Redacción Animal Político · 27 de diciembre de 2023
Cada persona que interactúa con algún sitio en internet o red social está transfiriendo datos a quien nos provee de un servicio o contenido virtual. Ya sean datos que no nos hagan identificables como nuestra ubicación geográfica, dirección de IP, o bien datos personales básicos que ya nos identifican como nuestro nombre, sexo, edad o fecha y lugar de nacimiento, así como datos que nos caracterizan y permiten a otros perfilarnos usando nuestros “likes” o “me gusta”, identificar nuestra red de “amigos” o “seguidores” y recopilar todo el contenido que visualizamos, publicamos, compartimos o buscamos.
Todos los anteriores son datos e información que, de ser procesada, permite a los anunciantes conocer nuestros círculos de amigos, rasgos de personalidad, gustos e incluso ideología y preferencias políticas y, con ello, “perfilarnos” en determinadas categorías para dirigir anuncios de todo tipo, incluso político-electorales.
En México las y los actores políticos aún utilizan medios tradicionales para llegar a la ciudadanía como propaganda en radio y televisión pautada por el Instituto Nacional Electoral. También emplean medios impresos, anuncios espectaculares y algunos otros visuales que, si son colocados en infraestructura pública, pueden acarrear alguna responsabilidad. En estos casos, la propaganda se dirige a toda la ciudadanía sin segmentarla de manera sofisticada.
En los últimos quince años vivimos la transición de la propaganda político electoral hacia medios de comunicación más específicos y efectivos para los partidos y actores políticos. Se estima que en México “más de la mitad de la publicidad se está dirigiendo hacia canales digitales”. Aunque existen muchos proveedores de publicidad o propaganda en plataformas digitales, “Google y Meta acaparan el 82.4% de la publicidad digital en México”, no obstante, también mencionaremos algunos puntos sobre X (antes Twitter) y TikTok.
La empresa Meta, titular de las plataformas Facebook e Instagram, dos redes sociales con una gran difusión en México, permite anuncios “sobre temas sociales, elecciones o política” fundada en la libertad de expresión de las personas y los anunciantes.
Meta reconoce que se puede “influir en la forma en que las personas piensan sobre un tema (ayudándolas a cambiar de opinión o a reforzar su punto de vista) o, incluso, incidir en la manera de actuar de las personas (cambiando el comportamiento de compra, los destinatarios de sus donaciones y, lo más importante, por quién votan), lo que puede repercutir en resultados del mundo real, como las elecciones”.
Según las políticas publicitarias publicadas por Google Ads, la propaganda política publicada a través de dicha plataforma está sujeta a revisión en diferentes regiones tales como Argentina, Australia, Brasil, Chile, Unión Europea, India, Israel, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Taiwán, Reino Unido o Estados Unidos. Como se aprecia, la propaganda política de México no está sujeta a revisión en dicha plataforma.
Aunque su participación en el mercado es menor, la plataforma X (antes Twitter) sí permite en México anuncios de contenido de carácter político y campañas políticas pagadas y, para ello, segmenta anuncios usando información de los usuarios como la ubicación, la edad, el género, los intereses y palabras clave, las audiencias personalizadas y los usuarios similares a los seguidores.
La plataforma de entretenimiento TikTok, en su sitio oficial expresamente permite que sus usuarios compartan contenidos políticos, pero rechaza anuncios políticos pagados.
Hoy sabemos con claridad que estamos siendo expuestos a publicidad política digital que usa nuestros datos personales y estas prácticas deben ser reguladas, no de manera voluntaria, ni por razones de mercado; tampoco puede ser una decisión unilateral basada en la “buena voluntad” de las plataformas digitales. Más bien, las reglas a las que se sujete deben ser diseñadas, de manera autónoma, por el Estado mexicano.
Existen otros retos o áreas de oportunidad que deben ser atendidos en el ámbito digital pero que rebasan, por mucho, la extensión de nuestra colaboración. Conductas en las que está involucrado el uso indebido de datos personales que trasciende a la afectación de derechos como las libertades de expresión, prensa, opinión, el acceso a la información, entre otros, que pueden traducirse en conductas de riesgo o de resultado como la afectación a la intimidad, a la privacidad, al interés superior de la infancia o la adolescencia, la imagen, la identidad, o la propia seguridad o integridad personal en conductas como noticias falsas, desinformación, extorsión, usurpación de identidad, robo o secuestro o proliferación, sin autorización de información íntima o personal, comercialización ilegal de datos, lenguaje de odio, usurpación de identidad o violencia policía contra las mujeres en razón de género, entre otras.
El uso de la inteligencia artificial representa uno de los mayores retos de nuestros tiempos, ya que, como toda herramienta, bien puede facilitar el procesamiento de información y la obtención de resultados inmediatos tanto en los ámbitos público y privado; sin embargo, su empleo con fines de manipulación o de vulneración a derechos fundamentales o principios constitucionales, es un ámbito en el que todas las instituciones del estado mexicano deben poner especial atención con la finalidad de evitar daños irreversibles. La prevención y la toma de acciones legislativas o de cualquier otra índole, debe ser una de las prioridades que permitan garantizar una sana convivencia.
En esta dinámica, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la instancia ideal para hacer que las plataformas digitales cumplan con las reglas que fije el Estado mexicano en materia de propaganda político electoral cuando impliquen el uso de nuestros datos personales, claro está, sin invadir competencias del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
* Luis Espíndola Morales (@luisespindolam) es magistrado presidente interino de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (@TEPJF_Esp). Cristina Viridiana Álvarez González (@viri_alg) es secretaria de estudio y cuenta. Heriberto Sanabria Pedraza es secretario particular.