De la rebelión en la granja al concierto de inconstitucionalidades

En un spot de 2016 AMLO se refirió al futuro triunfo de su movimiento como una rebelión en la granja; una rebelión que terminaría con la corrupción y la violencia, y que traería consigo bienestar y prosperidad. La alegoría es problemática porque la referencia a La rebelión en la granja de George Orwell (1945) no apela a la construcción de un mundo más justo. Por el contrario, quienes recuerden la novela reconocerán que la historia trata sobre la consolidación de un régimen político injusto, provocado por el cinismo sin límites de sus líderes.

En la novela, el cinismo y corrupción de los líderes (cerdos) de la rebelión en la granja termina por eliminar las 7 reglas que eran la constitución de los animales libres e iguales. Al final queda sólo una última regla pervertida: “Todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros”. La novela tiene una dimensión política práctica que debería llamar nuestra atención en estos momentos. El veneno que mata las nociones democráticas básicas de igualdad y justicia no es la hipocresía política abstracta sino el acto específico y concreto de ignorar las reglas o hacerlas a modo, porque permite el imperio de la arbitrariedad sobre la ley, del capricho sobre las instituciones, y hace que unas personas sean más iguales que otras.

En 2020, las promesas de rebelión de AMLO parecen llevarnos exactamente a la muerte de la legalidad como en el relato de Orwell, abriendo la puerta para, y justificando, los excesos del poder estatal. En la Suprema Corte vemos tambalearse la separación de poderes, no solamente con una #MinistraContratista sino con el exceso de un #MinistroLegislador, quien hace meses ató su destino y gloria política en una alianza para la reforma del sistema judicial con aval del Ejecutivo. Es un exceso que los militares sean policías, constructores, garantes del comercio exterior, vendedores de boletos de lotería, reforestadores, y repartidores de libros de texto. El gobierno en la CDMX se excede al pretender dictar cómo debe ser una protesta y quien puede protestar legítimamente, en lugar de garantizar un derecho. Es un exceso que la Suprema Corte y su ministro presidente avalen, obedeciendo los dictados del Ejecutivo, someter la ley a consulta; también es un exceso que pretendan no discutir el acuerdo militarista del Presidente. El exceso último se perfila en la consolidación de unas instituciones al servicio de ese grupo de personas, militares, políticos y propagandistas que, como los cerdos de Orwell, siguen siendo “más iguales que otros”, y están al servicio del Presidente y su partido.

El problema de la rebelión en la granja de Andrés Manuel no es la traición a ningún ideal abstracto, sino que desde su oficina presidencial salgan “conciertos de inconstitucionalidades” que ningún político con vocación democrática debería permitirse. El problema es el objetivo práctico de doblegar la institucionalidad y las reglas del juego democrático: separación de poderes, un gobierno limitado por derechos, y el imperio de la ley. Sin límites legales ni políticos, desde la oficina de presidencia se preparan pócimas de alquimia jurídica para justificar que los militares actúen en formas contrarias a lo previsto en la constitución y los tratados internacionales, también se giran instrucciones al legislativo para eliminar los fideicomisos con los que se protegen derechos de periodistas y defensoras de DDHH. Lo lamentable es que estos embates hayan trastocado tan contundentemente el último bastión de contrapeso democrático que representaba la Suprema Corte.

Sin embargo, es cierto que frente a algunas injusticias el camino de las instituciones y la legalidad son insuficientes. Tanto así que no dejan otra salida que buscar en la rebeldía y la protesta alternativas políticas al problema de la justicia torcida por el poder. No obstante, el recurso a la rebeldía de activistas, víctimas y ciudadanas está fundado en derechos que nos permiten (dan poder para) confrontar los excesos del poder estatal. Al final, los derechos no son otra cosa que límites y obligaciones legales impuestas sobre el Estado. A diferencia de activistas y víctimas que ejercen derechos cuando protestan, la rebeldía del Estado es injustificada y no puede sino expresarse en un atentado contra las instituciones que limitan su poder, incluidos los derechos humanos. La rebeldía es un derecho ciudadano, no una prerrogativa soberana. El Estado que atenta contra la legalidad le está apostando a escapar del control social que le impone una ciudadanía rebelde. Este gobierno que juega a ser activista y rebelde no está sirviendo a nadie más que a sí mismo; por ejemplo, rehaciendo la ley para, con discrecionalidad, reasignar los recursos a los que tienen derecho las víctimas (ciudadanas), y apuntalar con recursos adicionales el trabajo inconstitucional de policía que se le ha encomendado a las fuerzas armadas (Estado). Así como en la novela de Orwell, estamos asistiendo al desfile de la arbitrariedad, acompañado de un concierto de inconstitucionalidades. En esto no hay nada de rebeldía, es todo una apuesta de dominación.

* Rodolfo Franco (@francopolis) es Subdirector de Programa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH).