De autodefensas, paramilitares y proxies

Por: Roberto Arnaud (@RobitoRobotes)

Era un secreto a voces que las fuerzas de seguridad del estado colaboraban con los grupos paramilitares de manera tácita. Sobre el tema la opinión pública estaba dividida: algunos advertían los riesgos de tolerar las operaciones de grupos armados ilegales; otros creían que la situación no era óptima, pero podría ser útil para contener la violencia. Bajo el auspicio del estado los grupos paramilitares se expandieron hacia varias regiones rurales y se convirtieron en las autoridades de facto en estas localidades.

No hablo de México, esto ocurrió en Colombia hace algunos años.

Las sospechas de que las fuerzas de seguridad colombianas y los paramilitares mantenían vínculos informales fueron confirmadas años después gracias a la desclasificación de documentos de inteligencia del gobierno estadounidense, a investigaciones en medios masivos y a un largo proceso judicial. Por ejemplo, se supo que durante 1992 y 1993 mandos de la Policía Nacional establecieron contactos con un grupo paramilitar llamado “Los Pepes” —de “Perseguidos por Pablo Escobar”— para intercambiar información sobre el paradero de Escobar. Se reveló también que en algunos casos la Policía Nacional había tolerado secuestros y ejecuciones de personas cercanas al capo. El fin justificaba los medios, pues.

[contextly_sidebar id=”18bbb36d9bb45594b495c2db06688d97″]La cooperación entre las fuerzas de seguridad colombianas y grupos paramilitares no concluyó con el fin de los grandes cárteles a finales de la década de los noventas, pues durante el conflicto contra las guerrillas esta relación siguió dando frutos. Un incidente emblemático ocurrió en el verano de 1999, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia —el mayor grupo paramilitar del país— irrumpieron en las localidades de La Gabarra y Tibú para eliminar a los guerrilleros que operaban en el área. Los enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares se prolongaron por tres meses y produjeron cerca de 150 muertos; las fuerzas armadas, desplegadas a pocos kilómetros de estas localidades, no intervinieron. Los mandos militares justificaron la ausencia argumentando que su prioridad era combatir a las guerrillas, no a los paramilitares. La realidad era que las fuerzas armadas mantenían una alianza implícita con los paramilitares, quienes hacían el trabajo sucio para evitar que el registro de violaciones a derechos humanos por parte de elementos militares siguiera en aumento. En pocas palabras, los grupos paramilitares se convirtieron en un proxy de las fuerzas armadas.

Insisto, hablo de Colombia.

Los casos anteriores merecen ser documentados y analizados, pues ofrecen una perspectiva única sobre los escenarios o situaciones de riesgo que podrían presentarse en nuestro país si el estado mantiene una posición pragmática o inconsistente frente al fenómeno de las autodefensas. A partir de esto describo cuatro escenarios que, si se presentan, agudizarían la crisis de seguridad en Michoacán y quizás en otros puntos del país.

1. Una primera situación de riesgo consiste en que aunque el objetivo de recuperar territorios en poder de Los Caballeros Templarios lo comparten el estado y las autodefensas, no se sabe con claridad si estas últimas están ligadas a grupos criminales, insurgentes o de otra índole. Esto significa que cuando el objetivo común sea cumplido, las autodefensas seguramente buscarán otra justificación para seguir operando, la cual podría no estar alineada con los intereses del estado.
2. Otro escenario de riesgo es que el aparente “éxito” de las autodefensas en contener la inseguridad en zonas rurales puede incentivar el surgimiento de más grupos paramilitares, lo cual incrementaría la percepción de que en varias zonas del país el estado se mantiene ausente.
3. Una tercera situación se presentaría en caso de un enfrentamiento violento entre autodefensas y crimen organizado. En este contexto, ¿las fuerzas del estado intervendrán contra las autodefensas, contra los criminales, contra los dos, o se mantendrán al margen? Aquí cualquier decisión que tome el estado generaría altos costos, ya sea por tomar partido a favor de un grupo armado ilegal  —sea de origen civil o criminal—, por atacar a ciudadanos que supuestamente actúan en legítima defensa, o por omisión.
4. Finalmente, el desarme y la desmovilización de paramilitares son procesos complejos y lentos, sobre todo cuando se trata de grupos paramilitares con amplio apoyo social y las capacidades de las instituciones locales de seguridad son escasas —como es el caso de Michoacán. En esta situación es probable que la población favorezca la permanencia de las autodefensas sobre las desacreditadas fuerzas del estado e incluso obstaculice sus operaciones.

A estas alturas de la crisis la opción más viable no es suprimir a las autodefensas, sino ofrecerles un acomodo institucional que sirva para regular sus interacciones con el estado. La historia nos muestra que la indefinición del estado colombiano frente al fenómeno de las autodefensas generó costos inmensos. Desgraciadamente en México estamos siguiendo un camino similar.

* Roberto Arnaud es consultor en seguridad nacional, análisis estratégico y crimen organizado.