De Ministros y Magistrados Presidentes. Parte 1

Sin duda, la democracia no se agota solamente en las formalidades de una elección; que se respeten las reglas es apenas el piso —no el techo— de la legitimidad de un proceso en el que deben cuidarse también los contenidos, los perfiles, la independencia y la autonomía en las y los candidatos. Democrático es un sistema donde hay pesos y contrapesos, donde los intereses particulares armonizan frente a la esfera pública y donde las instituciones del estado y sus servidores públicos son garantes de que así ocurra. La democracia debe inocular a una sociedad para protegerla del dominio de los intereses particulares, de los dictadores y también de los caudillos.

Todo ello a propósito de la proximidad de la elección de quienes ocuparan las sillas que dejan vacantes los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de quien presidirá el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal una vez concluida la actual gestión de Edgar Elías Azar. Me ocupo en esta serie de discutir estos temas cuya relevancia es insoslayable en un contexto de descrédito institucional, nombramientos a modo y conflictos de interés como el que desde hace tiempo enmarca la realidad institucional en nuestro país.

Comienzo por lo que ha sido nota en los últimos días en la ciudad de México y que, según observo, ha tenido poco análisis: la posibilidad de que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal busque reelegirse otra vez al frente de esa institución para un periodo más. Y es que, más allá de la figura de Edgar Elías Azar, a quien respeto como persona y de quien he recibido siempre un trato amable e institucional, la cuestión radica en reflexionar sobre lo que implica en democracia su candidatura para un tercer periodo al frente del poder judicial local.

Según sus propias declaraciones, su principal motivación tiene que ver con los pendientes que dejaría inconclusos para el Tribunal: la implementación del sistema penal acusatorio y la Ciudad Judicial. También ha dicho que sesenta y un miembros del pleno dieron su visto bueno en una sesión de este órgano para que se postulara.

Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre estos y otros argumentos que plantearían una posibilidad distinta.

Por una parte, hacer bien el trabajo al frente de una institución pública es obligación de su titular, y hacerlo en el periodo para el que dicho titular fue designado o electo es parte de esa obligación. Como es claro, las instituciones no se construyen en poco tiempo y por ello, proyectar líneas de acción que trasciendan el mandato tiene que ver con coyunturas que imponen obligaciones mas allá de la planeación y que exigen continuidad en las administraciones que sucederán.

Las instituciones no son patrimonio de sus titulares y por ello, pensar que sólo quien inició determinados proyectos puede concluirlos es, por lo menos cuestionable; esos proyectos ciertamente no son propios, no responden, o no deben responder al interés particular de quien los pone en marcha, sino al interés público que los justifica.

En el caso que nos ocupa, tanto la reforma penal como la Ciudad Judicial son proyectos públicos que se realizan con dinero público y que tienen que ver con la obligación constitucional de garantizar el acceso a la justicia de habitantes y transeúntes del Distrito Federal. Si, por la razón que sea, esos u otros proyectos no pudieron concluirse en el periodo legal del titular, su obligación se agota en asentar en los libros blancos el estado en el que deja los proyectos, los pendientes inmediatos y de largo plazo, así como las consecuencias en caso de no atenderlos. De este modo, quien llegue sabrá donde tomar la estafeta y los pros y contras de dar o no continuidad a esos proyectos.

Desde luego, ello implica también aceptar que la institución no es patrimonio de su titular, y que, por excelente que haya sido su gestión —que ya dijimos, es su obligación— otras ciudadanas y ciudadanos son capaces también de llevarla con éxito. En síntesis, ese argumento del magistrado presidente —que podríamos llamar el argumento de la buena administración— debería caer en el momento en el que otro u otra candidata, que debe haberlos varios en el Tribunal, demuestre que puede llevar la institución, y con ella también esos proyectos públicos, a buen puerto.

Queda para una siguiente entrega el tema de los sesenta y un magistrados que dieron su anuencia para que al actual Magistrado Presidente presente su candidatura por un periodo más, pero de entrada considero que esa anuencia nunca debió ser solicitada, en caso de que haya sido a petición del Magistrado Presidente, o bien aceptada por este último, si la iniciativa provino de parte, o aun de todo el pleno. Desmontado el argumento de la buena administración, no encuentro ninguna razón que sea válida para que alguien busque o acepte continuar en el cargo, especialmente bajo las condiciones en las que el actual Magistrado Presidente se reeligió en el pasado y dada la naturaleza misma de la elección en el seno del Tribunal.

@LGlzPlacencia