Datos de política antidrogas en México frente a la nueva transparencia

Durante 2024, el Congreso aprobó una serie de reformas que modifican sustancialmente el andamiaje institucional para el acceso a la información en México, pues contemplaron la desaparición de órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), transfiriendo sus funciones a dependencias del gobierno federal bajo el argumento de ahorrar recursos y agilizar procesos.

No obstante, esta reforma representó un golpe directo a los mecanismos que nos habían garantizado el acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas. En un país con crisis de violencia, corrupción e impunidad, el derecho al acceso a la información pública es una herramienta clave de observación y participación ciudadana. De hecho, el INAI jugó un papel fundamental al obligar a instituciones tan opacas como las Fuerzas Armadas a entregar información clave; por ejemplo, sobre la política de drogas.

El 20 de marzo de 2025 se aprobó y publicó la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En MUCD se realizó un análisis a esta reforma, en el que se identificó que la nueva ley prioriza los intereses del Estado por sobre el derecho al acceso a la información. Por ejemplo, la Ley General exime a diversas instituciones federales en materia de seguridad -incluidas las Fuerzas Armadas- de someter a sus Comités de Transparencia las decisiones sobre la clasificación de la información, otorgando esta facultad directamente a las personas titulares de dichas dependencias.

Los datos lo confirman: de acuerdo con Transparencia para el Pueblo —órgano que inició operaciones el pasado 12 de mayo en sustitución al INAI—, en los primeros siete meses de funcionamiento se admitieron 1,980 recursos de acceso a la información. Sin embargo, sólo el 23 % fueron resueltos y, dentro de estos, el 86 % resultó en la negativa de la información solicitada. Estas cifras muestran cómo las modificaciones no fortalecen el derecho, sino que lo restringen.

Pero, volviendo al tema particular de acceso a una agenda poco explorada públicamente (las políticas antidrogas), resulta que la relevancia del acceso a la información los últimos años ha sido innegable, pues el INAI fue pieza clave para que la sociedad civil, la academia y los medios pudieran conocer y analizar los datos del tema generados por instituciones castrenses. Gracias a ello, fue posible evidenciar los alcances y limitaciones de las políticas de acciones antidrogas implementadas desde 2006 -cuando se adoptó una estrategia de militarización en el combate a las droga-, a la fecha. En un contexto donde la narrativa oficial ha estado marcada por la discrecionalidad, la posibilidad de acceder a datos verificables es indispensable para entender qué funciona, qué no, y cuáles son los costos humanos y sociales de dichas políticas.

Un ejemplo concreto de lo que está en juego es el Micrositio de Datos Abiertos sobre Acciones Antidrogas de MUCD (DASAA), de México Unido Contra la Delincuencia, cuyo objetivo es monitorear las políticas antidrogas implementadas por el Estado. Desde 2020, con este proyecto hemos sistematizado datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de la Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de cartografiar los aseguramientos y las destrucciones de sustancias. Este ejercicio nos permitió, por ejemplo, identificar patrones territoriales y evaluar su relación con fenómenos como los homicidios.

Los datos también nos permitieron señalar que, pese a que la narrativa antidrogas ha estado marcada por la supuesta necesidad de aprobar mayor despliegue de elementos militares en el territorio, los números muestran que esa mayor cantidad de soldados en las calles no resultó en una mayor cantidad de drogas aseguradas, una actividad constantemente presentada por el gobierno como fundamental en el “combate” contra el narcotráfico, si bien es cierto que los aseguramientos y destrucción de sustancias no son indicadores definitivos sobre la efectividad de la política de drogas debido a la complejidad del fenómeno.

DASAA demuestra que los datos abiertos no son un lujo, sino una herramienta indispensable para la evaluación ciudadana del actuar institucional. Sin embargo, en 2025 el proyecto enfrenta obstáculos. Desde febrero de este año, ¹ seguimos a la espera de que la GN entregue información que en años anteriores compartía en formatos abiertos y procesables (solicitud 332259825000272). Hasta ahora, esta Fuerza Armada sólo ha emitido un PDF con ligas sin datos verificables. Del mismo modo, la SEMAR entregó información en dos archivos PDF (solicitud 330026625000275), incumpliendo el principio de accesibilidad y limitando seriamente su análisis.

Estas respuestas no sólo retrasan la actualización de DASAA, sino que son una muestra de cómo se vulnera directamente el derecho de acceso a la información pública y restringen la posibilidad de que la ciudadanía evalúe las acciones antidrogas en un marco en el que las impugnaciones en transparencia ya no son aceptadas, como expusimos más arriba. El problema, entonces, no es únicamente de retrasos u omisiones administrativas, sino de un debilitamiento estructural de los mecanismos que garantizan la transparencia y la rendición de cuentas en áreas críticas para la seguridad.

La experiencia previa en DASAA confirma que cuando las instituciones cumplen con sus obligaciones de transparencia -obligados por el extinto INAI-, es posible realizar evaluaciones basadas en evidencia y señalar áreas de mejora en las políticas públicas. La apertura de datos permite, además, confrontar narrativas oficiales con hechos verificables y exigir cambios que contribuyan a un México más seguro y democrático.

Para garantizar una verdadera rendición de cuentas, es indispensable que las instituciones de seguridad adopten estándares de datos abiertos que aseguren su disponibilidad en formatos editables, estructurados y reutilizables, pero también que existan mecanismos de impugnación efectivos.

Esto debe ir acompañado de mecanismos claros de supervisión y sanciones efectivas ante incumplimientos, de modo que la transparencia no dependa de la buena voluntad institucional, sino que sea una obligación verificable y constante.

Por lo menos desde MUCD buscaremos concretar la entrega de información por las autoridades castrenses para seguir analizando el alcance que tienen las acciones antidrogas en la seguridad del país.

 

¹ De este ejercicio de transparencia destacamos la respuesta oportuna de la SEDENA, que en marzo entregó la información solicitada (330026425000535) en un formato abierto y procesable.