Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19.
2 Dentro del universo priorizado por el Observatorio de Designaciones Públicas de 19 instituciones federales, también interviene en algunos casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero son los menos. Ver aquí.
3 Merino, Mauricio, “La captura de los puestos públicos” en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, septiembre/diciembre de 2010, disponible aquí.
6 Datos aproximados tomando como base las instituciones que tienen su símil a nivel estatal sobre el universo de las 19 instituciones federales priorizadas.
7 Desde el Observatorio de Designaciones Públicos utilizamos el término de “altas responsabilidades públicas”, al apegarse al marco de derechos humanos y referir a las obligaciones de los Estados.