De la COVID-19 y la trata de personas

El 30 de julio conmemoraremos el Día Mundial contra la Trata de Personas y, una vez más, el número de víctimas de este delito habrá aumentado con respecto a las del año anterior. De acuerdo con el reporte de 2020 sobre trata de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se estima que 25 millones de personas se encuentran en condiciones de esclavitud moderna, es decir, 100 mil personas más que las reportadas en 2019.

Para dimensionar el alcance esto, recordemos que 25 millones de personas es el número de la población total de Australia. Es la suma de los habitantes de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda y Costa Rica juntos. 25 millones de personas es prácticamente el equivalente a que cada mujer, cada hombre, cada niña y niño que viven en la Ciudad de México y el Estado de México vivieran en condiciones equiparables a la esclavitud. Con estas cifras en mente no resulta sorprendente saber que la trata de personas es la tercera actividad ilícita más redituable en el mundo, solo superada por el tráfico de drogas y de armas.

Desgraciadamente no tenemos razones para pensar que el próximo año el número de víctimas de este delito disminuirá; por el contrario, hay varios motivos que nos permiten anticipar que las cifras totales de víctimas de trata en 2020 crecerán con respecto a las de 2019. Si bien la explicación a este crecimiento será multifactorial, un elemento que seguramente será decisivo en esto es la pandemia de COVID-19, ya que los impactos que esta tendrá en las economías y mercados laborales contribuirán para colocar en una situación de gran vulnerabilidad a miles de personas en el mundo entero.

De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), como consecuencia de la pandemia de COVID-19, el equivalente a 305 millones de trabajos de tiempo completo se han perdido en lo que va del año. En el caso de México, el INEGI estima que esa cifra supera los 12 millones, a lo cual se debe sumar las miles de personas que han sido deportadas de Estados Unidos a nuestro país en los últimos meses (incluyendo mexicanas y extranjeras), quienes previsiblemente no cuentan con empleos o empleos formales.

Cabe recordar que si bien la prostitución forzada es la manifestación más conocida de la trata de personas, la explotación sexual no es el único fin con el que se comete este delito. Otras manifestaciones menos conocidas —aunque no poco recurrentes— son el trabajo (lícito e ilítico) forzado, el tráfico de órganos, la servidumbre por deudas, la mendicidad y el matrimonio forzados, entre otros. Y precisamente quienes corren un riesgo mayor de convertirse en víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos como la trata de personas, son quienes se encuentran ya en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, las y los migrantes, desplazados forzados internos y las personas retornadas y deportadas. Esto, puesto que ya que el no contar con información suficiente ni con alternativas de empleo dignas, puede orilladas a “aceptar” trabajos y tratos donde serán explotados y abusados.

La consecuencia evidente de la falta de adopción de políticas sociales robustas que apoyen a quienes han perdido sus empleos o se encuentran de manera irregular en el territorio es la reducción en sus ingresos económicos. Sin embargo, en un país como México, donde existen niveles de desigualdad alarmantes, donde más del 40% de la población vive en condiciones de pobreza y más de la mitad trabaja de manera informal, una reducción en los recursos económicos y en el acceso a programas sociales significa poner en riesgo algo más que el simple poder adquisitivo de los individuos; significa poner en riesgo su dignidad y sus derechos humanos más básicos.

No toda la trata y explotación de personas comienzan con golpes y amenazas. Muchas veces los tratantes no tienen que recurrir a la fuerza para captar a sus víctimas. Lo más importante que un tratante necesita para poder controlar a otra persona es que ésta se encuentren en una situación vulnerable, sin redes de apoyo y sin instituciones y leyes fuertes que la protejan. Con estas condiciones, el tratante tendrá los elementos suficientes para manejar a las víctimas sin tener que ejercer violencia abierta en su contra.

Por ello, en estos tiempos más que nunca, es necesario que la lucha contra la trata de personas se haga con un enfoque preventivo, que se adopten políticas sociales que apoyen los ingresos en gran escala para trabajadores en situación vulnerable y sus familias; que se amplíe el acceso a esquemas de financiamiento social; que se fortalezcan las inspecciones laborales; que se ofrezcan apoyos sociales y protección a las personas en situación migratoria irregular —principalmente a las niñas y niños no acompañados—. En una frase: se requiere que el Estado garantice que ningún ser humano, sin importar su edad, sexo o nacionalidad, se verá obligado a aceptar condiciones o trabajos donde su dignidad será dañada.

@CMDPDH