De la norma a la nada: el uso de la fuerza policial

En México, el uso de la fuerza por parte de la policía sigue siendo un tema pendiente. Sobre el papel, desde 2019 existe una Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que debería guiar a los cuerpos de seguridad, establecer reglas claras y garantizar que cada intervención respete los derechos humanos. Pero en la práctica esa ley casi no se aplica. Lo que domina en las calles es la improvisación, la falta de preparación y, sobre todo, la ausencia de supervisión.

El problema arranca desde la formación policial. La Ley exige que cada policía aprenda a escalar sus intervenciones de forma gradual: empezar con la persuasión verbal, pasar por técnicas de control físico, usar armas incapacitantes en casos necesarios y dejar como último recurso la fuerza letal. En teoría, se trata de un modelo pensado para evitar abusos. Sin embargo, en la mayoría de los estados el entrenamiento sobre estos temas es superficial o inexistente. Investigaciones de Causa en Común i revelan que solo 11 policías estatales tienen protocolos de uso de la fuerza, y únicamente la Ciudad de México e Hidalgo cuentan con manuales de técnicas específicas. En el resto, los agentes operan con lo mínimo: apenas referencias generales a la Ley, sin guías claras sobre cómo actuar en situaciones críticas.

La falta de actualización empeora el panorama. Un policía puede enfrentarse a diario con conflictos que se complican en segundos, pero en lugar de recibir entrenamientos constantes, pasa años sin volver a tocar el tema. Según el mismo índice, solo Baja California Sur tiene un programa de evaluación del uso de la fuerza que sirve para diagnosticar cómo actúan sus elementos. El resto de los estados no mide nada. No se aprende de los errores, no se ajustan los programas de capacitación y los agentes siguen enfrentando los mismos dilemas con los mismos vacíos.

Las prácticas de tiro son otro ejemplo claro. Apenas Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero e Hidalgo tienen reglas sobre cada cuánto deben practicarlas, y únicamente Hidalgo y Sinaloa establecen un estándar de cartuchos que deben disparar. Esto quiere decir que hay policías que tiran al blanco una vez al año, otros cada dos años y algunos sin periodicidad definida. Es imposible esperar respuestas profesionales si las habilidades básicas, como saber usar un arma con precisión, se entrenan de manera tan desigual. La disparidad es tan grande que la seguridad de los propios policías y de los ciudadanos queda en entredicho.

La supervisión es prácticamente nula. La ley obliga a que cada uso de la fuerza quede documentado en reportes pormenorizados y a que las instituciones publiquen un informe anual con esa información. En la realidad, ninguna policía estatal lo hace. Solo 14 corporaciones entregaron ejemplos de reportes y apenas cuatro —Baja California, Michoacán, Querétaro y Tabasco— dieron información parcial de lo que debería ser un informe anual exhaustivo. El resto se limita a ignorar la obligación. Así no hay manera de saber cuántas veces se usa la fuerza, en qué circunstancias ni con qué resultados. Sin datos, no hay diagnóstico. Y sin diagnóstico, no hay mejora posible.

Esta falta de reglas claras y de rendición de cuentas tiene un costo social enorme. Cada abuso policial erosiona la confianza en las instituciones de seguridad. Cuando la gente percibe que la policía actúa de forma arbitraria o violenta, se rompe el vínculo de cooperación del que dependen funciones como la investigación y la inteligencia. Los ciudadanos desconfían, los policías se sienten rechazados, y el trabajo cotidiano de prevención y atención se vuelve más difícil. El resultado es un círculo vicioso: la policía no mejora porque no recibe retroalimentación ni supervisión, y la ciudadanía se distancia porque desconfía.

El problema no se limita a la capacitación. El informe también muestra carencias materiales. Muchas corporaciones carecen de equipo no letal, como armas incapacitantes, o de vehículos y chalecos adecuados. Esto no solo pone en riesgo a los policías, sino que además les deja menos alternativas para actuar con proporcionalidad. Cuando las únicas herramientas disponibles son un arma de fuego y la fuerza física, el margen para intervenir de manera responsable se reduce al mínimo.

A todo esto se suma la apuesta creciente por la militarización. En lugar de profesionalizar a las policías civiles, el Estado ha preferido delegar tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas. Pero los hallazgos del índice son claros: la carencia no está en las leyes, sino en su aplicación. La militarización no resuelve los vacíos de capacitación, supervisión y transparencia; al contrario, los oculta bajo una lógica distinta, pensada para el combate y no para la proximidad social que debería guiar a una policía.

Lo que hoy vemos es una distancia enorme entre la ley y la realidad. México tiene un marco normativo avanzado, pero en los hechos la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza es letra muerta en buena parte del país. Para que deje de serlo, hacen falta tres cosas básicas: capacitación constante y de calidad, supervisión real de lo que ocurre en las calles y sanciones efectivas cuando la ley se incumple.

Sin esos cambios, los abusos seguirán acumulándose, la desconfianza ciudadana crecerá y la promesa de una policía capaz de actuar con proporcionalidad y respeto a los derechos humanos seguirá siendo solo eso: una promesa incumplida.

i Los hallazgos aludidos a lo largo del presente texto forman parte de una actualización del Índice de Transparencia Policial elaborado por Causa en Común, a publicarse el próximo 22 de septiembre.