De Nixon a Peña Nieto

Es un completo escándalo que un contratista beneficiado ostensiblemente por el gobierno –y cuyo negocio principal no es la de edificar viviendas en zonas lujosas ni dar préstamos hipotecarios– sea dueño de la casa en la que vivirá el presidente de la república una vez finalizado su mandato (¡Hola!, mayo, 2013) y que la propiedad del inmueble será de su esposa una vez concluidos los pagos convenidos a plazos. Confirmado por la Presidencia de la República, el expediente de la “Casa Blanca” (llamada así por el color del inmueble) puede ser la tumba política del presidente Enrique Peña Nieto. Alguien ya caminó los mismos pasos por los mismos días.

El impecable trabajo del equipo de Aristegui Noticias (en especial Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán), ha dejado al descubierto el déficit de decencia de quien ocupa el más alto cargo de servicio público en el país. El presidente no advierte el enorme conflicto de interés en el que se involucró al permitir que un miembro de su círculo más íntimo aceptara privilegios indebidos por parte de contratistas del gobierno como, por ejemplo, acceder a un terreno y una casa a su entero gusto en una de las zonas más exclusivas del país. ¿La ciudadana Angélica Rivera recibiría los tratos preferenciales que le han dispensado de no ser esposa del entonces gobernador y ahora presidente de la república? ¿Ocurriría lo mismo con el ciudadano Enrique Peña Nieto de no ocupar tan influyentes puestos públicos?

Ante la oleada de contratos derivados de las reformas que se supone moverán a México, diversas voces cuestionan la autoridad moral con la que el Presidente puede frenar actos de corrupción cuando es ejemplo vivo de la pérdida de la dimensión que separa al interés personal de la autoridad conferida por un puesto público. Ante tal pérdida de legitimidad, la renuncia del presidente es una obligada posibilidad.

Esa opción no es ajena a la democracia ni a los sistemas presidencialistas. En el caso más emblemático, Richard Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos en 1974 debido a las acciones coordinadas desde la Casa Blanca (la otra) con el propósito de espiar las oficinas del Partido Demócrata en el complejo Watergate en Washington, D.C. Al buscar encubrir los delitos ahí cometidos, incurrió en abuso de autoridad y obstrucción de la justicia. La cámara baja del congreso estadounidense así lo determinó en un juicio político para destituir al presidente. En lo que inició como una impecable investigación periodística y antes de que el expediente pasara al senado, Nixon puso fin a su mandato.

En su famosa entrevista a Richard Nixon, el periodista (Sir) David Frost desnudó las causas de la debacle presidencial. En voz del entrevistado, Nixon se reveló como alguien que se percibe por encima de la ley. En un célebre pasaje, Frost preguntó si en ciertas situaciones el presidente puede decidir que está en el interés de la nación hacer algo ilegal, a lo que Nixon respondió, “cuando el presidente lo hace, significa que no es ilegal”.

En la misma entrevista, Nixon lamentó que “algo tan pequeño se convirtiera en algo tan grande” y que el hecho de cubrir los delitos cometidos lo llevaron a decir “cosas que no fueron verdaderas”. Al “defender a mis amigos”, “al no investigar el caso” y con “la más alta responsabilidad de ver que las leyes en Estados Unidos se cumplan”, simplemente “no cumplí con esa responsabilidad”, admitió, y por eso renunció a la presidencia. Ante ello, se apenó de haber decepcionado a sus amigos, al país, al “sistema de gobierno y los sueños de todos los jóvenes que buscan entrar al gobierno y piensan que todo está corrupto”, por lo que, sentenció, “mi vida política está acabada”.

Finalmente, Nixon dio razón de que si bien “técnicamente no cometí ningún crimen –una ofensa de juicio político”, al final del día, “esos son legalismos [pues] en tanto al manejo de este asunto se refiere, fue una total ruina: hice demasiados errores de juicio”. En suma, declaró que no fue víctima de una conspiración o un complot, sino que él mismo provocó su caída: “les di una espada” y la oposición la aprovechó.

En suma, derivado de la entrevista, es claro que Nixon no cayó por el delito de espionaje en sí, sino por los errores de juicio y por toda la operación de encubrimiento que por omisión (alegaría el presidente) o por comisión (diría el Congreso) el presidente cometió en el manejo del escándalo.

En el caso mexicano, como bien apunta Jorge Romero León, la “Casa Blanca” puede constituir un delito de cohecho cometido por “el servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y [el] que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan […], para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones”.

¿La oposición aprovechará la “espada” que Peña Nieto les ha presentado y promoverá una investigación seria e independiente en el Congreso que determine si se configura o no el delito de cohecho? ¿Los medios de comunicación empujarán el caso hasta sus últimas consecuencias? ¿El presidente mexicano aprenderá de su homólogo estadounidense y caerá en cuenta de que negar la realidad y encubrirla puede resultarle más costoso?

Ante la corrupción generalizada, a México le urge encontrar un sentido del honor. Para que ello ocurra, es indispensable que la sociedad civil tenga una voz potente para provocar un estado de vergüenza y ridículo en aquellos a quienes su corrupción pasa de largo. Al mismo tiempo se requiere una “agenda de la vergüenza” que implique quitar el fuero a todos los funcionarios, obligar a la publicidad de sus declaraciones patrimoniales y de impuestos incluyendo las de sus familiares independientemente de su régimen matrimonial. A ello deben seguir explicaciones del origen de sus recursos, de los potenciales conflictos de interés y castigo ejemplar al enriquecimiento ilícito e inexplicable.

Watergate y Mansiongate nacen de delitos diferentes. Su manejo hasta ahora ha sido similar y las consecuencias pueden ser parecidas. Veremos.

 

@albertoserdan